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El PP busca fórmulas para impedir que Puigdemont cobre como diputado

El expresidente catalán gana 2.800 euros brutos mensuales mientras sigue huido

Juan José Mateo
Mariano Rajoy, durante su intervención en la escuela de invierno del PP.
Mariano Rajoy, durante su intervención en la escuela de invierno del PP. Cristóbal García (EFE)

El PP busca fórmulas para impedir que Carles Puigdemont y Toni Comín sigan cobrando su sueldo como diputados autonómicos (2.800 euros brutos mensuales) mientras siguen huidos en Bruselas (Bélgica) para escapar a la acción de la justicia española. Aunque los dirigentes de la formación reconocen la dificultad de culminar con éxito el proyecto, apuestan por apurar todas las vías contra una situación “que desnaturaliza la condición de parlamentario”. Al tiempo, el Gobierno duda de que se pueda usar el artículo 155 para actuar contra los altos cargos de la Generalitat que donan parte de su sueldo a los huidos.

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El PP puede plantear una queja ante la Mesa del Parlament (con mayoría independentista), proponer una reforma del reglamento que castigue el absentismo con la pérdida del sueldo (difícilmente tendrá apoyos) o intentar judicializar la polémica o trasladarla al Congreso, según fuentes de la dirección nacional. Lo que es seguro es que el partido de Mariano Rajoy pondrá el acento en la contradicción que a su juicio supone cobrar un sueldo público, no realizar el trabajo por el que se ingresa, y estar huido en el extranjero para escapar a la acción de la justicia española, según razona uno de los políticos que aconseja al presidente del Gobierno.

Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros residen en Bélgica desde octubre de 2017. En distintas ocasiones han argumentado que su estancia no se paga con dinero público, sino con aportaciones de amigos y fondos propios. Además, Puigdemont y Comín reciben cada mes su sueldo de diputado autonómico, lo que no ocurre con los exconsejeros Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, que renunciaron al acta de diputado tras las elecciones catalanas del 21-D.

“Esta situación desnaturaliza la condición de parlamentario”, resumieron desde la dirección nacional del PP sobre las previsibles ausencias de todos los plenos y comisiones de los dos líderes independentistas huidos a Bélgica.

¿Qué dice el reglamento del Parlament al respecto? Que el diputado que se ausente de tres sesiones plenarias o de comisión consecutivas, o de cinco alternas, “puede ser privado del derecho a percibir la asignación de un mes y de los demás derechos de carácter económico”. La norma también recoge que un diputado puede ser excluido temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria si reincide en esa falta, lo que “comporta la pérdida de las asignaciones, las dietas y las indemnizaciones”. Para ello, el pleno de la Cámara debe tomar la medida por mayoría de dos tercios, especificando la duración de la medida. Como el Parlament tiene mayoría independentista, esa vía no parece aplicable. Además, apenas hay precedentes.

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Así, en 1992 el Senado retiró la retribución de los senadores de Batasuna (Íñigo Iruín, José Luis Elcoro y José Luis Álvarez Emparanza) por sus reiteradas ausencias en la Cámara alta. Sin embargo, no se les sancionó económicamente hasta que completaron un año de inasistencia. Ese es un dato clave que ya apuntaron los letrados del Congreso cuando Ciudadanos pidió sancionar a los diputados de ERC y del PDCAT, que se ausentaron voluntariamente de múltiples plenos para protestar por la situación política de Cataluña.

“Habría que recurrir para impedir que sigan cobrando del Parlament”, argumentó un segundo interlocutor de la dirección nacional del PP. “Pero me temo que eso depende de la Mesa del Parlament”, añadió, avanzando la intención del partido de estudiar si el dinero de los grupos parlamentarios de la Cámara catalana “es fiscalizable” para así escrudiñar si se utiliza para sostener económicamente la huida de Puigdemont.

Al tiempo, fuentes gubernamentales y populares dudan de que se pueda emplear el artículo 155 de la Constitución para multar o cesar a los altos cargos que están financiando el día a día de los independentistas huidos. El Ejecutivo aplica en esta cuestión el mismo criterio que cuando decidió la intervención de la Generalitat y debió elegir qué altos cargos y qué funcionarios seguían en sus puestos: evaluar a cada uno por su desempeño laboral y no por la ideología que profese en privado o por lo que haga con sus ahorros.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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