El juez Llarena acusa a Puigdemont de corrupción ante Alemania para acelerar la entrega

La Orden Europea de Detención enviada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a las autoridades alemanas para solicitar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acusa a éste de corrupción. Así se refleja en el escrito remitido por el Supremo a la justicia germana al que ha tenido acceso EL PAÍS, y en el que el juez Llarena marcha con una ‘X’ la casilla correspondiente a este "infracción" dentro de una lista de más de treinta que permiten acelerar la puesta a disposición del país solicitante de los reclamados acusados por alguno de ellos. En esta relación, acordada por los países de la UE, no figuran en su literalidad los delitos de rebelión y malversación por los que el político catalán fue procesado el pasado viernes, pero el magistrado considera que este último es equiparable a la figura de "corrupción" que permite una entrega express.

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El documento de la euroorden arranca con un relato de una quincena de folios en el que el magistrado detalla los hechos por los que pide la detención y traslado de Puigdemont a España, y en el que hace especial hincapié en el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultó heridos durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre para poner de relieve la existencia de violencia que justifica la petición de entrega por rebelión. En esa parte del documento, el juez concluye que en los sucesos investigados el expresident tuvo una participación directa y que por ello ha sido acusado de los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos, que son por los que fue procesado el pasado viernes.

Es en la segunda parte del documento en la que Llarena atribuye a Puigdemont corrupción al considerar que el delito de malversación es asimilable, en España, a esta figura. Lo hace en el apartado final en el que se enumeran una treintena de infracciones acordadas por los estados de la UE que permiten acelerar la entrega del detenido si en el país solicitante están castigadas con, al menos, tres años de prisión. En esa relación se incluyen terrorismo, tráfico de armas, homicidio, violación y trata de seres humanos. El estado reclamante únicamente debe marcar con una ‘X’ la casilla correspondiente. Ninguno de los de la lista concuerda literalmente con los delitos de rebelión y malversación recogidos en el auto de procesamiento, por lo que el juez Llarena opta por señalar la casilla de “corrupción".

Fuentes jurídicas destacan la importancia de este detalle, al considerar que si Alemania acepta equiparar la malversación con esta acusación, la entrega se acelera. Si no lo hace, la justicia germana iniciará un trámite que se puede prolongar durante meses. Fuentes cercanas a la defensa de Puigdemont tildan de “maniobra” el intento de equiparar el concepto de corrupción con el de malversación para reclamar la entrega express del expresidente de la Generalitat y aseguran que intentarán que la justicia alemana la rechace. En este sentido, recuerdan que en noviembre ya ocurrió un episodio similar con la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

La magistrada fue entonces la primera que imputó a los exmiembros del Govern y la que dictó las primeras euroórdenes de detención, posteriormente suspendidas por el juez Llarena. En aquellas solicitudes de colaboración a la justicia belga, Lamela también señaló la casilla de "corrupción" en el formulario remitido tras acusar al político catalán y a sus excompañeros del ejecutivo huidos de los delitos de malversación y prevaricación, entre otros. Pese a ello, Bruselas desestimó activar entonces el trámite automático de entrega e inició el procedimiento ordinario, luego suspendido por el juez Llarena al retirar las euroórdenes.