El Estado cree que parte del dinero de la financiación a Cataluña se desvió al referéndum ilegal
Un juez investiga quién pagó el medio millón de euros en publicidad para promocionar la consulta
Existen “indicios razonables” de que una parte de la financiación que entregó el Estado a Cataluña el año pasado, en plena ebullición secesionista, “fue presuntamente desviado” a financiar el referéndum independentista del pasado 1 de octubre. Así lo expone en un informe la Abogacía del Estado al juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga a una treintena de altos cargos y funcionarios de la Generalitat catalanes por delitos de malversación y desobediencia, entre otros.
La abogada del Estado Beatriz Vizcaíno López, en un escrito del pasado 27 de febrero, adjunta a su informe un informe del secretario de Estado de Hacienda con el que trata de refutar los argumentos de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Hacienda, en el sentido de que el Estado "es perjudicado y ofendido" en la causa separatista.
Jové quiere que el Estado se aparte de la causa al entender que el dinero que hipotéticamente se hubiere utilizado para el referéndum sería el propio de la Generalitat de Cataluña, y, sostiene, no sometido al control del Estado. El Estado discrepa. El juez ha tumbado distintas peticiones de investigado para que el Estado se marche de la causa. Señala que debe ser parte.
¿Cómo, de dónde salió el dinero y quién pagó el más de medio millón de euros en publicidad (por ejemplo, la de dos vías de tren) de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional? Jové es uno de los investigados que ha pedido al juez Ramírez Sunyer que excluya al Estado como parte en el proceso. También está considerado uno de los cabecillas del proceso separatista. Los registros en su despacho y en su casa, cuando fue detenido el pasado 20 de septiembre junto a otros 13 cargos de la Generalitat y empresas colaboradoras, han aportado a los jueces, tanto al de Barcelona como a los dos de Madrid (Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, y Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional), pruebas consideradas cruciales para sentar en el banquillo a toda la cúpula del proceso separatista. Su agenda y documentos que contienen la hoja de ruta del procés Considerada en informes policiales como una trama han resultado claves para la justicia. La Guardia Civil define a la cúpula como una organización delictiva orientada a un fin inequívoco: proclamar la república saltándose la ley.
Jové se ha opuesto, también sin éxito, a que la Guardia Civil y la Policía Nacional, bajo el paraguas del juez, desarrollen las pesquisas que crean oportunas para clarificar la media docena de delitos de su causa. Entre otras pesquisas, se opone a que soliciten informes a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de él y los demás investigados. El juez las ha autorizado.
La Abogacía del Estado entiende, pues, que debe ser parte en el procedimiento del juez Ramírez Sunyer: “Encontrándonos en esta fase sumarial de investigación con la existencia de indicios racionales de criminalidad de un delito de malversación de caudales públicos, resulta evidente la legitimación de la Administración del Estado para personarse como acusación particular, en su condición de perjudicado, ante la sospecha razonable de que en la preparación y ejecución del referéndum ilegal del 1-0 pudieron haberse empleado fondos públicos”.
