Llarena permite a las acusaciones pronunciarse sobre la libertad de Sànchez el mismo día del pleno de investidura

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado este miércoles cinco días a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) para que se pronuncien sobre la petición de libertad de Jordi Sànchez para acudir al pleno de investidura. Si las partes agotan el plazo, Llarena no habrá resuelto sobre la libertad del candidato antes de la fecha y hora a la que se ha convocado el pleno, el lunes 12 de marzo a las 10.00. Las acusaciones podrían, no obstante, no apurar los cinco días, lo que dejaría la puerta abierta a que el juez resuelva antes.

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La celebración del pleno de investidura de Sànchez como candidato está en manos del juez Pablo Llarena desde el momento en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso para presidir la Generalitat al exlíder de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde el 16 de octubre. El reglamento de la Cámara autónoma obliga al candidato a president a asistir en persona a ese pleno, por lo que la viabilidad de la candidatura de Sànchez depende de que Llarena le dé permiso para asistir a la sesión. Pero el instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés dejó también ayer claro que los plazos jurídicos no se van a adaptar a los políticos.

Llarena ha dado cinco días a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) para que se pronuncien sobre la petición de excarcelación de Sànchez. Los tiempos marcados por el juez permiten que las acusaciones se pronuncien el mismo lunes, por lo que si las partes agotan el plazo, Llarena no habrá resuelto sobre la libertad del candidato antes de la fecha y hora prevista para el pleno, el próximo lunes a las diez de la mañana.

Tras conocer la decisión del juez, la defensa de Sánchez ha presentado este miércoles un escrito en el que apremia a Llarena a pronunciarse cuanto antes sobre la posibilidad de que el candidato acuda a la investidura y relegue la petición de puesta en libertad. Las acusaciones, que previsiblemente van a oponerse a la salida de prisión del dirigente secesionista, podrían, no obstante, no agotar los cinco días y presentar sus escritos durante esta semana, lo que dejaría la puerta abierta a que el juez resuelva antes del lunes.

Las fuentes consultadas se inclinan porque el instructor no accederá a la petición del expresidente de la ANC. En cualquier caso, el debate de investidura no puede celebrarse antes de que Llarena resuelva y, en el supuesto de que permitiera a Sànchez acudir al pleno, el dispositivo para hacerlo posible requiere un tiempo. En primer lugar, porque el preso tiene que ser trasladado al Parlament desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Y además, porque uno de los argumentos principales de Llarena para oponerse a que los diputados presos (Sànchez y Oriol Junqueras) acudan a los plenos es que podrían producirse “graves enfrentamientos ciudadanos”. “Afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con las garantías”, según ha descrito Llarena, supone un riesgo que hasta ahora el juez no ha querido asumir y que en el caso, poco previsible según las fuentes consultadas, de que esta vez se asumiera, implicaría un dispositivo que no se puede improvisar.