Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

“Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Asociaciones de mujeres recopilarán denuncias contra las actuaciones de jueces en casos de violencia machista. Exigen reparación de daños

La directora de la Fundación Mujeres abraza a la víctima de violencia machista Isabel López.

Arropada por seis asociaciones de mujeres, Isabel López interpondrá este lunes una queja contra la justicia. Es una víctima de violencia machista que se siente también maltratada por el sistema judicial. "Soy el ejemplo de cómo siguiendo las reglas establecidas por el sistema, el sistema puede maltratarte de manera muy cruel", ha asegurado. Su queja va dirigida contra la titular del juzgado de violencia sobre la Mujer 1 de Arganda, María Jesús López Chacón. Y pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se aparte de los juzgados especializados y de los de familia “a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer, y juzgando olvidan principios esenciales de entre los que hay que destacar la independencia, sin la cual resulta imposible impartir justicia”, señala el escrito.

Su expareja fue condenado el pasado octubre con sentencia firme a dos años y nueve meses por maltrato habitual y maltrato doméstico. Pero para llegar hasta aquí, esta mujer de 45 años, que tiene una hija de cinco, asegura haber sufrido un doble calvario: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”. Presentó la denuncia hace tres años “destrozada, con el cuerpo lleno de moratones y marcas en el cuello”. Y salió del juzgado, según ha contado: “Imputada con una orden de alejamiento mutua y un amplio régimen de visitas para él de mi bebé, que entonces tenía 18 meses”.

“Me he sentido criminalizada como víctima”, ha añadido este lunes en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a representantes de distintas asociaciones de mujeres que denuncian desde hace años las carencias del sistema judicial en los casos de violencia machista, pese a una ley específica aprobada en 2004 y el reciente pacto de Estado, aprobado pero aún sin dotación presupuestaria. “Tenía un sentimiento enorme de culpabilidad de pensar que me he salvado a costa de sacrificar a mi hija”, añade. “No se hizo ni una mínima investigación que me hubiera evitado padecer este calvario”. 

Su queja es la primera que distintos colectivos de mujeres respaldan para denunciar las carencias de formación y la mala praxis que siguen en algunos juzgados y por parte de los letrados que atienden a las víctimas. "La administración de justicia debe conocer esta realidad para impedir que las víctimas lleguen a tener más miedo a la denuncia que al propio maltratador", ha dicho. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la juez de Arganda objeto de la queja solicitó el 9 de febrero amparo al CGPJ por lo que considera un ataque a su independencia. La magistrada alega que todas las resoluciones sobre el caso de López fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid y contaban con la opinión favorable de la Fiscalía.

"Se sienten solas y desprotegidas por un sistema pensado para protegerlas", ha añadido Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas. "Chocamos con la paradoja de que se les traslada la obligación de denunciar y no reciben las respuestas que esperan por parte de las instituciones y los órganos judiciales". Isabel López asegura que su expareja aún tiene un régimen de visitas para ver a su hija pese a que la condena ya es firme, los martes y jueves y fines de semana alternos.

Otras 50 asociaciones respaldan una segunda queja formalizada también este lunes contra el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), "las quejas más frecuentes y coincidentes son: actitudes arrogantes y autoritarias; faltas de respeto y consideración y nula empatía", según el escrito de queja que señala que el Ayuntamiento de la localidad también se ha quejado. Reclaman al Consejo que advierta a "este juez sobre la necesidad de modificar esas actitudes impropia de un órgano judicial, apercibiéndole de la sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica en cuestiones relativas a la igualdad y no discriminación", tal como queda recogido en la ley integral en 2004.

Las asociaciones de mujeres anuncian que empezarán a registrar documentadas y por escrito quejas de casos que hasta ahora han denunciado de forma verbal en el CGPJ. Y piden que, como pasa en otros ámbitos, las víctimas a las que les falla el sistema "y no reciben una respuesta adecuada" sean indemnizadas y se produzca una "reparación del daño", tal como ha explicado Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Las asociaciones de mujeres señalan que estos casos son habituales y que continuamente reciben quejas de las mujeres sobre el tratamiento que reciben en los juzgados. Añaden, además, que hay juzgados que figuran en las propias estadísticas del CGPJ con hasta el 75% de las órdenes de protección denegadas.

"Lo menos que puede hacer el Consejo es interesarse de las causas de que eso ocurra", ha señalado Soleto, que le reclama que "evalúe la justicia". "Vamos a traer los nombres de los jueces que dicen a las víctimas: "¿Ahora tiene prisa con todo lo que ha aguantado?", ha añadido Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Pérez del Campo ha recordado lo que contestó aquella mujer a la pregunta del juez: "Usted también hubiera aguantado si hubiera tenido una pistola en la cabeza".

Más información