Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Ejército del Aire quiere echar a la cabo que defiende a las mujeres militares

La secretaria de Igualdad de la asociación mayoritaria en las Fuerzas Armadas criticó el acoso en sus tuits

El Ejército del Aire quiere echar a la cabo que defiende a las mujeres militares

El Ejército del Aire ha abierto expediente para expulsar a la cabo Teresa Franco, secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la asociación profesional mayoritaria en las Fuerzas Armadas. Más de la mitad del expediente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, lo ocupa un estudio exhaustivo de su cuenta personal de Twitter, que recrimina a la cabo sus críticas al acoso sexual y laboral o a la ausencia de chalecos antibala femeninos en los ejércitos. Su expulsión depende de la ministra Maria Dolores de Cospedal.

Lo lógico es que para expulsar a la cabo Franco, si hubiera motivos para ello, se le hubiera abierto un expediente disciplinario por falta muy grave, castigada con la resolución del compromiso para los militares temporales, como es su caso. Sin embargo, el Ejército del Aire ha preferido recurrir a otro procedimiento que ofrece menos garantías de defensa para el afectado: una evaluación extraordinaria sobre insuficiencia de sus facultades profesionales.

Se trata de determinar si la militar, que ingresó en filas en septiembre de 2001 y está destinada en la Escuadrilla de Policía de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), ha perdido sus facultades para seguir vistiendo el uniforme.

Aunque pertenece al escalón más bajo del Ejército, la tropa profesional, Franco tiene dos diplomaturas universitarias, un máster en Género e Igualdad y cursa estudios de Derecho. Forma parte de la dirección de AUME y es vocal del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un organismo asesor de Defensa en el que se sientan los representantes de las asociaciones y altos cargos del Ministerio.

No obstante, en el informe que ha servido de base al expediente se le atribuye “una escasa fortaleza anímica ante la adversidad y poco control y dominio de sus emociones”; así como “grave falta de lealtad y nulo compromiso y colaboración con los propósitos del mando”. En concreto, le reprocha sus “habituales expresiones de disconformidad [...] en temas de distribución horaria, jornada y conciliación de la vida profesional con la personal”.

No solo la acusa de haber presentado numerosas reclamaciones —un derecho que tienen legalmente reconocido los militares— sino que la culpa de que esta actitud “haya calado” en sus compañeros, que elevaron 12 escritos de queja, y en otra militar, que denunció a su jefe por acoso.

También la critica por haber intervenido sin permiso en el programa El Objetivo de La Sexta, donde denunció la ausencia en las Fuerzas Armadas de chalecos antifragmentación para mujeres, tachándola de “manifestación inequívoca del machismo imperante”, según el informe. Este mismo problema fue denunciado por Pilar Villacorta, dirigente asociativo de la Guardia Civil, y el instituto armado lo ha resuelto comprando más de 4.700 chalecos femeninos.

“En una ocasión”, agrega el informe sin citar la fuente de la información ni cuándo o dónde se produjo el hecho, lo que evidencia una alarmante falta de rigor, la cabo “llegó a comentar en público que había que tener cuidado con ella porque al ser amiga de Julio José [se refiere a José Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y ahora dirigente de Podemos] éste le había ofrecido estar en su equipo del Ministerio de Defensa si el partido al que pertenecía conseguía llegar al poder”.

Una charla con tintes xenófobos

M. G.

El informe sobre la cabo Franco le reprocha su “desproporcionada reacción” en una charla sobre yihadismo e inmigración. Según el texto, la cabo dijo que el Gobierno español “estaba haciendo una canallada con los refugiados al dejarlos morir en el Mediterráneo”, mientras que otros militares “afirmaron que no veían bien la entrada sin control por los riesgos de seguridad”. El oficial que daba la charla concluyó que “entendía que ancianos y niños/familias salieran de las zonas de conflicto, pero que había muchas otras personas que deberían quedarse a defender a su nación y no lo habían hecho”; y preguntó a los presentes si “ellos no se quedarían en el país a defenderlo”. El informe justifica al oficial y carga contra la cabo que “se ofendió” y escribió dos tuits aludiendo al incidente, aunque sin mencionarlo.

El expediente dedica más de un centenar de folios a reproducir y comentar los tuits de la cabo, de los que deduce “su carencia de virtudes y cualidades militares, su errónea actitud ante el servicio y ante la institución militar, así como su falta de competencia y prestigio profesional”. Aunque ella no se identifica como militar en su cuenta de twitter, donde aparece fotografiada de civil, el informe asegura que sus más de 2.000 seguidores conocen su profesión y le echa en cara que no respete su deber de neutralidad política.

“Las opiniones de partidos del espectro ideológico de la izquierda siempre son recibidas con agrado y buen ánimo pero, en cambio, las del espectro ideológico contrario son siempre denostadas, tachadas o tildadas de ejemplos de mal hacer, quedando claro las ideas políticas de la cabo Franco”, alega el informe.

Aunque el redactor del expediente asegura que “muchos de los mensajes vertidos en la red [social] por la cabo serían suceptibles de corrección disciplinaria por falta grave y otra mayoría bordean la disciplina y la neutralidad política y las normas de conducta militar”, nunca se le ha sancionado por su actividad en twitter. Lo sorprendente es que ahora se utilicen estos tuits para expulsarla del Ejército con un expediente de pérdida de facultades profesionales que, en teoría, no tiene carácter sancionador.

Además de su actividad en redes sociales, el expediente incluye, como es preceptivo, los tres últimos Informes Personales de Calificación (IPEC), elaborados por sus jefes, todos ellos con resultado negativo, así como las quejas que ella ha presentado, todas archivadas, y las sanciones que se le han impuesto. En la mayoría de estas últimas figura directa o indirectamente su exjefe inmediato, a quien la cabo ha denunciando por acoso laboral ante el juzgado togado militar.

Teresa Franco tiene un compromiso de larga duración con el Ejército que, al no haber accedido a la condición de permanente, concluye en mayo de 2021, cuando cumpla 45 años. Si es despedida antes, por considerarse que ha perdido sus facultades militares, no podrá convertirse en Reservista de Especial Disponibilidad (RED) y cobrar 600 euros mensuales como sus restantes compañeros. La decisión última, una vez concluido en el expediente, corresponderá a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

 

Más información