El juez envía a prisión sin fianza a Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a prisión a los cinco procesados por rebelión que han comparecido en la vistilla de medidas cautelares, entre ellos, el candidato de presidente de la Generalitat Jordi Turull. Llarena cree que hay un riesgo elevado de que tanto Turull como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa reincidan en sus delitos o se fuguen de la justicia. Este peligro se acentúa según el instructor por la decisión de la secretaria general de ERC de huir de España y no comparecer este viernes ante el Supremo.

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Los cinco encarcelados ya han pasado por prisión preventiva, pero el juez les dejó en libertad condicional bajo fianza, les retiró el pasaporte y les impuso medidas cautelares. En el caso de Turull, Rull, Romeva y Bassa, permanecieron encarcelados entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras que Forcadell solo pasó en prisión la noche del 9 al 10 de noviembre. El juez les excarceló con la advertencia de que si volvía a delinquir o llevaban a cabo alguna actuación encaminada a conseguir la independencia por la vía unilateral, les volvería a enviar a prisión. Llarena no ha revisado hasta ahora estas medidas, pero considera que con el auto de procesamiento notificado hoy la causa entra en una nueva fase que incrementa el riesgo de fuga porque los procesados saben ya que se le atribuyen con pruebas delitos graves. Además, en sus últimos autos, tanto el instructor como la Sala de Apelaciones han considerado que la situación política generada tras las elecciones del 21-D incrementa el riesgo de reiteración delictiva.

En el auto de prisión redactado por Llarena, el instructor deniega también la presencia de Turull en el pleno de investidura previsto para mañana, así como la asistencia de los otros dos diputados a los que ayer encarceló (Romeva y Rull). El instructor basa su decisisón en los mismos argumentos que ha mantenido hasta ahora para rechazar la asistencia al Parlament de los otros diputados que están en prisión preventiva. "Aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no des activa la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección", afirma el juez.

Llarena recuerda en su auto de prisión que la doctrina constitucional es que “a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida”. “Una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este tribunal”, afirma el juez en referencia a Marta Rovira. Durante la vistilla, los cinco procesados han alegado ante el juez que o se les puede juzgar por lo que hayan hecho otros de los investigados y que ellos han comparecido cada vez que han sido llamados. Llarena admite esta diferencia, pero sostiene que es “imposible” saber la “la voluntad interna de los procesados”, por lo que se debe construir un juicio de pronóstico, “y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa”. “Lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor. Ello aporta un primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias”, afirma el juez.

El instructor advierte además que, aunque los cinco procesados a los que ahora ha enviado a prisión han acudido a cada llamada del juez, la investigación también ha reflejado su “clara insurrección” a las decisiones judiciales, de las que se han desentendido “de manera contumaz y sistemática” durante los últimos años. “Esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”, añade el magistrado. "En realidad, el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas", concluye el juez en referencia a Rovira.

El instructor considera que había riesgo de reiteración delictiva en los cinco procesados a los que ayer envió a la cárcel porque todos siguen compartiendo la determinación de alcanzar la independencia de Cataluña y, hasta ahora, lo han intentado al margen de la ley. Este riesgo no decae en el caso de Forcadell y Bassa aunque hayan dejado el acta de diputadas porque esa renuncia, sostiene Llarena, “ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria”.