La Fiscalía busca fórmulas para limitar la libertad de movimientos de Puigdemont

La Fiscalía General del Estado busca fórmulas para limitar la libertad de movimientos del expresident Carles Puigdemont y los otros cinco investigados por su papel en el procés que están fugados de la justicia. La decisión la ha tomado el ministerio público tras conocer que Puigdemont y la exconsejera Meritxell Serret viajarán la próxima semana a Ginebra para acudir, respectivamente, al Festival de Cine de Derechos Humanos junto a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, huida en esa ciudad Suiza, y a un acto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Fiscalía no va a pedir de momento al juez Pablo Llarena que reactive las órdenes internacionales de detención contra ellos, pero sí va a instar a Interior a que estudie con Interpol la “viabilidad” de la detención en Suiza de Puigdemont y va a solicitar al instructor del Tribunal Supremo que limite de alguna manera los pasaportes de los fugados para que no puedan moverse libremente de un país a otro.

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El fiscal general, Julián Sánchez Melgar, ya ha advertido en varias ocasiones la anomalía que, en su opinión, supone que la justicia española sepa dónde están los fugados, entre ellos Puigdemont, el principal responsable del delito de rebelión que se está investigando, pero no actúe contra ellos. “Nunca habíamos tenido un fugado que supiéramos exactamente donde estaba y que nos anunciara los movimientos que iba a tener. Cuando una persona estaba fugada es porque no sabíamos dónde estaba”, señaló recientemente el fiscal general en un desayuno informativo. Llarena desactivó a finales de noviembre, sin consultarlo con la Fiscalía, la orden de detención europea e internacional que la primera instructora del caso, Carmen Lamela, había dictado contra el expresidente y los cuatro exconsejeros que se fugaron con él a Bélgica. La Fiscalía asumió la medida porque conocía la dificultad de conseguir que la justicia belga entregara a los fugados por los delitos de rebelión y sedición, pero, con ocasión del viaje que Puigdemont hizo en enero a Dinamarca para asistir a una conferencia, el ministerio público pidió a Llarena que reactivara la euroorden. El juez lo rechazó y tampoco aceptó la solicitud del fiscal de dictar orden internacional de detención contra Anna Gabriel cuando está huyó a Suiza el pasado febrero.

El juez mantiene las órdenes nacionales de detención contra los seis fugados, lo que implicaría que si entran en España serán detenidos, pero Puigdemont, Gabriel y los cuatro exconsejeros pueden moverse libremente por el mundo porque, como no han comparecido ante la justicia, el instructor ni siquiera ha podido retirarles el pasaporte, una medida que sí ha adoptado con los investigados a los que ha dejado en libertad provisional bajo fianza. La idea de Llarena es pedir la reactivación de las órdenes internacionales una vez que se dicte el auto de procesamiento, previsto para abril, que detallará los delitos que se le atribuyen a cada uno y hará un relato minucioso de pruebas sobre su participación en la causa con el que el juez pretende convencer a la justicia belga y suiza de que entreguen a los fugados. Esta visión es compartida en principio por la Fiscalía, que el pasado lunes rechazó pedir la detención de la exconsejera Clara Ponsatí una vez que se supo que se había trasladado de forma permanente desde Bélgica al Reino Unido. En una nota pública, el ministerio público afirmó ese día que iba a esperar al auto de procesamiento para pedir al juez las detenciones.

En principio, la Fiscalía mantiene este criterio y no va a pedir a Llarena que arreste a Puigdemont con motivo de su viaje a Ginebra. Pero el ministerio público considera que tampoco puede quedarse impasible mientras los fugados, especialmente en el caso de Puigdemont dada su responsabilidad en la causa, se mueven de un país a otro y lo anuncian por anticipado. Por eso, según fuentes de este departamento, el fiscal ha acordado tres acciones con las que pretenden limitar los movimientos de los huidos y que sientan de alguna manera el acoso de la justicia.

Según lo anunciado este jueves, el ministerio público va a pedir a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior que, en colaboración con Interpol, realice las gestiones necesarias ante las autoridades de Suiza para determinar la “viabilidad” de la detención de Puigdemont, Serret y Gabriel y de su reclamación a efectos de extradición. Además, va a pedir a Llarena que adopte “medidas cautelares complementarias” consistentes en la limitación de la validez del pasaporte de los seis fugados para evitar que puedan viajar, al menos fuera de Europa, sin control. Las fuentes consultadas no han aclarado cómo se podría llevar a cabo esta limitación sin que los fugados comparezcan y sin que se hayan dictado las órdenes de detención. Esta medida no serviría, además, para evitar los viajes que han hecho hasta ahora los fugados, ya que tanto a Bélgica como a Dinamarca, el Reino Unido y Suiza se puede entrar solo con el DNI español.

En las actuaciones anunciadas este jueves por el ministerio público se incluye también una petición para que el Ministerio de Asuntos Exteriores informe sobre las gestiones realizadas por Puigdemont y Serret o los organizadores de los eventos a los que acudirán los fugados ante los representantes diplomáticos de España en Suiza.

La opción de detener a Puigdemont en Ginebra tiene pocos visos de prosperar porque un portavoz del Gobierno suizo aseguró ayer que, mientras no se dicte una orden internacional de detención, “no hay ninguna base” para ello.