Las elecciones al Consejo Fiscal movilizan las demandas de la carrera

Los 2.400 fiscales españoles están en campaña. El próximo miércoles se celebran las elecciones al Consejo Fiscal, un órgano consultivo con vocación de contrapeso del poder casi absoluto del fiscal general del Estado. La convocatoria, que se celebra cada cuatro años, sirve para poner sobre la mesa las demandas de una carrera tan diversa en su composición como tradicionalmente poco inclinada a los cambios. “Seguimos siendo un cuerpo con cierta tendencia inmovilista, quizá por nuestra propia naturaleza de defensores de la ley, que nos lleva a identificarnos con lo establecido”, reflexiona Álvaro García, uno de los candidatos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Este año, a las reivindicaciones ya clásicas de que los fiscales asuman la investigación de las causas penales, o que el ministerio público cuente con un presupuesto propio para romper el cordón umbilical que le hace depender económicamente del Ministerio de Justicia, se suman otras nuevas. Todos los sectores de la carrera fiscal reclaman mejoras salariales, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a seis meses el plazo de investigación ordinario de los delitos, y el replanteamiento –o la retirada- del plan de justicia digital, cuyas incidencias, casi diarias, entorpecen la labor de jueces y fiscales. Dada la actual división política, todas estas peticiones, que suscitan un apoyo masivo en la carrera y en las que coinciden todas las asociaciones, corren riesgo de eternizarse.

El Consejo Fiscal es el único organismo de extracción estrictamente democrática que existe en la función pública. Lo componen doce miembros. Tres de ellos son natos: el fiscal general, Julián Sánchez Melgar; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, y el fiscal inspector, Fausto Cartagena. Los nueve puestos restantes son elegidos, en una votación nacional, por todos los integrantes de la carrera. El Consejo Fiscal, entre otras competencias, informa sobre las propuestas de nombramientos de cargos, elabora informes sobre ascensos y emite dictámenes sobre proyectos de ley que afecten a su organización o a sus funciones.

Los comicios se celebran con listas semiabiertas, en las que, al igual que suceden en las elecciones al Senado, cada una de las tres asociaciones del ministerio público presenta a seis candidatos por orden alfabético y los electores eligen a un máximo de seis aspirantes de cualquiera de las listas. Existe la posibilidad de que un fiscal no asociado se presente si recaba 45 avales de sus compañeros, pero en estas elecciones no ha habido ningún candidato independiente. El cargo de vocal no está remunerado y los fiscales que lo ocupan siguen en su destino.

Cristina Dexeus rechaza de plano la etiqueta de “conservadora” que se suele colgar a la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de la que es presidenta. Esta agrupación cuenta ahora con seis vocales en el Consejo. Según Dexeus, destinada en Cataluña, la AF, además de dar la batalla en las demandas que comparte con el resto de asociaciones, se distingue por una especial sensibilidad con la conciliación familiar de los fiscales. “Somos muy prácticos, en el último concurso de traslados conseguimos que los fiscales retuvieran el destino de origen mientras sus hijos no hubieran acabado el curso escolar”, afirma. Dexeus también recuerda la “apuesta” de la AF por la “carrera horizontal”, un mecanismo para evitar que el tapón generacional de los nacidos en la década de los 60 impida que los incorporados después puedan ascender de categoría en el cuerpo pese a seguir ocupando plazas inferiores.

El órgano dirigido por Julián Sánchez Melgar cuenta con un 63% de mujeres –en algunas fiscalías como la de Madrid, el dato es del 79%– aunque los hombres ocupan el 72% de los puestos directivos, a los que suelen acceder fiscales de más edad. Álvaro Garcia, de la progresista UPF, hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia una “igualdad real” en la carrera, tanto en el aspecto de género como de la propia concepción jerárquica de la Fiscalía. “Defendemos un modelo en el que el fiscal jefe es un coordinador de sus compañeros y no tanto un superior jerárquico, hasta ahora los fiscales generales apuestan por un modelo de órdenes, instrucciones e intervención directa en los procedimientos”, señala.

La UPF cuenta con tres vocales en el Consejo saliente. García considera realista conseguir un miembro más. “Somos el único voto útil para ser el auténtico contrapeso al fiscal general y que dejemos de ser una dirección general del Ministerio de Justicia, que es lo que parecemos”, afirma. El pasado 5 de marzo, las asociaciones judiciales y de fiscales amenazaron con una huelga en mayo si el Gobierno no despolitiza la Justicia. “En UPF no cuestionamos el derecho a la huelga de jueces y fiscales, somos funcionarios y servidores públicos con derechos laborales, e iremos a donde se a defenderlos”, manifiesta García.

La papeleta del día 21 se completa con la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que actualmente carece de representantes en el Consejo. Su portavoz, Miguel Pallarés, lo achaca al propio sistema electoral en el que los fiscales acaban votando a la plancha completa de cada candidatura. “Las otras dos asociaciones llevan funcionado y repartiendo cargos del consejo 30 años, y su actuación no tiene repercusión, es totalmente inoperante. El Consejo tiene que tener más competencias y que además de asesorar, controle y motive sus actos, que no se repartan cromos y sirva para colocar a los tuyos en cargos discrecionales, que la AF y la UPF no estén tan contentas como están ahora”, afirma Pallarés.