Bélgica sobre Puigdemont: “Si se quiere quedar debe registrarse en el Ayuntamiento”

128 días después de su llegada a Bélgica, la fórmula legal por la cual optará Carles Puigdemont para seguir residiendo en el país es desconocida. El asunto ha llegado al Parlamento belga. Este miércoles, la diputada socialista valona Julie Fernández interrogó sobre el tema al secretario de Estado de Asilo e Inmigración, el nacionalista Theo Francken. "Si quiere seguir más de tres meses, debe registrarse en el Ayuntamiento como cualquier europeo", afirmó el político flamenco. El expresidente catalán suma más de cuatro meses en territorio belga, pero cuando llevaba 83 días viajó a Copenhague para dar una charla en una Universidad de la capital danesa. Francken ha explicado que ese desplazamiento pone el contador a cero. "Cuando un ciudadano de la UE sale de Bélgica tras una estancia inferior a tres meses, puede volver para un nuevo periodo de tres meses".

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El intercambio entre ambos, ella descendiente de exiliados asturianos del franquismo crítica con los separatismos flamenco y catalán, él declarado defensor de Puigdemont y asistente ocasional a la Diada en Cataluña, fue ganando en intensidad y mordacidad. "Si lo hace repetidamente [abandonar el país] se podría considerar que se incurre en un fraude. Y que no todos somos iguales. Hay quien tiene medios económicos para salir y quien no los tiene", lanzó Fernández. "No se necesita mucho dinero para tomar un autobús a Holanda", replicó Francken. Un billete de ida y vuelta a Francia, Holanda, Alemania o Luxemburgo, por citar los países fronterizos con Bélgica, tiene un coste inferior a 40 euros en determinadas fechas. Menos si se hace el recorrido en un vehículo privado.

Ante la insistencia de Fernández, el responsable de Asilo aclaró que tal como marca la libre circulación, ningún ciudadano comunitario debe transmitir a las autoridades sus razones para viajar a otro estado miembro, y recordó la letra de la ley. Si una vez transcurridos tres meses seguidos en el país un ciudadano de la UE no se ha registrado en un Ayuntamiento belga, se enfrenta a multas administrativas de 200 euros e incluso a la expulsión cuando se convierte en una —en palabras de Francken— "carga poco razonable" para el Estado. "No creo que el señor Puigdemont reciba ninguna ayuda social", ironizó el dirigente flamenco. El sucesor de Artur Mas en la Generalitat cobra como diputado un salario bruto de 2.800 euros al mes, y su entorno ha alquilado una casa en Waterloo por la que paga 4.400 euros mensuales.

La posibilidad de que el político catalán reciba un trato de favor por parte del Ejecutivo belga ha soliviantado los ánimos ante el enrevesado laberinto burocrático que deben recorrer otros en su misma situación. El día que Fernández y Francken discutían sobre las obligaciones de Puigdemont para residir legalmente, Karen Billiet, periodista del diario flamenco De Standaard, publicó una columna de opinión sobre el tema. En ella denunciaba las numerosas trabas que debió superar su pareja para mudarse de Berlín a Bruselas a pesar de tener empleo fijo y vivienda, y lanzaba al aire varios interrogantes. "Tras la llegada de Puigdemont a Bruselas empecé a hacerme una serie de preguntas. ¿Acaso solicitó su inscripción en el registro de extranjería del Ayuntamiento en el que reside? ¿En qué categoría lo han inscrito? ¿Cómo trabajador? ¿Presentó en ese caso un contrato de trabajo en Bélgica?".

El derecho comunitario permite a cualquier ciudadano europeo permanecer hasta tres meses en otro país de la UE con su DNI como único equipaje. A partir de ese momento, el permiso de residencia está condicionado a que la persona tenga un contrato de trabajo; disponga de un seguro médico y de recursos económicos suficientes para vivir sin necesidad de recurrir a ayudas sociales; esté estudiando en alguna institución educativa del país o sea familiar de primer grado de alguna persona que cumpla los anteriores requisitos. Si no cumple con al menos uno de estos condicionantes, la legislación europea deja la puerta abierta a una expulsión en casos excepcionales.

En los últimos años, Bélgica ha sido uno de los países más duros con los europeos desplazados al país. Su inflexible interpretación de las normas ha supuesto un vía crucis para cientos de españoles. Cada mes, los servicios sociales belgas informan a la oficina de extranjería sobre los ciudadanos de la UE que reciben ayudas del Estado. Entonces la entidad vuelve a evaluar su situación y si lo considera adecuado, les retira el permiso de residencia. Según datos oficiales, 291 españoles vieron como Bélgica les quitaba los documentos en 2013. Los dos años siguientes fueron 245, y en ambos fue la segunda nacionalidad más afectada solo por detrás de Rumanía. En 2016, el último ejercicio del que hay datos, la cifra se rebajó a 101, la quinta nacionalidad.

Ante la opacidad de los movimientos del expresidente, la diputada Fernández quiere evitar cualquier agravio comparativo frente a otros ciudadanos. Más aún si se tiene en cuenta que fue el propio responsable de Inmigración quien ofreció asilo político a Puigdemont en Bélgica un día antes de que abandonara Cataluña. El cara a cara entre ambos en la comisión de Interior del Parlamento belga puede ser el primer paso para saber más sobre la legalidad de la residencia en Bélgica de Carles Puigdemont. De momento, en caso de que todavía no se haya registrado, cuenta con cierto margen hasta agotar los 90 días de límite. Desde que aterrizó de vuelta de su accidentado encuentro en Copenhague con la profesora Marlene Wind han transcurrido 44 días.