El juez pide al CNI datos sobre sus tratos con el experto informático de la Púnica

El juez Manuel García-Castellón ha reclamado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) información sobre la relación que mantuvo durante los años 2013 y 2014 con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica por el cobro supuestamente irregular de sus trabajos para mejorar la reputación en internet de cargos públicos del PP. El magistrado quiere saber si es cierto, como afirma De Pedro, que este estuvo una decena de veces en su sede y fue contratado para contrarrestar campañas contrarias a la imagen de España en redes sociales.

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El magistrado accede así a la petición que el propio De Pedro hizo el pasado 22 de diciembre, y que reiteró el pasado 1 de febrero, para demostrar que buena parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su domicilio en Valencia cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto “por determinados servicios que afectan a la seguridad nacional”. El imputado reclama que dicha cantidad le sea devuelta ya que es de “procedencia lícita”.

El juez pide, en concreto, que el CNI certifique si De Pedro visitó sus instalaciones centrales en Madrid en esos dos años y en qué fechas. También solicita el detalle de estos supuestos trabajos que una de las mercantiles del informático, Eico Online Comunicación SL, hizo “bien directamente, bien bajo supervisión” de los servicios secretos en el mismo periodo. Finalmente, García-Castellón reclama información sobre las “cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó” al presunto integrante de la trama y a su mercantil.

No es la primera vez que De Pedro pide a la Audiencia Nacional que se incorporen a la causa pruebas sobre los supuestos trabajos que hizo para el CNI. La última vez fue en mayo del año pasado. Entonces reclamó que se incorporasen a la causa el contenido de los 25 mensajes SMS y 12 llamadas de teléfono que intercambió con integrantes de los servicios secretos hasta pocos días antes de su detención en octubre de 2014. El experto informático aseguraba que dichas comunicaciones —que fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnica pero que nunca fueron incorporadas al sumario— demuestran que trabajaba para el CNI cuando fue arrestado. El experto informático ha declinado detallar a EL PAÍS el contenido exacto de estos contactos.

Era la tercera vez que De Pedro pedía que se incorporasen estas comunicaciones a la causa. Ya lo hizo en el verano de 2016, aunque entonces su petición no fue aceptada porque no identificó quiénes eran sus interlocutores. Lo volvió a pedir en diciembre de ese mismo año, indicando entonces que se trataba de contactos con integrantes del servicio secreto, pero no obtuvo respuesta. Tampoco lo consiguió con la petición del pasado mes de mayo, según confirmaron ayer fuentes de su defensa. Los supuestos contactos con el CNI se desarrollan entre el 1 de julio de 2014 —el día en el que se inició la intervención de su teléfono por orden judicial— y el 8 de octubre de ese mismo año, poco más de dos semanas antes de que fuera detenido.

“Especial profesionalidad”

La defensa de De Pedro justificó su insistencia en pedir la información sobre dichas llamadas porque con las mismas se demostraría que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en internet de políticos y cargos públicos del PP de Madrid, Valencia, Murcia y León eran absolutamente legales y que, de hecho, fue su “especial profesionalidad y capacitación” la que llevó al CNI a contratar sus servicios.

Según fuentes de su defensa, los servicios de inteligencia españoles le encargaron trabajos de contranarrativa para hacer frente a los mensajes lanzados en las redes sociales contra España por diversos colectivos radicales. Entre ellos, por grupos yihadistas, independentistas catalanes y la izquierda abertzale. De Pedro afirma que el resultado de su trabajo se plasmó en diversos informes que guardaba junto a los mensajes de correo electrónico que intercambió con agentes del CNI en los ordenadores que le intervino la Guardia Civil. Ninguno de ellos se ha incorporado tampoco al sumario.