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El Círculo de Empresarios acusa al “activismo judicial” de forzar las leyes de reforma económica

La organización deplora la “cada vez más deficiente calidad” y estabilidad de los textos normativos

Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, en marzo de 2015. Ampliar foto
Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, en marzo de 2015.

El Círculo de Empresarios ha hecho público un documento en el que acusa a “algunos tribunales” de realizar “lecturas forzadas” y “correctivas” de las leyes, en especial las de reforma económica dictadas durante la crisis económica que se inició en 2008, que “no se ajustan a la letra y espíritu” de esas normas. La asociación de fomento del libre mercado, formada por más de 200 ejecutivos de las principales empresas que operan en España, habla del “problema” del activismo judicial” y sostiene que “algunos jueces” se han convertido en “auténticos reguladores de facto” en su “afán por la búsqueda de una Justicia material siempre subjetiva”. Para ello, los jueces se basan, según el Círculo, en “razonamientos económicos defectuosos, susceptibles de causar graves daños a la gestión y a la productividad”.

En un informe titulado La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social, este foro empresarial recuerda que no se debe generalizar, pero afirman que “no faltan ejemplos relevantes que ilustran una actitud judicial de rechazo de las reformas arbitradas por el legislador”. Y añade: “El papel de los tribunales (…) no ha sido siempre acorde con el espíritu y la letra de las nuevas leyes en las que se han concretado las reformas”.

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha anulado algunos expedientes de regulación de empleo (ERE) realizados al amparo de la reforma laboral, como el de las plantas embotelladoras de Coca-Cola, en 2015. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló las cláusulas suelo de las hipotecas y obligó a la banca a la devolución con carácter retroactivo de las cuotas cobradas indebidamente.

El informe, coordinado por Isabel Duthil, socia fundadora de Argali Abogados, y José María Alonso Puig, presidente del despacho Baker McKenzie, denuncia otro factor “pertubador” para la seguridad jurídica y la actividad empresarial: “la cada vez más deficiente calidad de las leyes”. La asociación reconoce que “es inevitable que el Derecho se exprese de manera imperfecta” y que hasta cierto punto, la jurisprudencia de los tribunales puede hacer superar estos defectos. Sin embargo, advierten, esta capacidad de mejora es limitada. “No es posible confiar en que el Derecho de baja calidad que emana del legislador se transformará en un ordenamiento de calidad una vez haya pasado por la jurisdicción. La jurisprudencia puede refinar los materiales jurídicos que el legislador produce, pero estos deben superar un umbral de calidad”.

La asociación presidida por Javier Vega de Seoane se queja de que las “colisiones entre normas estatales y autonómicas no están siendo afrontadas con suficiente eficacia”, y deploran la “falta de estabilidad” del marco normativo, con “cambios en materias relevantes que afectan de manera destacada al valor de las inversiones empresariales”. Un ejemplo de ello fue la decisión del Gobierno en 2012 de eliminar las primas a las energías renovables, que arruinó a cientos de personas que habían decidido invertir en paneles fotovoltaicos, especialmente en el sur de España.

Los empresarios sostienen que esta incertidumbre se agudiza cuando los cambios de normativa se realizan a través de un decreto-ley, un mecanismo previsto por la Constitución para situaciones de “extrordinaria y urgente necesidad” y que se puede llevar a cabo sin previa publicidad. “Son especialmente preocupantes los decretos-ley ómnibus”, afirma el análisis. “La amplitud y heterogeneidad” de estas normas hace que las posibilidades del Tribunal Constitucional para controlar estos excesos “son limitadas”.

Entre otras medidas, los directivos recomiendan que se revise el actual sistema de oposición para el ingreso en la carrera judicial, al que consideran excesivamente memorístico, y en el que los conocimientos económicos y contables tienen “un peso prácticamente marginal”, y se sustituya por un modelo como el alemán donde se otorga un mayor peso al periodo de prácticas para cubrir las vacantes. Además piden que se fomente la especialización de los magistrados.

En materia penal, los empresarios denuncian disfunciones en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se implantó en 2015, con las limitaciones a las posibilidades de pactos con la acusación. También se quejan de que en la fase de instrucción se producen conculcaciones del derecho a la presunción de inocencia. “Con frecuencia se formulan imputaciones infundadas que causan graves daños reputacionales (…) No es admisible que el contenido de la instrucción se filtre a los medios de comunicación, debiendo aplicarse los mecanismos dirigidos a perseguir eficazmente las filtraciones”, reclaman.

En materia concursal, los empresarios piden “suprimir los privilegios de los que disfrutan los créditos de las Administraciones públicas”, los primeros en cobrar en caso de quiebra de una empresa, así como la acabar con la práctica de que al adquirirse “unidades de negocio” se hereden las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.