El gobierno alemán confirma que no vetará la extradición de Puigdemont
El ejecutivo no actuará contra la medida si los jueces de la Audiencia territorial de Schleswig la aprueban
Por primera vez desde que Carles Puigdemont fue detenido el 25 de marzo pasado en una autopista alemana y conducido, posteriormente, a la cárcel de Neumünster, el Gobierno alemán ha confirmado oficialmente este miércoles que no vetará una orden de extradición si los jueces de la Audiencia territorial de Schleswig la aprueban.
El anuncio lo hizo el portavoz del ministerio de Justicia, Maximilian Kall, en el curso de una rueda de prensa en la que recordó que, por tratarse de un caso estrictamente judicial, no habrá ningún tipo de intervención del Gobierno, una decisión que refuerza la rígida separación de poderes que existe en Alemania.
"En el caso de que la Audiencia Territorial llegue a aprobar la extradición, puede haber otros pasos jurídicos, como un recurso ante el Tribunal Constitucional. En todo caso se trata de una decisión judicial y eso es lo que contempla el derecho europeo", insistió el portavoz, al señalar que el Gobierno no intervendrá en lo que decidan los jueces, una afirmación que confirme con varias semanas de antelación, que el destino de Puigdemont será una cárcel en España.
Las declaraciones del portavoz del ministerio de Justicia confirmaron oficialmente lo que había revelado la revista Der Spiegel el viernes pasado, cuando afirmó en su portal electrónico que el gobierno no vetaría la extradición, porque esa medida podía ser considerada como una "afrenta jurídico-política para los estados federados", que recibieron de parte de la federación.
Aunque el argumento del gobierno para no vetar la extradición es entendible, las razones que tiene son más políticas que legales. Berlín no quiere dañar las relaciones con Madrid, pero al no vetar la extradición, el gobierno alemán puede ser condenado a la hoguera en Cataluña por los sectores independentistas.
La decisión de no intervenir en el proceso legal, que ya se inició el martes y que puede alargarse varias semanas o meses, se adoptó poco después de que las autoridades fueran informadas sobre la detención de Puigdemont. En la noche de ese día, la ministra de Justicia, Katarina Barley, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, el ministro de la Cancillería, Helge Braun y el secretario de estado de Interior, Hans-George Engeleke, sostuvieron una conferencia telefónica para analizar las consecuencias políticas que podría tener la detención de Puigdemont y un hipotético proceso legal para analizar si procede la extradición.
El resultado de la conferencia telefónica fue categórico: En el caso Puigdemont, a pesar de su importancia, no debería haber ninguna "intromisión política".
Aunque el destino de Puigdemont está en manos de la justicia, su presencia en Alemania y el proceso legal que está por iniciarse puede envenenar la apacible vida política alemana. Los Verdes y la Izquierda, dos partidos con fuerte presencia parlamentaria están a favor de que se le deje en libertad. Un ejemplo lo dio Gregor Gysi, un conocido líder del partido La Izquierda y presidente de la Izquierda Europea, que pidió públicamente que Alemania no se convierta en asistente del gobierno español en arrestar a catalanes.
"Si esto sucede Alemania puede terminar convirtiéndose en parte del conflicto", declaró el político, quien calificó el documento que envió la Fiscalía a la Audiencia Territorial como una "construcción legal aventurera".
Mientras, según ha desvelado el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, el entorno del expresidente catalán está buscando residencia en Alemania, requisito imprescindible para lograr la libertad bajo fianza.
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