El Supremo estudia aceptar la entrega de Puigdemont por una malversación castigada con hasta 12 años de cárcel
Malestar en el alto tribunal porque la justicia alemana haya entrado a valorar sin tener pruebas el fondo de los delitos que se atribuyen al expresidente
El Tribunal Supremo se inclina por evitar cualquier recurso ante la justicia alemana y traer a España en cuanto haya luz verde al expresidente Carles Puigdemont por una malversación agravada de caudales públicos que está castigada con hasta 12 años de cárcel, según fuentes del alto tribunal español. Hay malestar en el Supremo por la decisión de Alemania. El tribunal español ve inexplicable que una instancia judicial de segundo orden en ese país (equivalente a una audiencia provincial española) haya entrado a valorar sin tener las pruebas directas si los hechos que el juez Pablo Llarena atribuye a Puigdemont constituyen un delito de rebelión y limite en este caso el juicio al delito de malversación.
Entiende el Supremo que el tribunal alemán, de acuerdo con los postulados de la euroorden, basada en el principio de confianza mutua entre los jueces europeos, debió limitarse a verificar si los hechos descritos por Llarena en su auto de procesamiento (informes policiales acreditan más de 300 actos violentos durante las algaradas secesionistas) están tipificados en el Código Penal alemán. La Fiscalía alemana entendió el pasado 3 de abril que Puigdemont sí debía extraditarse a España, aparte de por malversación, por el delito de rebelión, análogo al de "alta traición" en Alemania.
Obviamente, según las citadas fuentes, el Supremo acatará las limitaciones impuestas por el tribunal alemán y no juzgará a Puigdemont por rebelión. Solo por malversación, pero agravada. El juez Llarena ha tasado, de momento, la malversación que se atribuye a gran parte de los líderes soberanistas en 1,6 millones de euros. A Puigdemont, según los citados medios, le es aplicable el artículo 432, apartado segundo, del Código Penal español, que establece que cuando la malversación supera los 250.000 euros cabe imponer al reo hasta 12 años de prisión. "(…) Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado"; esto es, hasta 12 años de cárcel.
El hecho de que en España haya cabecillas del proceso encarcelados por ambos delitos (rebelión y malversación) puede resultar discriminatorio respecto a Puigdemont. "¿Por qué debe beneficiarse Puigdemont de su fuga y los otros encarcelados en España resultar más perjudicados al gravitar sobre ellos, aparte de la malversación, el delito de rebelión?", se preguntan los citados medios.
Si bien puede ser discutible el delito de rebelión, que requiere alzarse contra las estructuras del Estado de forma violenta, no lo es, según las citadas fuentes, el de sedición, "que no requiere violencia y está más que acreditado en la causa". Este delito tiene hasta 15 años de prisión, tres más que el agravado por malversación por el que será juzgado Puigdemont. El Supremo no puede atribuir ahora a Puigdemont el delito de sedición porque no figura entre los dos que ha elevado a la justicia alemana. Pero sí puede variar el de rebelión por sedición para los líderes secesionistas encarcelados en España. Es decir, que las penas pueden subir para unos y también reducirse para otros. Equipararlas en lo posible. Eso sí, explicando en la sentencia que si la pena de Puigdemont, en su caso, resulta más baja que la de los otros, ello obedecería, no a la falta de convicción de que ha cometido idénticos delitos que los demás cabecillas, sino a limitaciones impuesta por el tribunal alemán.
El Supremo acatará las limitaciones impuestas por el tribunal alemán y no juzgará a Puigdemont por rebelión
Y es que el Supremo entiende, y así lo describe el juez Llarena en su auto, que los principales cabecillas del golpe parlamentario en Cataluña actuaron en connivencia como una trama delictiva organizada y jerarquizada y con sus eslabones perfectamente diseñados. Es decir, la idea del Supremo es no demorar la entrega a España de Puigdemont y recibirlo cuanto antes. Eso sí, lo más probable es que tras comparecer ante el juez Llarena (así dictaminó el Constitucional español que debía hacer el prófugo), Puigdemont vaya directamente a la cárcel.
Aunque el delito de malversación sea más leve que el de rebelión, la pena que conlleva en este caso es suficientemente elevada, y además existe un patente riesgo de fuga. Es un prófugo de la justicia. Y en la cárcel estará (al igual que el resto de encarcelados en España, y a la espera también de que la justicia belga, suiza y escocesa dictamine sobre las peticiones de entrega de los fugados que se esconden en esos países), hasta el juicio, que celebrarán cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español. La intención es celebrar la vista a finales de octubre o comienzos de noviembre, para que haya sentencia a finales de este año o comienzos del próximo.
"¿Por qué debe beneficiarse Puigdemont de su fuga y los otros encarcelados en España resultar más perjudicados al gravitar sobre ellos, aparte de la malversación, el delito de rebelión?", se preguntan fuentes judiciales
El delito de rebelión que el Supremo imputa a Puigdemont permite inhabilitar cautelarmente a un cargo público si este está procesado (lo está) y se encuentre en prisión o con orden de búsqueda y encarcelamiento, lo que también concurría en el principal cabecilla del proceso separatista. Pero al imponer Alemania que no se le juzgue por rebelión, ya no se le podrá inhabilitar cuando ingrese en la cárcel. Podrá delegar el voto, como hacen el resto de encarcelados (por ejemplo, Oriol Junqueras, preso en Estremera), pero en ningún caso ser elegido presidente. "Estando en la cárcel, no se puede ser presidente, ya lo ha dicho el Constitucional, pero si aun así se le inviste, quienes lo hagan incurrirán en responsabilidad penal", subrayan los citados medios judiciales del Supremo.
Las extradiciones a Alemania, bajo lupa
Alemania es uno de los países que más peticiones de extradición (orden europea de detención) envía todos los años a España. En torno a 20 cada año, más del doble de las que le solicita España. Y suelen ser contra grandes y peligrosos delincuentes alemanes que se esconden en las costas españolas bajo el paraguas del turismo. También son frecuentes peticiones de este tipo procedentes de Bélgica, Reino Unido y Suiza, donde ahora se esconden siete de los 24 líderes independentistas procesados por el juez Llarena.
"España suele ser colaboradora con las euroórdenes y raramente cuestiona los hechos que los jueces de estos países consideran acreditados en sus investigaciones. Por tanto, no es de recibo", señalan las citadas fuentes, "que el equivalente en Alemania a una audiencia provincial española, sin un conocimiento directo de los hechos ni conocer todas las pruebas que existen en el sumario contra los lideres separatistas, revoque al Supremo español parte de una investigación que está siendo exhaustiva y coloque al principal reo en una situación penal diferente de la de los otros líderes secesionistas. A partir de ahora, el análisis de las peticiones de extradición procedentes de Alemania, se puede extremar en España", zanjan las citadas fuentes.
