La Generalitat se instala en la parálisis
La Administración catalana funciona al ralentí en ausencia de responsables políticos y con un clima de protestas y frustración entre parte del funcionariado
El cuerpo de funcionarios de la Generalitat vive con hartazgo la intervención de la Administración catalana. La idea más repetida entre los trabajadores y las entidades públicas consultadas es que el 155 es parecido a un largo proceso postelectoral, cuando las directrices políticas frenan proyectos a la espera del cambio de Gobierno. "El día a día administrativo funciona, pero las decisiones estratégicas no se toman porque los patronatos no se reúnen", ejemplifica Lluís Rovira, director de CREA, la Institución de Centros de Investigación de Cataluña.
Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CC OO, considera que "cuanto más se alargue [la intervención], peor, porque hay cuestiones que no se pueden negociar". La parálisis política crea un ambiente de tensión, admiten en CC OO y otros funcionarios consultados. Las movilizaciones internas para dar apoyo a los políticos encarcelados son recurrentes, convocatorias secundadas en general por algunas decenas de funcionarios y que generan incomodidad entre los compañeros de trabajo que se mantienen al margen de posicionamientos públicos.
Múltiples edificios oficiales están decorados con lazos amarillos en la fachada o con fotografías de los encarcelados en sus dependencias. Los funcionarios más activos en las protestas se organizan a través de la Asamblea de Trabajadores para la Defensa de las Instituciones Catalanas (ADIC). ADIC dice que trabaja "por la república catalana" y reconoce a Carles Puigdemont como su legítimo presidente. Las concentraciones se reproducen semanalmente y duran unos minutos, como la de ayer frente a la sede de la Agencia de Residuos de Cataluña, en Barcelona. Una treintena de personas se reunieron de nuevo a las puertas de la Agencia detrás de una gran pancarta con el lema "Libertad presos políticos. Os queremos en casa". La protesta también iba acompañada con varios carteles con fotografías de los exconsejeros en prisión o huidos y de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. De las ventanas de la sede colgaban una decena de lonas con lazos amarillos. También son frecuentes las movilizaciones frente a instituciones como el Departamento de Interior, el de Justicia o el de Educación.
La comparación de la situación de parón actual con el periodo de transición entre la salida y la entrada de un nuevo Ejecutivo tiene agravantes añadidos: el primero es que la tutela de la Generalitat lleva de facto medio año en vigor, los cinco meses de aplicación del 155 más las semanas previas de supervisión de las cuentas públicas de la Administración catalana, forzada por la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. Desde septiembre de 2017 todos los gastos de los departamentos del Govern deben ir acompañados de un certificado, firmado por el responsable de la unidad, en el que se garantiza que la partida solicitada cumple con la ley. Una portavoz del Departamento de Economía y Hacienda confirma que la exigencia del envío de certificados de los jefes de unidad se mantiene igual desde septiembre.
Bloqueo de proyectos
Otro efecto del 155 es el bloqueo de futuros proyectos o de autorizaciones para adquirir equipamientos de alto coste, como maquinaria para un laboratorio, dice el director de CREA, o la lentitud al aprobar gastos elevados incluso en el Departamento de Salud. También se han visto ralentizadas grandes inversiones privadas que requieren un interlocutor político, como el centro de ocio BCN World de Tarragona.
Rovira apunta que también ha habido un esfuerzo extra de contabilidad para justificar gastos, por ejemplo en viajes internacionales, de los últimos seis años. El director de CREA añade que otra diferencia importante es que, al no haber altos cargos políticos en la Generalitat, ha habido partidas para el Presupuesto de 2017 que han quedado sin ser repartidas porque no había consejero que las autorizara. Sus sustitutos, los ministros, en la mayoría de casos han evitado tomar decisiones. Las iniciativas del Gobierno central han sido mínimas, según todas las fuentes consultadas: "Se mantienen en un segundo plano", explica una fuente del Departamento de Interior.
Los sindicatos han negociado con el Gobierno mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, no solo para conseguir que el Consejo de Ministros aprobara abonar las pagas extra de 2012 retrasadas sino también para solicitar recursos técnicos o certificados laborales. La Generalitat cuenta con cerca de 200.000 empleados públicos. El Govern se comprometió en 2017 a crear hasta 2019 unas 30.000 nuevas plazas de funcionarios para personal interino, plan que también se ha visto congelado.
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