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Interior crea con retraso y sin fondos propios el Centro Nacional de Desaparecidos

El organismo, que debía haber entrado en funcionamiento en verano, está integrado por 9 funcionarios que elaborarán estudios y lanzarán alertas

La madre de Diana Quer sostiene un cartel con la foto de su hija en agosto de 2016, tras la desaparición de la joven.
La madre de Diana Quer sostiene un cartel con la foto de su hija en agosto de 2016, tras la desaparición de la joven.

Con más de medio año de retraso sobre la fecha anunciada, el Ministerio del Interior puso formalmente en marcha el 13 de febrero una de las principales apuestas de Juan Ignacio Zoido cuando asumió la cartera en diciembre de 2016: el Centro Nacional de Desaparecidos. Con una plantilla de nueve personas —en su mayoría policías y guardias civiles—, el organismo arranca sin presupuesto propio, según admiten desde Interior. También, con fuertes críticas desde el PSOE, que tilda de “miseria” los medios con los que contará.

El Centro Nacional de Desaparecidos tendrá entre sus funciones elaborar estudios sobre los más de 4.000 casos de desaparecidos que hay registrados en España. Entre ellos, los 245 que han sido catalogados como de “alto riesgo”, incluidos 12 de menores. El nuevo organismo dependerá del número dos de Interior, José Antonio Nieto, a través del Gabinete de Coordinación y Estudios, y prestará especial atención a los casos que han generado más alarma social, según la instrucción ministerial que anuncia su creación y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Este documento justifica la puesta en marcha del centro en la necesidad de mejor la colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios públicos para abordar lo que califica de “un problema que afecta a todas las sociedades de forma constante”. Así, tras recordar la puesta en marcha en 2010 de una base de datos sobre desaparecidos y cadáveres sin identificar —y en cuya actualización Interior asegura haber invertido recientemente 235.000 euros—, el documento destaca que el nuevo centro se encargará “del control y gestión de calidad” de esta base, además de coordinar la relación de Policía y Guardia Civil con “las organizaciones que representan a los familiares de desaparecidos”. Para atender a estos últimos, el centro establecerá “una estrategia nacional”.

Además, el nuevo organismo lanzará avisos y alertas a la población para recabar su colaboración, y elaborará las estadísticas que servirán para plantear propuestas de reforma legislativa. Su primer trabajo será redactar un estudio sobre los casos registrados que será presentado el 9 de marzo, día de los desaparecidos sin causa aparente. Interior asegura que los fondos para su funcionamiento saldrán de la partida destinada a la Secretaría de Estado de Seguridad, pero sin concretar su cuantía.

Desde el PSOE se critica que el documento sea tan inconcreto que ni siquiera detalla cuál es la estructura de nuevo organismo. La diputada Ana María Botella califica la propuesta de “mísera” y acusa a Interior de “utilizar de manera torticera a las asociaciones de familiares” durante el año largo transcurrido desde que Zoido anunció “a bombo y platillo” el centro. Botella también denuncia que en los últimos meses varios altos cargos habían afirmado en el Congreso que el centro ya estaba en funcionamiento “y ahora nos enteramos de que no era así”.

La nueva Oficina contra los Delitos de Odio, también sin partida presupuestaria

También sin presupuesto y con menos personal -tres funcionarios-, Interior también puso en marcha el 13 de febrero la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio. Según la instrucción ministerial que formalizaba su creación, Interior pretende con este organismo abordar "de manera integral" un fenómeno al que le dedica especial atención desde 2012 y que le llevó a dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de un protocolo de actuación específico. La nueva oficina se encargará a partir de ahora "de tutelar y estimular" dicho protocolo, así como de coordinar la formación que en este sentido reciban los agentes de ambos cuerpos policiales. 

Interior detalla quince funciones del este organismo. Así, servirá de "observatorio" para elaborar "análisis estratégicos", además de elaborar informes "con el fin de identificar tendencias y patrones" de esta modalidad delitiva. También promoverá "la coordinación y la colaboración" de Policía Nacional y Guardia Civil entre sí y de estas con las policías autonómicas y locales. La oficina incluye entre sus funciones efectuar un seguimiento de los casos de delitos de odio "que adquieran relevancia, ante la alarma social que representen, la complejidad o la gravedad de los hechos delictivos". Para alcanzar sus objetivos, elaborará material informativo para "sensibilizar a las víctimas de delitos de odio y a la sociedad en general".

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