El Congreso apoya impulsar una ley contra la brecha salarial
El PP considera que el Gobierno ya trabaja en las medidas de esta iniciativa de Unidos Podemos
El Congreso de los Diputados tomará en consideración este jueves la iniciativa de Unidos Podemos para tramitar una ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. La proposición de ley, debatida en pleno este martes, ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que sin desvelar su voto ha considerado que las medidas que plantea la iniciativa ya están en las propuestas del Gobierno en la Mesa del Diálogo Social.
El PSOE, que acaba de registrar una propuesta similar, no ha descartado que ambas acaben confluyendo en una sola durante el trámite parlamentario. Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu han respaldado la proposición, aunque en algunos casos tratarán de enmendarla durante su desarrollo.
La iniciativa, coordinada por la catedrática de Derecho del Trabajo Amparo Ballester y defendida por la portavoz Irene Montero en un hemiciclo semivacío, incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley General de la Seguridad Social, o en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Entre sus propósitos, que tendrán que ser ajustados durante su tramitación, está obligar a las empresas a difundir sus sueldos medios para detectar posibles discriminaciones hacia la mujer. También persigue clarificar las nóminas y sus conceptos retributivos para que el trabajador conozca el origen de las percepciones que recibe y pueda comparar su desglose por sexos.
La proposición de Unidos Podemos, elaborada por la diputada Yolanda Díaz, pide la creación de unidades especiales de inspección de trabajo en materia de igualdad de género en cada inspección de trabajo provincial y establece como infracción grave no entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o el modelo de recibo de salarios pactado.
Asimismo, incentiva al empresario, a través de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, para disminuir la brecha salarial, le impone auditorías salariales y lo obliga a crear un registro del horario laboral para que quede constancia de las horas extraordinarias realizadas. Además, exige que el trabajador a tiempo parcial, desempeñado en su mayoría por mujeres, tenga los mismos derechos que el de tiempo completo.
Montero la ha definido como “una ley patriota” que acaba con una brecha salarial, que en España está situada “en torno al 24%”, lo que se traduce en que “las mujeres trabajan 54 días gratis al años”. Según explicó, con la mirada fija en la bancada popular, la brecha salarial genera beneficios a la patronal 42.000 millones, un dato que desde su punto de vista explica la actitud de Mariano Rajoy ante el problema con su expresión “No nos metamos ahora en eso”. “Su Gobierno es un Gobierno machista”, ha criticado.
Según ha explicado, la propuesta exige que el convenio contenga de forma obligatoria los criterios específicos que justifiquen una determinada retribución o complemento, y se presupondrá discriminación cuandola brecha supere el 20%.
Por parte de Ciudadanos, Reyes Rivera ha considerado que esta es “una ley que podría ser una oportunidad, aunque no aborda el problema de raíz””. La portavoz ha recordado que hay cinco iniciativas contra la desigualdad que el Gobierno no ha puesto en marcha y que con esta no hará nada si supera el trámite, como ha ocurrido con el Pacto contra la Violencia Machista.
La diputada del PP Celia Villalobos ha realizado un alegado por la igualdad, pero ha calificado el de la retribución como “un tema complejo y difícil”. Ha considerado la iniciativa de Unidos Podemos “pretenden algo que todos queremos, pero carece de realidad”. Para Villalobos, lo importante es “recuperar el diálogo social”. En ese sentido, ha defendido que en las medidas que propuso el pasado noviembre el Gobierno en la Mesa del Diálogo Social “se habla de esto que ustedes proponen”. En tono áspero creciente, Villalobos ha acusado a Unidos Podemos de hacer “demagogia barata” acusando al PP de machista. “Usted está rodeada de machistas, señora Montero. Ya está bien de dar lecciones de lo que ustedes carecen”, ha reprochado distanciándose de la propuesta.
Antes del pleno, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que la proposición de ley de Unidos Podemos "poco contribuye a mejorar esta situación". "Lo que contribuye es la creación de empleo en condiciones adecuadas", ha postulado. Hernando ha afirmado que la brecha salarial en España se ha reducido del 18,5% al 14,4%.
Iniciativas rechazadas
Por otra parte, el voto contrario de PP y PSOE impedirá que la Cámara tome en consideración la proposición de ley de Ciudadanos para que el nombramiento por parte del Gobierno del fiscal general del Estado tenga que superar previamente una mayoría de dos tercios del Congreso y pueda ser también cesado por el Parlamento antes de expirar su mandato. También se han posicionado en contra Podemos, PNV, ERC y PDeCAT.
La iniciativa proponía establecer la obligación de que las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno sean por escrito, eliminando toda injerencia política en el desarrollo de las funciones de ese organismo. También incluía una modificación para garantizar la plena autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con una sección específica propia en los Presupuestos Generales del Estado y para modificar 17 preceptos de la actual Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El pleno tampoco ha apoyado una proposición no de ley ERC que pretendía eliminar los títulos nobiliarios al considerarlos una "distinción clasista" que nació en la Edad Media y es propia de "etapas autoritarias". La iniciativa de los independentistas catalanes, que no ha sido apoyada, reclamaba modificaciones legales para que el Estado no reconozca distinciones y títulos vigentes ni la concesión en el futuro.
También ha desechado una proposición no de ley del PDeCAT para derogar el decreto ley que facilita el cambio de sede social de las empresas dentro del territorio nacional, un decreto aprobado por el Gobierno cinco días después del referéndum ilegal del 1 de octubre, convalidado por el pleno del Congreso con el apoyo del 70% del hemiciclo y que, según los proponentes, ha propiciado la fuga de compañías de Cataluña.
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