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La Fiscalía sopesa pedir la detención de Anna Gabriel

La exdiputada ha confirmado en una entrevista que se quedará en Suiza y no acudirá a su cita con la justicia española

Mireia Boya, exdiputada de la CUP, a su llegada esta mañana al Tribunal Supremo. En vídeo, perfil de Anna Gabriel.

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado en una entrevista en el diario helvético Le Temps que no acudirá este miércoles a su cita en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena la había citado para tomarle declaración como investigada en la causa abierta contra los líderes independentistas. Gabriel ha asegurado que se queda en Suiza: "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", ha explicado al diario la exdiputada. "Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado", añade. La Fiscalía General del Estado se plantea pedir a Llarena que dicte una orden de detención contra la líder de la CUP, que se convierte en la sexta fugada del procés.

Anna Gabriel lleva varios días en Suiza, adonde supuestamente viajó para preparar su estrategia de defensa ante la cita de mañana en el Supremo. La CUP y el entorno de Gabriel habían evitado en los últimos días aclarar si la exdiputada iba a dejar plantado al juez, tal y como hicieron en su día Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos con él a Bruselas.

Finalmente ha sido ella misma quien lo ha confirmado mediante una entrevista. En Suiza ya dispone de un equipo de asesores con el que está trabajando desde hace unos días. El juez Llarena deberá decidir si pide la detención inmediata de la exdiputada si la Fiscalía finalmente lo solicita.

Suiza no es miembro de la UE, por lo que no está acogida al procedimiento de orden europea de detención que rige entre los Estados miembros y que se aplicó en el caso de Puigdemont. El juez español tendría que pedir una orden internacional de extradición que se gestionaría a través de la Interpol. El trámite, según las fuentes consultadas, es más complicado que en el caso de la euroorden, pero entre Suiza y España hay un largo historial de colaboración en extradiciones.

La decisión de pedir o no la activación de este mecanismo correspondería al juez Llarena, que debe solicitarlo al Gobierno español para que este la tramite. La ley española establece que para pedir la extradición debe haber una sentencia firme de condena o un auto de ingreso en prisión, por lo que el juez del Supremo tendría que decretar el encarcelamiento de Gabriel antes de pedir su entrega. Y para ordenar el ingreso en prisión de la líder de la CUP debe pedirlo alguna de las acusaciones (la Fiscalía, Vox o la Abogacía del Estado). Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalaron el lunes como "probable" la posibilidad de que se solicite al juez la detención y encarcelamiento de la líder de la CUP si esta confirma su huida.

Llarena, no obstante, podría decantarse por no actuar hasta que haya dictado el auto de procesamiento contra Gabriel y el resto de líderes independentistas, como ha decidido hacer en el caso de Puigdemont. Esta posibilidad permitiría que la petición a la justicia suiza viniera ya avalada por todas las pruebas y testimonios que el juez está incorporando a la causa para atar los indicios de los delitos que atribuye a cada uno de los investigados.

En el caso de Gabriel, la investigación se centra sobre todo en los delitos de rebelión y sedición, ya que al no ser parte del anterior Govern ni de la Mesa del Parlament no puede tener responsabilidad en la malversación que se atribuye a otros líderes independentistas. La legislación suiza no contempla ni el delito de rebelión ni el de sedición, pero castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los "delitos contra el Estado" o el intento de "cambiar mediante la violencia la Constitución" o separar con violencia "parte del territorio".

El expresidente Mas declara ante Llarena

La ronda de declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por la causa contra el independentismo, continuará este martes con las comparecencias del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la exconvergente Neus Lloveras. Tanto Mas como la líder de los municipios prosecesión están siendo investigados por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Mas abandonó la primera línea política el pasado mes de enero, al dejar la presidencia del PDeCAT. Lloveras es alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y fue diputada en el Parlament la pasada legislatura.

Con su estancia en Ginebra, la CUP pretende "internacionalizar" el conflicto y llevarlo al terreno de la lucha por los derechos humanos. La exdiputada ha estado preparando su estrategia de defensa junto al abogado suizo Olivier Peter, que ha defendido a miembros de la banda terrorista ETA y está especializado en derecho penal y extradiciones.

Estrategia de defensa

Junto a las reuniones con el abogado suizo, Gabriel y su equipo se preparan para dar la batalla jurídica en las instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Consideramos absolutamente central la dimensión internacional que podamos dar" a la "causa general que se instruye en el Supremo", dijo la CUP en un comunicado cuando admitió que Gabriel se encontraba en Suiza. La exdiputada cuenta con el asesoramiento, además, de una agencia de comunicación de Ginebra que mantiene el contacto con los medios suizos. La decisión sobre si acudirá a declarar se dará a conocer esta tarde en una rueda de prensa.

La exdiputada Mireia Boya, imputada en la misma causa, salió este lunes en defensa de su compañera de filas. "Gabriel no se escabulle de nada", dijo en alusión al viaje de esta a Suiza.

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