La huelga de los muertos que siguen vivos
Galicia cumple un mes con sus juzgados y registros civiles paralizados por una protesta de funcionarios que exigen a la Xunta una subida de salario y plantilla
“Galicia va a sufrir durante años las consecuencias de este mes de huelga”. Con estas palabras resume Félix Mondelo, presidente del Consello da Avogacía Galega que agrupa a los siete colegios de abogados de la comunidad, el grave colapso al que se enfrenta la Justicia gallega después de un mes de paro indefinido de sus funcionarios con nóminas más bajas, levantados contra el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para pedir una subida de salario y plantilla.
Desde el 7 de febrero, según los colegios de abogados, más del 85% de los juzgados no han celebrado ninguna vista. El seguimiento de la protesta, pese al tijeretazo que supone en los sueldos de los aproximadamente 2.700 auxilios, tramitadores y gestores que trabajan en el sistema judicial gallego, fue masivo al principio y 20 días laborables después continúa igual. “No vemos muchas bajas entre los huelguistas. Los trabajadores están firmes en continuar”, apunta Mondelo.
En los registros civiles no se tramitan ni defunciones ni nacimientos y el presidente de la Asociación de Funerarias de Galicia, José Becerra, alertó hace días que son más de 1.000 los gallegos fallecidos que para la Administración siguen vivos porque su muerte no ha podido ser inscrita. Las licencias de enterramiento, explicó Becerra, sí están incluidas en los servicios mínimos pero no la inscripción de la defunción, por lo que “no se pueden realizar trámites de pensiones de viudedad, orfandad, transmisión de cuentas bancarias o cobro de seguros”.
Los servicios mínimos, recurridos por los sindicatos, se están cumpliendo “por regla general”, dice la Xunta, que discrepa, sin embargo, con que no se esté incluyendo en ellos la inscripción de las defunciones pese a ser “servicios esenciales”. El Gobierno gallego ha acudido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que intervenga.
Los señalamientos se mantienen hasta que se comprueba la ausencia de personal para celebrar las vistas, por lo que abogados, acusados, testigos y peritos se ven obligados a peregrinar cada mañana hasta los juzgados como si fuera a celebrarse lo que casi nunca se celebra. Entre el retraso que ya sufrían los expedientes antes de la huelga por falta de medios y el que se avecina, los casos que se abran ahora tendrán que esperar hasta el Xacobeo de 2021 para llegar a juicio. “Antes de la huelga había juzgados de lo social señalando vistas para 2020”, señala el presidente del Consello da Avogacía. “El presupuesto para la justicia, tanto el autonómico como el nacional, siempre ha sido rácano”.
Los sindicatos cifran ya en más de 10.000 los juicios suspendidos en este mes de huelga, pero la Consellería de Xustiza considera exagerado el cálculo porque “la estadística del Consejo General del Poder Judicial informa que en 2017 hubo en Galicia 71.000 señalamientos” (unos 6.500 al mes sin contar agosto).
El vicepresidente de la Xunta y consejero de Xustiza, Alfonso Rueda, anunció este martes en el Parlamento gallego que convocará a los sindicatos a una nueva reunión. En un tono conciliador con las centrales y funcionarios judiciales, muy diferente al utilizado en el último mes, Rueda tendió “la mano del Gobierno gallego” para “buscar una solución” a un conflicto que está provocando “numerosos perjuicios a los trabajadores en huelga y especialmente a los ciudadanos y a los colectivos que trabajan en los juzgados”.
Pese a que Rueda había advertido que su oferta de subida salarial de entre 90 y 68 euros al mes para aplicar en 2019 y 2020 “no iba a variar” por mucho que pasasen los días (los huelguistas piden 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde 2018), su departamento ya no descarta presentar otra oferta al alza. “La voluntad de la Xunta es negociar sobre todos los puntos objeto de controversia”, señalan desde Vicepresidencia. “Lo que pedimos es que se sienten a negociar de verdad”, reclama Nilo González, del comité de huelga. “En las últimas reuniones no negociaron nada”.
Con los funcionarios de justicia a las puertas de la Cámara autonómica clamando contra la Xunta y el comité de huelga en la tribuna de invitados, la oposición censuró durante el debate parlamentario la “estrategia de confrontación” mantenida hasta ahora por el Gobierno de Feijóo. En Marea, PSOE y BNG le recriminaron al vicepresidente Rueda su “prepotencia y soberbia de mayoría absolutista” y lo acusaron de “mentir” y “trampear” los datos intentando presentar a los funcionarios “mileuristas” de la justicia como “privilegiados e insolidarios”.
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