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El Gobierno investiga cómo se financia Puigdemont en Bruselas

El Ejecutivo fiscaliza que no se esté dedicando dinero público a sufragar la huida

Juan José Mateo
Carles Puigdemont durante la entrevista en RAC1.
Carles Puigdemont durante la entrevista en RAC1. EFE

El Gobierno investiga cómo está pagando Carles Puigdemont su estancia en Bruselas (Bélgica). El expresidente de Cataluña se fugó a esta capital europea junto a cinco de sus consejeros a finales de octubre de 2017 y con el objetivo de escapar a la acción de la justicia española. Desde entonces, Puigdemont ha ocupado primero un apartahotel y ahora un chalet en Waterloo, mientras participaba activamente de la política catalana desde la distancia. El Gobierno quiere garantizar que no se está destinando ni un euro de dinero público a sustentar las actividades de un prófugo de la justicia, según fuentes de La Moncloa, y está convencido de que finalizará con éxito las pesquisas para conocer cuál es la fuente de financiación del líder independentista. “Lo sabremos”, advierten, tajantes, desde La Moncloa.

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“Velaremos por el uso correcto del dinero público”, especificaron fuentes gubernamentales sobre la actividad fiscalizadora emprendida por el Ejecutivo, que ya el jueves avanzó su voluntad de estudiar cómo se financia Puigdemont. “Un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario público”.

“Y ojo al que pague un sueldo con dinero público a ese gobierno simbólico que quieren constituir”, había apuntado días antes un segundo interlocutor del Gobierno sobre el plan que barajan los independentistas catalanes para crear en Bruselas unas instituciones paralelas al Govern de la Generalitat y dirigidas por Puigdemont.

“La creación de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. “Las estructuras institucionales que existen en cualquier comunidad son las de la Constitución y las de los estatutos de autonomía”, ha continuado. “Lo otro es fantasmagoría. No tiene nada que ver con la realidad de las cosas y no tendrá ninguna efectividad ni tendrá ni un euro del erario público. Son puras irrealidades”.

A finales de 2017, el diputado Francisco de la Torre de Ciudadanos le preguntó al Gobierno si sabía cómo se estaban financiando los independendentistas que residen en el extranjero. A mediadios de febrero, el Ejecutivo reconoció en una respuesta parlamentaria por escrito que no tenía infomación al respecto.

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Los abogados del líder independentista han advertido este viernes de que reclamarán la intervención de distintos organismos internacionales para forzar el diálogo con el Gobierno español. Este, por su parte, ha acogido con satisfacción que Puigdemont haya renunciado a ser candidato a la investidura, aunque haya propuesto en su lugar a Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, en prisión provisional.

“Si algo ha quedado claro es el nulo eco de las reclamaciones y peticiones del señor Puigdemont por parte de la Comunidad internacional”, ha opinado Méndez de Vigo, que ha recordado que ningún país reconoció la declaración unilateral de independencia de Cataluña. “El eco que obtiene una persona que se ha fugado de un país para no hacer frente a sus responsabilidades es cero”.

Resoluciones del Parlament

Además, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado que el Gobierno no recurrirá las resoluciones adoptadas ayer en el Parlament para reivindicar el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

"No pretendemos estar en un actividad de impugnación permanente, sino de aquellas resoluciones o disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por tanto, sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso administrativa", ha argumentado el titular de Justicia. "Esta de ayer, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento".

Así, el Ejecutivo considera que las resoluciones tienen un carácter meramente declarativo y que no implican modificaciones normativas o legales de ningún tipo, por lo que no son impugnables.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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