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“Caos, desorden y anarquía” en la frontera de Melilla

Sindicatos constatan en un informe situaciones “penosas" en las que cinco policías llegan a controlar la identificación de 13.000 personas

Uno de los pasos fronterizos de Melilla.
Uno de los pasos fronterizos de Melilla.

Arranca una jornada cualquiera en el paso fronterizo de Beni Ensar, en Melilla. Son las 7.30 y a su puesto se incorporan cinco policías nacionales. Al otro lado de la frontera, en Marruecos, aguardan 13.000 personas desesperadas para poder pasar a la ciudad autónoma por uno de los cuatro puestos de control de la ciudad. Caben a 2.600 caras por agente para cotejar identidades con documentos oficiales. Esta es una de las situaciones habituales a las que, según los sindicatos policiales, se enfrentan las fuerzas de seguridad melillenses. Y la deducción parece evidente, pero Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la despeja: “Austeridad y seguridad son incompatibles. No hay control efectivo. Es el caos más absoluto”.

Tanto Cossío, como los responsables nacionales de otros tres sindicatos policiales más (UFP, CEP y SPP, además del SUP), se han trasladado esta semana hasta la ciudad autónoma para diagnosticar su situación fronteriza, denunciada hace meses por sindicalistas locales. “En Melilla no existe frontera, o al menos, lo que desde un punto de vista policial podemos entender como tal. Impera el caos, el desorden, incluso la anarquía donde personas se agolpan diariamente frente a una valla y escasos policías intentan en penosas condiciones establecer sin recursos cierto criterio de entrada”. Es la primera -y más destacada- de las conclusiones a las que han llegado los sindicatos de forma unificada presentadas este miércoles. 

Las organizaciones nacionales han revisado tanto la seguridad como los riesgos laborales a los que se enfrentan los policías que se encargan del control de personas en las cuatro fronteras terrestres de la ciudad, además de una portuaria y otra aeroportuaria, según explica Cossío tras la presentación del informe. Las incidencias detectadas en las visitas han sido trasladadas a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma en una reunión. Hasta seis conclusiones han alcanzado en su visita que “evidencian la situación denigrante, de dejadez e insalubridad”, según ha explicado Antonio García Guillén, secretario general de UFP en Ceuta.

“No existen medidas de seguridad suficientes y hemos llegado a lamentar pérdidas de vidas humanas por avalanchas”, destacan los sindicatos. Todo ello, en una ciudad en la “se estiman que entran diariamente unas 30.000 personas”, según cálculos de García Guillén. En ellas, los sindicatos dicen presenciar “un modelo de esclavitud nada propio de países desarrollados, gente de todas edades, en muchos casos con problemas físicos, cargando fardos en sus espaldas o en vehículos destartalados, sin ningún tipo de control fiscal, realizando varias entradas y salidas durante el día”.

Pasos como el de Farhana soportan “cada día unos 500 coches, cuando está preparado para 100; 15.000 personas, cuando está capacitado para 2.000”, ha detallado Jesús Barranco, responsable sindical de SUP en Melilla. Esta elevada afluencia en pleno nivel cuatro de alerta antiterrorista “convierte a esta actividad [en referencia al porteo] en extremadamente peligrosa para la seguridad de la ciudad, y del Estado”, concluyen los sindicatos. Mientras, aunque reconocen que la colaboración de Marruecos “ha mejorado”, creen que sigue siendo insuficiente: “Resulta, en muchos casos, sospechoso cómo se producen avalanchas de grupos organizados que, corriendo, asaltan la puerta y lo que encuentran a su paso, o se encaraman en la valla ante la pasividad de los agentes marroquís”.

Esta presión “de personas en situación precaria”, como reconoce Cossío, se encuentra, en el lado español, una realidad no mucho más halagüeña en los pasos fronterizos. “El principal problema radica en la evidente falta de personal”, ha explicado Barranco. En la actualidad, en torno a un centenar de agentes se encargan de controlar los seis puntos fronterizos, cuando el delegado del SUP en Melilla estima que “son necesarios otros 100 agentes más”. Con esa cifra, creen que se solventarían unos problemas que se hacen especialmente delicados en los puestos terrestres que lindan con Marruecos. “Es materialmente imposible realizar un mínimo control de entrada y salida con estas condiciones”, reconocen las cuatro organizaciones policiales.

Esta precariedad, se traduce, según el informe sindical, “en unas maratonianas jornadas de trabajo que, ante la imposibilidad de llevar a cabo descansos regulados, conllevan necesariamente una fatiga visual y ergonómica que perjudica gravemente la salud física y mental de los compañeros”. Ante ello, los sindicatos critican que solo se pongan “parches y soluciones de emergencia”, como destinar a agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), destinados a la seguridad ciudadana, a ordenar las colas de salida en frontera. Además de los cinco policías para controlar a 13.000 personas, las asociaciones ponen otros ejemplos de precariedad: “La oficina de asilo ha tramitado 10.500 solicitudes en 2017, contando apenas con una decena funcionarios para desarrollar esta misión, en unas instalaciones sucias, y con goteras”.

Los cuatro sindicatos han puesto también en solfa la situación de las instalaciones en las que los agentes desarrollan su trabajo: “Adolecen, arquitectónica y estructuralmente, de aquellos elementos necesarios para proteger la seguridad y salud de los trabajadores que realizan su tarea”. Denuncian que no hay medidas de protección ante elevados niveles de ruido y de gases tóxicos, producidos por los vehículos procedentes de Marruecos. “Tenemos compañeros de baja aquejados de los bronquios, otros con migrañas o dolores de cabeza”, ha reconocido García Guillén.

El resultado del trabajo realizado por los sindicatos será reflejado en un informe de prevención de riesgos laborales que, en los próximos días, van a elevar al Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Melilla así como a la Comisión Nacional de Salud y Riesgos laborales. Esperan que, con él, se consiga arrancar un compromiso a las autoridades españolas ante la situación. “Aunque existe voluntad, apenas se nos han ofrecido soluciones políticas (…), lo que nos transmite la imagen de una ciudad que parece abandonada a su suerte, como si no hubiese interés real en erradicar este mercado negro realizado por esclavos”, remachan con contundencia.

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