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Las personas con discapacidad ya podrán ser jurados populares

Hasta ahora las personas sordas o con ceguera eran discriminadas en la Ley del Tribunal del Jurado

Juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Las personas sordas, ciegas o en silla de rueda no podían hasta ahora formar parte de un jurado popular, a pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, les reconocía ese derecho. 10 años después, la legislación española ha corregido esa discriminación y desde esta semana la Justicia estará obligada a proporcionar apoyos y a realizar los ajustes que sean necesarios para que puedan llevar a cabo ese desempeño en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Las cortes aprobaron por unanimidad a finales de 2017 la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado para incorporar el artículo 13 de la Convención, que establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, "incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos". La modificación se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre y entra en vigor este miércoles.

Los juzgados deberán garantizar, por ejemplo, que una persona sorda signante cuente con un intérprete de lengua de signos, si esa es su forma de comunicación; que alguien con discapacidad visual tenga acceso a materiales de texto alternativos, como archivos digitales; que una persona con discapacidad física pueda tener el acompañamiento de un ayudante si así lo necesita o que si se trata de una persona con algún trastorno del desarrollo del espectro autista, que no tiene problemas intelectuales pero sí de socialización, se instruya al resto de miembros del jurado sobre cómo interactuar con él. El requisito para participar será el mismo que para el resto de la población: tener las aptitudes generales necesarias. Los ajustes necesarios se deberán adecuar a cada caso porque como explica el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, la discapacidad es "casi individual".

El derecho al voto, paralizado

Cerca de 100.000 personas con discapacidad están inhabilitados para votar. El pasado noviembre el colectivo celebró que el Congreso había admitido a trámite una proposición para reformar la legislación electoral y revertir esta situación de discriminación.

La iniciativa fue a parar a la Comisión Constitucional de la Cámara, donde otros asuntos como la cuestión territorial o la reforma electoral que quieren Podemos y Ciudadanos ha dejado paralizado el derecho al voto de las personas con discapacidad. "Estamos preocupados por que se supedite al resto de cuestiones", afirma Pérez Bueno, que ve cómo pasan los meses y la "euforia" que vivieron pasa.

Pérez Bueno lamenta que hayan tenido que pasar más de dos décadas -la ley del jurado es de 1995- para terminar con "una anomalía de nuestro ordenamiento jurídico que partía de prejuicios y de una visión sesgada". Era una "discriminación flagrante", denuncia, y lamenta que el colectivo de personas con discapacidad avanza más despacio hacia la igualdad porque no se trata solo de no excluir, sino de dar el apoyo que la persona necesite para situarle en igualdad de condiciones.

La "revolución" pendiente

En el ámbito de la Justicia, un estamento que considera "arcaico, vetusto y poco flexible para adaptarse a las demandas del presente y a los avances de todo tipo", el CERMI tiene una "revolución" pendiente. Quiere acabar con la incapacitación jurídica que impide a las personas con discapacidad "gobernarse" a sí mismas en asuntos como herencias y otro tipo de decisiones relacionadas con el derecho civil, porque "ya no es admisible desde el punto de vista de los derechos humanos", dice Pérez Bueno. En lugar de incapacitar, el CERMI reivindica que se garanticen los apoyos necesarios materiales o humanos para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones.

El Comité de Bioética de España afirma en un informe publicado recientemente que "a las personas con discapacidad no se les debe restringir la capacidad de obrar, sino, por el contrario, prestarles los debidos apoyos para que puedan ejercerla". Recuerda, además, que "deben establecerse las salvaguardas necesarias para evitar los abusos y conflictos de intereses".

Hay grandes resistencias para conseguir esa modificación por la "incertidumbre" que genera, reconoce el presidente del CERMI, que tilda el Código Civil de "paternalista". "Necesitamos un sistema que empodere, no uno que prive de derechos", dice, aunque reconoce que solo Canadá está empezando a abordar el tema.

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