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Tres altos cargos de Interior niegan ante la juez haber adjudicado ‘a dedo’ puestos de trabajo en Prisiones

El subsecretario, Luis Aguilera; el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y una subdirectora han declarado este martes como imputados por prevaricación

Juan Ignacio Zoido, en la comparecencia de enero en el Congreso en la que informó sobre la cárcel de Archidona.
Juan Ignacio Zoido, en la comparecencia de enero en el Congreso en la que informó sobre la cárcel de Archidona.

Los tres altos cargos del Ministerio del Interior imputados el pasado mes de enero por un delito de prevaricación han rechazado este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, Raquel Robles, la existencia de irregularidades en el concurso de miles de plazas de funcionarios de Instituciones Penitenciarias convocado en marzo del año pasado. Durante algo más de tres horas, el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, y la responsable de Recursos Humanos de las cárceles, Ana María Velasco, han negado la acusación de adjudicar 'a dedo' puestos de trabajo, como les acusa el sindicato mayoritario en Prisiones, ACAIP, cuya querella desembocó en su imputación. 

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, los tres altos cargos de Interior han coincidido en negar todas las acusaciones y en recalcar que el concurso "se ajustó a derecho". Yuste, además, alegó que él no tenía competencias en materia del personal y señaló al propio Ministerio y a sus subordinados como los responsables últimos de la toma de decisiones en esta materia. Por su parte, la subdirectora de Recursos Humanos ha insistido en que el sindicato denunciante se mostró en su día "muy conforme" con el proceso y mostró su extrañeza por la denuncia que ha desembocado en su imputación. A la salida de su comparecencia, el número tres de Interior, Luis Aguilera, ha asegurado a los periodistas que "la querella no tiene ni pies ni cabeza".

Las declaraciones de los tres se ha producido pese a que ACAIP pidió la suspensión de las mismas después de que considerase que Interior no había remitido al juzgado toda la documentación reclamada. Según fuentes del sindicato, el Ministerio solo había entregado la referida a los concursos de las prisiones nuevas de Ceuta y Archidona, por lo que ha anunciado que volverá a solicitar a la juez que reclame el resto de la documentación que considera clave para demostrar las supuestas irregularidades en la adjudicación de las plazas.

Una querella de noviembre

La imputación de los tres altos cargos se produjo a raíz de la querella presentada en noviembre por ACAIP en la que los acusaba de prevaricación y malversación de caudales públicos. juez Raquel Robles la admitió el 8 de enero, aunque solo por el primero de los delitos. La primera diligencia acordada ha sido, precisamente, la toma de declaración en calidad de investigados de Aguilera, Yuste y la responsable de recursos humanos de las cárceles. Portavoces del Ministerio del Interior mostraron entonces su convencimiento de que “la actuación de los tres se ha ajustado a la legalidad” y negaron “rotundamente” la existencia de “ningún tipo de irregularidades”.

En su querella, ACAIP acusaba a los altos cargos de colocar de manera “arbitraria” a funcionarios “que no reunían los requisitos legalmente establecidos” para ocupar puestos de trabajo presuntamente creados ad hoc. En la denuncia, el sindicato ponía como ejemplo la plaza de jefe de gabinete del Centro Penitenciario de Arrecife (Lanzarote), la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y los puestos de coordinador de servicios en la prisión de Villabona (Asturias) y en el Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz). También denunciaba la dotación de puestos de trabajos en dos nuevos centros, los de Ceuta y Archidona (Málaga). El primero fue inaugurado en noviembre. El segundo lo será en breve después de que haya acogido durante más de 50 días a 570 inmigrantes argelinos llegados de manera irregular a las costas españolas.

Siempre según la denuncia, la actuación de Interior desde la convocatoria del concurso —en marzo del año pasado—, hasta la resolución del mismo en octubre fue “anormal”. Y destacaba “la falta de transparencia” por la supuesta ocultación de las actas a los propios integrantes de la comisión de valoración, la “opacidad” en las puntuaciones que recibieron los candidatos y la falta de respuesta a las alegaciones que presentaron los aspirantes. Interior siempre ha negado “tajantemente” estas irregularidades e insistido en que el ministerio no tiene “competencias para crear o suprimir puestos de trabajo”.

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