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El ‘caso Cifuentes’ salpica al equipo académico responsable de su máster

El responsable del título pospone una reunión para votar su reelección como director del Instituto de Derecho Público

El campus de la Universidad Juan Carlos en Móstoles, ayer. VÍDEO: ATLAS

La crisis política derivada de las supuestas irregularidades en la obtención del máster universitario de la presidenta Cristina Cifuentes está repercutiendo de lleno en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que evita dar explicaciones hasta concluir una investigación interna. El responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, pospuso este miércoles una reunión prevista hace más de un mes en la que se iba a votar su reelección como director del Instituto de Derecho Público de la URJC. Las tres profesoras que firmaron el acta de su trabajo, discípulas de Álvarez Conde, guardan silencio.

Enrique Álvarez Conde, responsable del máster que cursó en 2011/2012 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que se ha pospuesto, por petición propia, su reelección como director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. La votación estaba prevista desde hace más de un mes, según fuentes universitarias presentes en la reunión. “Mi honorabilidad y la del Instituto de Derecho Público se ha puesto en tela de juicio”, leyó el catedrático de Derecho en una breve comparecencia en la sede de la Universidad en Vicálvaro, tras la que no admitió preguntas.

Álvarez Conde se presentó en la rueda de prensa que ofreció la Universidad el 21 de marzo para avalar la inocencia de la presidenta como director del máster de Cifuentes. Un documento interno del campus señala, sin embargo, que la responsable era una directora.

Durante la reunión del consejo del Instituto de Derecho Público, celebrada este miércoles por la mañana, se aprobó el aplazamiento de la reelección en la dirección hasta que se aclaren las supuestas irregularidades en el máster que cursó Cifuentes. El catedrático señaló que espera que “esta injusta situación” se resuelva “en un tiempo prudencial”

Tras respaldar inicialmente la inocencia de Cifuentes en la citada rueda de prensa, presidida por el rector de la URJC, Javier Ramos, la Universidad abrió una investigación interna que sigue su curso y para la que ha solicitado el respaldo de otras Universidades de la conferencia de rectores españoles, la CRUE.

Dos funcionarios seguirán la investigación, que corre a cargo de la jefa de Inspección de Servicios de la URJC, Pilar Trinidad. Se trata de los observadores externos de las Universidades de Burgos (José Ángel Contreras) y Murcia (Carmen Ruiz). El trabajo de los observadores de otros campus se ciñe a dar validez a la investigación, sin intervenir en quién comparece o qué documentos se solicitan.

En esta semana, según distintas fuentes de la URJC, comparecerán los distintos implicados a los que llame Trinidad, como el citado Álvarez Conde, las profesoras que firmaron el acta del trabajo de fin de máster de la presidenta regional o el profesor que ordenó cambiar la nota de Cifuentes en 2014, el catedrático Pablo Chico.

A la reunión del consejo del Instituto de Derecho Público acudieron el miércoles dos de las profesoras que firmaron el acta de la defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes, Clara Souto y Cecilia Rosado. No acudió la tercera firmante, Alicia López de los Mozos. Souto declinó dar explicaciones a los medios hasta comparecer y prestar testimonio ante la Universidad. “Solo aspiro a que nos respetéis, dejadnos que demos explicaciones a la Universidad, se están poniendo en duda muchas cosas y estamos saliendo muy perjudicados”, dijo tras salir de la reunión del Instituto de Derecho Público.

Souto declinó confirmar, a preguntas de los periodistas, si realmente firmó el acta, después de que el diario digital El Confidencial publicara que dos de las firmas del acta son falsas. Se limitó a concluir con un “tiene que hablar otra gente”, sin aclarar a quién se refería. El reglamento de trabajo de fin de máster que regía el año en que Cifuentes cursó el suyo establece que el tribunal de evaluación (“comisión de evaluación”, lo cita) debe estar formado por tres profesores y tres suplentes. Uno de ellos “será un profesor de otra Universidad, de alguno de los ámbitos de conocimiento de la titulación, o un experto de reconocido prestigio”. Las tres profesoras han hecho su carrera en la Rey Juan Carlos.

Las tres componentes del tribunal acuden a un abogado

Desde que el 21 de marzo estalló el caso Cifuentes, comunicarse con las tres componentes del tribunal que puntuó con un 7,5 el Trabajo Fin de Máster (TFM) de la presidenta regional se ha convertido en un imposible para la prensa y para muchos de sus allegados. Las docentes —Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos— ratificaron ese día al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, que la defensa del TFM se celebró de acuerdo a la legalidad, y desde entonces callan. Tan solo Souto pidió “respeto” a los medios de comunicación. Pese a su silencio, las doctoras en Derecho se reunieron el pasado 23 de marzo, dos días después del escándalo, con un abogado penalista para que las asesore. Las tres son afiliadas a Comisiones Obreras y el sindicato les brindó en un primer momento su apoyo legal, pero ellas decidieron diseñar su estrategia judicial por su cuenta y sufragarla. No ha trascendido el nombre del penalista escogido. Si la defensa del TFM no se hubiese celebrado, las tres profesoras estarían incurriendo en falsedad en documento público y podrían ser inhabilitadas. Las tres están obligadas a prestar esta semana declaración —quizá ya lo han hecho— ante Pilar Trinidad, la instructora elegida por el rector para investigar qué ocurrió realmente en el posgrado. Trinidad está entrevistando a todos los implicados en el máster puesto en cuestión.

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