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PP y PSOE pactan que los documentos secretos sean públicos a los 25 años

Los socialistas proponen que los correos electrónicos de los altos cargos no puedan borrarse en dos décadas

El PP y el PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 35 años, han alcanzado un pacto para reformar la ley franquista de secretos oficiales. Ambos están de acuerdo en que los documentos clasificados como secretos se desclasifiquen automáticamente a los 25 años, aunque difieren en las excepciones a este principio general. La ley se encontraba en un limbo en el Congreso desde 2016, cuando se admitió a trámite.

Francisco Granados, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.rn rn
Francisco Granados, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Europa Press

Según las enmiendas que presentaron anoche, los socialistas prevén que el secreto pueda prorrogarse una sola vez y por 10 años, mientras que los populares pretenden que el secreto se pueda prorrogar hasta por 25 años en los casos más extremos. También Ciudadanos y el PNV, padre de la iniciativa, apoyan la fórmula de 25 años más una prórroga excepcional de 10.

El grupo socialista ha propuesto además prohibir el borrado de los datos y correos electrónicos enviados por altos cargos desde cuentas oficiales durante un periodo de 20 años. Esta propuesta se produce en plena polémica tras conocerse que la Comunidad de Madrid borró los correos corporativos del exconsejero de Presidencia Francisco Granados, que reclamaba el juez del caso Púnica.

La negociación entre PP y PSOE se plasmó anoche en la presentación de las enmiendas para reformar una ley que data de 1968, en plena dictadura franquista, con retoques preconstitucionales en octubre de 1978. Al no fijar la desclasificación automática transcurrido un plazo, la ley todavía vigente eternizaba los secretos, que solo podían salir a la luz por decisión expresa del Consejo de Ministros. Una vez desbloqueada, la iniciativa seguirá ahora su trámite parlamentario. Si no hay nuevas obstrucciones, la reforma debería entrar en vigor antes de que acabe el año.

La reforma propuesta por el PNV pedía que las materias secretas se desclasificaran automáticamente a los 25 años, con la posibilidad de prorrogarlas otros 10 por decisión “excepcional y motivada” del Consejo de Ministros, mientras que las reservadas serían públicas a los 15 años. El PSOE apuesta por el cuarto de siglo, mientras que el PP diferencia los plazos máximos de clasificación según las materias sean secretas (25 años), reservadas (15 años), confidenciales (10 años) o de difusión limitada (5) y señala que en cualquier momento se podrá prorrogar su clasificación por un plazo similar al inicial. Además, el PP preve la clasificación retroactiva de un documento que no sea secreto tras ser solicitado.

Uno de los puntos más espinosos es el de los documentos actualmente secretos o reservados. El PSOE propone una prórroga única de una década para todos los que hayan superado los 25 años; el resto tendrían la prórroga de los 10 años cuando cumplan el cuarto de siglo. La fórmula del PP es más compleja: la información anterior a la aprobación de la ley vigente se desclasificaría tres años después de la entrada en vigor de su reforma, mientras que cada año, a partir de 2023, se desclasificarían por periodos bianuales los documentos clasificados desde 1968.

La fórmula del PP implica que los últimos secretos de la dictadura (1975) se harían públicos en enero de 2027, siempre que la reforma entre en vigor el año próximo; mientras que la del PSOE aplaza la desclasificación hasta 2029. La diferencia es que, con la propuesta socialista, al final de la próxima década verían la luz todos los secretos hasta 1994 (es decir, desde el 23-F hasta la cuarta legislatura de Felipe González), mientras que con la popular habría que esperar a 2036 para tener acceso a los últimos.

 En lo que están de acuerdo todos los grupos es en atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la competencia de clasificar materias como secretas o reservada (una capacidad que la ley vigente atribuía también a la Junta de Jefes de Estado Mayor, que ya no existe), pero los populares quieren que los ministros y el jefe de Gabinete del Presidente puedan clasificar como confidencial y de difusión limitada.

El PP no indica expresamente qué hacer en el caso de que un juez reclame información secreta ni tampoco si esta cae en manos de la prensa. Sus enmiendas señalan, no obstante, que “nadie podrá prestar declaración sobre información clasificada, ni ser requerido para ello”. Y que “la persona a cuyo poder llegue cualquier información clasificada estará obligada a no divulgarla”

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