España es el cuarto país europeo con estancias en prisión más largas

El Consejo de Europa sitúa el tiempo de internamiento solo por detrás de Portugal, Azerbaiyán y Rumanía

Patio de la cárcel de Soto del Real en Madrid.

España tiene más población reclusa que la mayoría de sus vecinos europeos, y una vez encerrados, pasan más tiempo entre rejas que en gran parte del continente. Así lo indica un informe del Consejo de Europa publicado este martes. El estudio señala que la estancia media en prisión en España es de 21,9 meses, más del doble que los 9,8 meses que cumplen de media en los 47 países que han remitido sus estadísticas a este organismo. Solo en Portugal, Rumanía y Azerbaiyán la privación de libertad es más larga. Los sucesivos endurecimientos de las leyes han contribuido a ello: España ha ido avanzando posiciones en dicha clasificación, y la duración del internamiento se ha duplicado en dos décadas.

Los números del Consejo de Europa sitúan a España en un plano más estricto al de las principales economías de la UE: en Italia la estancia media es de 13,7 meses, en Reino Unido de 9,1, en Francia de 8,5 y en Alemania de 8,2. España supera la media en todos los rangos de condenas mayores a tres años: las de más de cinco años de duración suponen la mitad del total, las de más de 10 años una de cada cinco, y las de más de 20 años, el 4,3% de las penas.

En pleno debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable, una especie de cadena perpetua por la cual el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos (de al menos 25 años y de 28, 30 o 35 en algunos casos), España responde con un "no aplica" en la casilla de cadena perpetua. La explicación está en que no contempla oficialmente este tipo de penas, y en cualquier caso solo en una ocasión se ha aplicado una sentencia de prisión permanente revisable, en 2017, mientras que los datos facilitados por la institución en este ámbito corresponden a septiembre de 2015.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el continente, y trata de esbozar cada año un panorama sobre la situación de las cárceles en Europa para instar a los Gobiernos a tomar medidas. En el caso de España, aunque su número es decreciente desde el pico alcanzado en 2010, en septiembre de 2016 la población reclusa todavía superaba la del conjunto de Europa, con 130,7 por cada 100.000 habitantes frente a los 127,2 del resto. En el lado positivo, España destaca en la baja ocupación de sus cárceles: por cada 100 plazas disponibles, la Administración aloja a 71,8 presos, frente a los 90,2 de su entorno. Hungría, Macedonia, Chipre, Francia y Bélgica son los que tienen más problemas de déficit de espacio por la sobrepoblación carcelaria, muy superior al número de plazas con que cuentan.

En España, la institución constata que no existe masificación: la tasa de encarcelados ha caído con fuerza en la última década —hay un 8,9% menos que diez años antes—, y las cifras muestran que hay margen para albergar más. En septiembre de 2016 el número de celdas era de 53.508, prácticamente las mismas que un año antes. Por aquel entonces había 60.687 presos, pero para acomodar a todos se han habilitado dos espacios en muchas de estas celdas individuales, de forma que las plazas disponibles han subido automáticamente hasta las 84.478. La Administración aprovecha que sus recintos tienen unas dimensiones en la horquilla alta del rango europeo (9,9 metros cuadrados) para albergar a más de un recluso.

El cuestionario que el Consejo de Europa envía a los estados que pertenecen al organismo permite conocer más a fondo el perfil de los presos. Su edad media en España es de 39 años, ligeramente superior a la europea (36,3). Un 7,6% son mujeres, también por encima de la tasa continental (5,5%). Los delitos más comunes por los que fueron condenados son el robo y el tráfico de drogas. Y la cuarta parte del total son extranjeros, por encima del 11,6% en Europa, donde pese a un leve repunte en 2016, su número tiende a disminuir en el último lustro. Su proporción oscila mucho según el país, dado que guarda relación con el porcentaje de inmigrantes de cada estado.

El gasto mensual por preso de las instituciones penitenciarias españolas fue de 1.970 euros en 2015. España, quinta economía de entre los países que proporcionaron los datos, fue el quinto país que más invirtió en el sistema de prisiones. Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias, dobló la media nacional de gasto por interno, si bien el informe destaca otro dato relativo a esta comunidad más negativo. La tasa de mortalidad en las cárceles catalanas superó en 2015 en más del doble a las españolas con 59,3 fallecidos por cada 10.000 reclusos, solo por detrás de Armenia, Moldavia y Serbia.

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