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El exdirector de Trabajo niega que la Junta manejara fondos reservados para los ERE

Javier Guerrero defiende que respetó la ley para autorizar ayudas del fondo de 855 millones

Francisco Javier Guerrero llega a la novena sesión del juicio del caso ERE, en Sevilla.
Francisco Javier Guerrero llega a la novena sesión del juicio del caso ERE, en Sevilla. Europa Press

El ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero ha rematado este miércoles su declaración en el juicio del caso ERE con una defensa encendida de la Junta. Y el ventilador que dosificó durante los seis años de instrucción para imputar a la cúpula del Ejecutivo autonómico se ha apagado de súbito ante el tribunal. Guerrero ha asegurado que sus palabras habían sido “tergiversadas” para dar la impresión de que la Junta manejó “fondos reservados” al pagar 855 millones para ERE.

Durante sus seis declaraciones ante la policía, la Guardia Civil y las dos jueces de instrucción del caso ERE, Javier Guerrero inculpó a sus superiores, reconoció ejercer un burdo nepotismo, la falta de soporte documental para otorgar muchas subvenciones públicas millonarias, la concesión de una póliza de 258.539 a su suegra y 1,5 millones a su chófer en dos subvenciones, entre otras supuestas ilegalidades. El exdirector de Trabajo afronta 8 años de cárcel en este proceso y otros 10 años por una causa que examina los contratos fantasma de trabajadores adscritos a su dirección general.

Y, sin embargo, esta mañana ha resumido su actuación con una frase lapidaria: “Siempre he trabajado desde la legalidad”. Durante su breve alegato, ha negado haber pronunciado ante la policía —que la grabó y la plasmó en un atestado— su famosa definición para los ERE: “Un fondo de reptiles”. “Yo nunca he hablado de un fondo de reptiles, no podía porque el fondo y su memoria presupuestaria tenían una dotación para un fin concreto”, describió ayer. A continuación, ha añadido: “No salió de mi boca, se ha tergiversado y ha servido para pensar que aquí teníamos unos fondos reservados. Nada cierto”.

En una entrevista en marzo de 2011, solo meses después de su afirmación ante la Policía Judicial, Guerrero admitió ante la pregunta ¿Por qué utilizó la expresión fondo de reptiles?: “La utilizo en el sentido de un fondo para empresas en apuros. ¿Cómo voy a decir que la Junta trabaja con dinero ilegal? El dinero está aprobado por el Parlamento, en presupuestos, auditado y fiscalizado”.

Después de negarse a ratificar todas sus declaraciones policiales y ante la juez Mercedes Alaya, este miércoles ha avalado su declaración ante la instructora María Núñez, que realizó a petición propia en 2015. En su defensa a ultranza del mecanismo de pago que utilizó la Junta andaluza para los ERE, Guerrero incluso defendió la introducción en los expedientes de los intrusos [un centenar de personas ajenas a las empresas beneficiadas, a las que la Junta reclama ahora sus pólizas]. “No son intrusos, sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos”, ha opinado.

Guerrero ha sido el primero de los 22 acusados en declarar ante el tribunal tras las cuestiones previas, pero se ha negado a responder a la fiscalía y las acusaciones, y hoy solo ha respondido a ciertas preguntas de su abogado. “La 31L [el fondo de los ERE] cumplía todos los trámites legales de la Administración andaluza y cumplía la Ley de Presupuestos de Andalucía. Siempre he trabajado desde la legalidad”, ha insistido.

El exdirector de Trabajo ha mencionado que en 2005 la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, avaló la legalidad de las subvenciones junto al ex interventor general Manuel Gómez [ambos en el banquillo de los acusados] en una reunión cuya conclusión fue que pese a los inconvenientes del sistema de pago de los ERE, no se había detectado menoscabo de fondos públicos, por lo que se siguieron pagando las ayudas.

Guerrero solo ha hecho una matización esta mañana, en la reunión mencionada ha puntualizado que Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos de la Junta, no estaba en dicho encuentro en la Consejería de Hacienda.

Tras Guerrero, ha declarado el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que sí ha contestado a las preguntas de Anticorrupción. Viera defendió el convenio marco que firmó para iniciar el pago de los ERE en 2001 por su “absoluta apariencia de legalidad”.

Viera ha defendido que el origen del convenio fue la necesidad del Gobierno andaluz para hallar “una fórmula legal, ágil y rápida” para la concesión de las ayudas. La Intervención General había puesto pegas los años anteriores al convenio para abonar determinadas subvenciones excepcionales. Viera ha admitido las “colisiones” con los interventores, pero ha asegurado que “jamás” recibió de ellos un informe sobre “una situación de ilegalidad”. Y respecto a su imputación, ha añadido severo: “No puedo aceptar que se plantee que un consejero esté organizando saltarse los controles de los interventores y cometer fraude”.

Por otra parte, el exconsejero Francisco Vallejo ha sido ingresado en un hospital, por lo que este miércoles no ha podido sentarse en el banquillo de los acusados. Mientras, el letrado de la administración de justicia ha pedido disculpas por las formas en las que ayer se expresó para negarse a seguir leyendo las declaraciones de Javier Guerrero.

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