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El Tribunal Superior de Murcia procesa al expresidente por prevaricación y fraude

El juez pone a Pedro Antonio Sánchez al borde del banquillo por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo

Virginia Vadillo
Pedro Antonio Sánchez, en una imagen antes de dimitir.
Pedro Antonio Sánchez, en una imagen antes de dimitir.EFE

El juzgado de instrucción número 3 de Lorca ha abierto auto de procesamiento contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco del denominado caso Pasarelas. El juez, en un auto notificado este miércoles, ha dado por terminada la fase de instrucción del caso y ha ordenado la continuación del proceso “por el trámite del procedimiento abreviado”, con lo que es la tercera vez en menos de un año que la justicia sitúa a Sánchez al borde del banquillo.

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En su auto, el juez Antonio Morente, que tomó declaración durante unas dos horas a Sánchez el pasado 23 de marzo considera que existen indicios suficientes que apuntan a que el expresidente murciano contrató de manera irregular cuando era alcalde de Puerto Lumbreras al arquitecto Marín Lejárraga para reconstruir y embellecer en 2006 un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte, en ese municipio.

El juez detalla en su auto cómo Sánchez contrató a Lejárraga directamente y saltándose la ley de contratos por lo que, para justificar las subvenciones con las que se iban a pagar esos trabajos, Sánchez emitió diversos documentos fraccionando el contrato. De esa manera, se pretendía “crear la apariencia” de que se estaban “contratando trabajos independientes” cuando se trataba en realidad de un “trabajo global”, evitando así “los sistemas de contratación determinados por la legislación vigente”.

El juez insiste en que ninguna de las facturas emitidas superaba los 12.000 euros, el máximo que marca la ley para permitir contratar trabajos sin sacarlos a concurso, a pesar de que el importe global del proyecto era de 54.400 euros.“El investigado, señor Sánchez, con pleno conocimiento de su ilegalidad, decidió la atribución directa al señor Lejárraga de un contrato con vulneración de las normas legales”, añade el auto, de 24 páginas, en el que se procesa también al arquitecto.

Se da la circunstancia de que Martín Lejárraga es el arquitecto al que se adjudicó, también bajo la alcaldía de Sánchez, la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, otra de las causas judiciales que el expresidente murciano tiene abiertas, el denominado caso Auditorio. En ese caso, el presidente está acusado de los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental por su gestión de la adjudicación, ejecución y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras. El edificio se construyó con una subvención de 6 millones de euros concedida por la comunidad autónoma y la obra se recepcionó en 2011 a pesar de no estar finalizada. Sánchez está también investigado en la operación Púnica por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían tenido lugar en 2014, cuando era consejero del Gobierno murciano. El juez considera que Sánchez contactó con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas del año siguiente. Sánchez siempre ha defendido que esos contratos no llegaron a materializarse, si bien no ocurrió así porque la trama estalló antes.

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Ambos casos estaban en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que también había ordenado ya procesar a Sánchez (en junio lo hizo por la Púnica y un mes más tarde, por el caso Auditorio). En aquellos momentos, aunque Sánchez ya había dimitido como presidente de la comunidad autónoma, seguía siendo diputado y, por tanto, mantenía su aforamiento. Abandonó el escaño ante la inminente apertura de los juicios orales el pasado mes de septiembre, por lo que ambas causas han regresado ahora a sus tribunales de origen: el juzgado de instrucción número 1 de Lorca en el caso Auditorio, y la Audiencia Nacional en la Púnica. El auto de procesamiento del caso Pasarelas no es firme, sino que puede ser recurrido, y la Fiscalía y acusaciones particulares tienen ahora un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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Sobre la firma

Virginia Vadillo
Es la corresponsal de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la actualidad política, social y medioambiental desde 2017. También trabaja con la Agencia EFE en esa comunidad autónoma. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencias por la Universidad Rey Juan Carlos.

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