El ‘caso Púnica’ revela la falta de control del correo de los altos cargos

El borrado que la Comunidad de Madrid hizo de los correos electrónicos de Francisco Granados cuando fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y que buscaba el juez del 'caso Púnica' ha sacado a la luz la inexistencia en España de un norma común para tratar estos mensajes tras el cese de un alto cargo. El Ejecutivo madrileño defiende su procedimiento, que no especifica cuándo ni cómo hacerlo. A nivel estatal, solo hay una recomendación del Centro Criptológico.

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El pasado 30 de enero, García-Castellón reclamó al Ejecutivo madrileño los mensajes enviados y recibidos en el correo electrónico oficial del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras ya extinguida desde la que se acometieron numerosas obras públicas del Metro de Madrid ahora bajo sospecha.

El juez buscaba nuevas pruebas del supuesto amaño en las adjudicaciones de esta sociedad pública y de Arpegio, la empresa de la comunidad encargada de la gestión del suelo y del plan de inversiones Prisma. Sin embargo, los guardias civiles enviados por el magistrado se volvieron con las manos vacías. Los correos de Granados y su jefe de Gabinete habían sido eliminados en abril y junio de 2012, respectivamente, diez meses después de sus ceses. Los de los otros cuatro investigados, en diciembre de 2017.

Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital, entregó a los agentes un escrito en el que aseguraba que en los servidores informáticos de la Comunidad de Madrid no existía ya “ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas requeridas”, y a renglón seguido explicaba: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no citaba ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras.

Portavoces de la Comunidad de Madrid explicaron ayer que el servicio de mensajería electrónica de sus múltiples organismos se rige por un procedimiento de “gestión y uso” elaborado en abril de 2014 que se basa, a su vez, en una instrucción de la Dirección General de la Función Pública de marzo de 2010. Dicho procedimiento detalla los mecanismos de protección de los datos personales de los usuarios de las cuentas de correo, así como las medidas de control para el acceso a las mismas y a otros servicios, pero no detalla cómo ni durante cuánto tiempo se guardan los mensajes.

Solo recoge la existencia de un procedimiento para dar de baja a los usuarios a petición propia y cuando causan baja en la Administración. Es lo que ocurrió en el caso de Granados. Según estas fuentes, el jefe de gabinete del político, Ignacio Palacios —también imputado en el caso Púnica—, pidió la baja de la cuenta del exconsejero un mes después de que dejara el cargo, en junio de 2011. Esta se hizo efectiva en octubre de ese año. Sin embargo, la Guardia Civil constató en su visita del 30 de enero —y así figura en un pantallazo recogido en el acta que se levantó de aquel requerimiento— que la fecha de baja del buzón que figura en el sistema es abril de 2012, diez meses después de que Granados abandonara el ejecutivo regional.

La guía del CNI

La Comunidad de Madrid no es una excepción en la falta de una reglamentación precisa sobre la conservación y borrado de los correos electrónicos de los altos cargos. El Consejo de la Transparencia admite que “no hay un procedimiento único, sino que cada organismo debe fijar sus propias normas”. Para ello, asegura, existe un manual orientativo editado por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y responsable de la ciberseguridad en España.

Este centro ha editado una “guía de seguridad en correo electrónico” en el que recomienda que “los contenidos de los correos electrónicos” sean conservados “durante un período de 90 días” y que “el borrado definitivo de los mensajes electrónicos del servidor” se produzca “a los 120 días”. Fuentes del servicio secreto recalcan que estos plazos son “solo una recomendación”.

El Palacio de La Moncloa cuenta con su propia orden de seguridad interna cuyos detalles no son públicos, pero que contempla la destrucción de los mensajes a los dos meses del cese del alto cargo, informa Juanjo Mateo. Su protocolo permite al titular de la cuenta hacer una copia de sus mensajes siempre que antes consulte con su superior y obtenga su aprobación. Todos deben devolver los equipos informáticos y de telefonía utilizados en el ejercicio de su cargo.