Profesores españoles critican a la universidad que apoyó a Ponsatí

La Universidad escocesa de St. Andrews, en la que imparte clases la exconsejera catalana de Educación Clara Ponsatí, confirmó ayer la recepción de una carta suscrita por un nutrido grupo de académicos españoles en la que cuestionan el apoyo público del centro a la catedrática sobre la que pesa una orden de detención internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

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La misiva, que lleva la rúbrica de cuarenta profesores españoles y "otros ciudadanos preocupados por los malentendidos sobre España y su poder judicial", señala que la actuación de este último ha recibido el reciente respaldo de la Asociación Internacional de Jueces y que Ponsatí escapó a Bélgica de España "tras el referéndum ilegal organizado por el Gobierno del que ella era miembro" el 1 de octubre del año pasado.

Los firmantes reprochan a la universidad escocesa su respaldo sin ambages a Ponsatí, directora de su Escuela de Economía y Finanzas, cuando entienden que la orden de su detención no responde a "ideas políticas expresadas democráticamente, sino por una serie de actos destinados a separar Cataluña de España actuando en contra de la ley y la voluntad de sus ciudadanos".

Firmantes

Destacan entre los firmantes el promotor de la iniciativa, Alfonso Valero, profesor de Derecho en la Nottingham Trent University (Inglaterra) y Fernando Jiménez Sánchez, docente de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y experto del Consejo de Europa. Figuran también como firmantes representantes de organizaciones como Miriam Tey, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana y Teresa Freixes, presidenta de Concordia Cívica.

Ponsatí, que se reincorporó en marzo a su puesto en St. Andrews tras su huida a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros miembros del depuesto Gobierno catalán, quedó en libertad con medidas cautelares el pasado 28 de marzo, tras entregarse voluntariamente en una comisaría de la capital escocesa.

Con ese gesto, dijo querer responder ante la justicia británica y no ante la española, a la que acusa de falta de independencia. Los cargos con los que el juez Pablo Llarena justifica la demanda de extradición son los de rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el plebiscito del 1-O.