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El PSOE propone crear “protocolos efectivos” para eliminar noticias falsas de la red

El partido enmienda la Ley de Protección de Datos del Gobierno para dotarla de garantías digitales

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, con otros diputados en el Congreso. EL PAÍS

Los socialistas quieren convertir la ley de Protección de Datos, que se encuentra en tramitación, en una norma de garantías digitales. Para ello, han presentado una enmienda a este proyecto de ley del Gobierno, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que propone ampliar a Internet la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales. Entre otras medidas, plantea que se eliminen contenidos que por su falsedad atenten contra el derecho a recibir información veraz. Si la iniciativa prospera, España sería el primer país con una ley completa para regular los derechos digitales.

La enmienda presentada por los socialistas este martes pretende que se garantice la libertad de expresión de todos los usuarios en Internet. Para ello, propugna que los responsables de las redes sociales, plataformas digitales y servicios similares garanticen la veracidad informativa. En ese sentido, propone que se adopten y ejecuten “protocolos efectivos” para, en caso de detectarse, “eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación”. La norma tendría efectos tanto para la difusión de noticias falsas por estrategia política, como ha ocurrido durante los procesos electorales de varios países para incidir en los resultados, como para las que se propagan con otras intenciones.

La iniciativa también reclama garantías para el derecho al honor y a la imagen en las redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes de la sociedad de la información, e insta a que los responsables de esos servicios estén obligados a adoptar los protocolos necesarios para “preservar la dignidad humana” y “garantizar la identificación de los usuarios que los vulneren”. En esos casos y a petición de los interesados, los medios de comunicación estarían obligados a admitir la publicación de aclaraciones en sus archivos digitales sobre noticias concernientes y que causen perjuicio al no reflejar la situación actual del afectado por actuaciones policiales o judiciales revocadas con posterioridad.

La propuesta socialista, impulsada por el diputado Artemi Rallo, exdirector de la Agencia de Protección de Datos, también defiende el derecho al olvido en Internet. Postula que los datos personales sean cancelados “cuando, con el tiempo, puedan devenir inadecuados, no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que se recogieron”. En esos supuestos, el gestor de un motor de búsqueda estaría obligado a eliminar de la lista de resultados los vínculos a páginas. También, a petición del interesado, se suprimirían datos personales facilitados por menores de edad.

El texto presentado por el PSOE incluye 15 artículos para incorporar a la Ley de Protección de Datos que ahora debe adaptarse a la normativa europea. Entre ellos, el derecho de acceso universal a Internet (con un carácter asequible, de calidad y no discriminatorio), a la educación y seguridad digital, a la protección de los menores o al testamento digital. Asimismo, contiene un amplio frente de protección de derechos digitales en el ámbito laboral, donde destaca la desconexión digital de los trabajadores fuera del horario, según la naturaleza de la tarea, para evitar la “fatiga informática”, que se regularía por primera vez en España. En ese apartado proyecta la protección de la intimidad de los trabajadores en el uso de dispositivos digitales o ante sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo.

La reforma marca compromisos al Gobierno, como la elaboración de un Plan Nacional de Acceso a Internet para superar las brechas digitales, impulsar espacios de conexión de acceso público y fomentar medidas educativas para promover la formación en personas en riesgo de exclusión digital. El Gobierno tendría que aprobar también un Plan de Actuación destinado a la formación y concienciación de un uso equilibrado y responsable en los menores, así como presentar un informe anual en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de los derechos, garantía y mandatos contemplados en la iniciativa.

El artífice de la enmienda ve una oportunidad para que España se sitúe a la vanguardia de la protección de los derechos fundamentales en la era digital y confía en la disposición del Gobierno y el PP para afrontar el reto desde una política de Estado. Recuerda, en ese sentido, que en su primera comparecencia en la actual legislatura, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría expresó la voluntad de trabajar en las garantías de los derechos de los ciudadanos en Internet, y que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital impulsó un grupo de trabajo para debatir sobre los derechos y obligaciones en el entorno digital.

Paralelamente a esta enmienda, los socialistas proponen modificar la Ley del Régimen Electoral General sobre la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales para adecuar el reglamento y “establecer salvaguardas para impedir casos como el que vincula a Cambridge Analytica con el uso ilícito de datos de 50 millones de usuarios de Facebook para mercadotecnia electoral”.

Respecto a la difusión de propaganda electoral en redes sociales basada en perfiles electorales de personas físicas, propone que se realice una evaluación previa de impacto relativa a la protección de datos personales previstos en el reglamento. “Dicha difusión no podrá realizarse cuando se identifique un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y no se adopten las medidas necesarias para impedirlo”, requiere.

También persigue que se prohíban las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales cuando sus destinatarios no sean informados sobre su finalidad, identidad del responsable o la entidad contratada para su realización y los criterios de selección.

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