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Amnistía acusa al Gobierno de usar leyes antiterroristas para restringir la libertad de expresión

La ONG pide derogar el artículo del Código Penal que castiga el enalticimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas

Manifestación en favor de la libertad de expresión en Granada, en 2016, tras la detención de dos titiriteros en Madrid.

Amnistía Internacional (AI) lo tiene claro: "En España se está atacando la libertad de expresión". La ONG llega a esta conclusión en un nuevo informe monográfico elaborado tras las decenas de condenas y procesos judiciales abiertos por supuesto "enaltecimiento del terrorismo" en las redes sociales. "El Gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet —desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes— utilizando las categorías generales previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país", subraya la organización, que enmarca esta actitud dentro de toda una batería de limitaciones de derechos que asuela Europa actualmente.

"Los Estados están restringiendo diversas formas de expresión, incluida la expresión en Internet, so pretexto de la seguridad nacional", continúa Amnistía Internacional, apenas tres semanas después de que el Tribunal Supremo condenase a tres años y medio de cárcel al rapero Valtònyc. Una sentencia que coincidió, además, con el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, y la retirada de la obra de arte Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, en la feria Arco.

La ONG describe en su nuevo informe cómo España recurre "abusivamente" a preceptos previstos para la lucha antiterrorista para "criminalizar" un abanico amplio de declaraciones vertidas en redes sociales. En concreto, Amnistía carga contra el artículo 578 del Código Penal, que prevé penas de hasta tres años de cárcel para quienes enaltezcan el terrorismo o humillen a las víctimas. "Las autoridades vienen utilizando este artículo para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país", destaca el documento, que acusa al Estado de "penalizar" así expresiones legítimas e incumplir las normas internacionales de derechos humanos. "El impacto del 578 es devastador para las personas: desde cuantiosas multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión", añade, antes de pedir la derogación de este precepto.

Los casos que demuestran esta tesis son numerosos, según subraya AI: las acusaciones contra los titiriteros, el procesamiento al músico César Strawberry o la condena a Cassandra Vera en la Audiencia Nacional posteriormente absuelta por el Supremo. "Estos casos reflejan una intolerancia creciente y peligrosa hacia cualquier expresión, incluida la artística, que pueda considerarse provocativa, inquietante o incluso ofensiva. Pero escandalizar a personas diciendo o tuiteando o cantando cosas ofensivas no es delito. Aplicar el derecho penal a estas expresiones no solo estigmatiza, sino que las graves consecuencias que puede conllevar son preocupantemente desproporcionadas", insiste la ONG.

El informe carga contra las Operaciones Araña impulsadas por las fuerzas de seguridad entre 2014 y 2016. Cuatro actuaciones policiales coordinadas que implicaron la detención de más de 70 sospechosos de "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en redes sociales. Entre los detenidos se encontraba Arkaitz Terrón, un abogado vasco de 31 años residente en Barcelona, que finalmente resultó absuelto por la Audiencia Nacional. "En mi caso, no consiguieron nada. Pero su objetivo no son las 60 personas procesadas tras las Operaciones Araña. Lo que buscan es que la gente se lo piense dos veces antes de expresar su opinión en la red, sobre todo las personas más críticas", denuncia el letrado. "Su caso demuestra lo estrechos que se han vuelto los límites de la expresión aceptable en Internet en España", añade Amnistía Internacional.

Según los datos recabados por Amnistía, el artículo 578 ha dejado 66 condenados en los dos últimos años: 35 en 2016 y 31 en 2017. Una cifra superior a la registrada durante todo el lustro anterior: 53. Este alza se traduce en una "autocensura por miedo a sufrir la represión"; una "reducción del debate público; y, unida a la ley mordaza, "una amenaza a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la capacidad de garantizar no solo el derecho a la libertad de expresión, sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales".

"Bajo el disfraz de la seguridad nacional, las autoridades están silenciando a artistas"

"Demasiada gente ha pasado por aquí en los últimos años por el mero hecho de expresar sus opiniones", se ha arrancado este martes Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, junto a la puerta de la Audiencia Nacional, donde ha presentado el informe. "Bajo el disfraz de la seguridad nacional, las autoridades están silenciando artistas, periodistas y usuarios de redes sociales", ha continuado el representante de la ONG, que ha calificado el 578 como un artículo "vago y ambiguo", que "se aplica de forma caprichosa".

Junto a Beltrán, han comparecido también este martes Cassandra Vera y el rapero Nyto Rukeli, del colectivo La Insurgencia, condenado a dos años y un día de cárcel. "Estamos a la espera de que se pronuncie el supremo, pero creemos que nos subirán la pena", ha afirmado el músico, que ha atribuido enmarcado esta sentencia en un contexto de "represión" del Estado. "Hay que acabar con el 578. La libertad de expresión está casi herida de muerte en España", ha apostillado Vera.