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“La contaminación es un problema de Estado”

Las responsables de Medio Ambiente de Madrid y Barcelona, Inés Sabanés y Janet Sanz, comparten un reto: la lucha por la calidad del aire de sus ciudades

Manuel Planelles
Inés Sabanés (izquierda) y Janet Sanz, este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid.
Inés Sabanés (izquierda) y Janet Sanz, este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid.LUIS SEVILLANO

Desde el impresionante ventanal de su despacho en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés (Cubells, Lleida, 1953) comentaba este miércoles la vista: “Un cielo velazqueño, como dice [Manuela] Carmena”. Pero Sabanés admite que “otros días también se ve muy bien la boina de contaminación”. A unos metros, Janet Sanz (Tamarite de Litera, Huesca, 1984) habla por teléfono con sus compañeros del Ayuntamiento de Barcelona sobre un problema con unos solares. Cuelga el móvil y comienza la entrevista. Sanz (Barcelona en Comú) es la responsable de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Consistorio de Barcelona. Sabanés (Ahora Madrid) es la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento madrileño.

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Ambas comparten un problema: la contaminación de sus ciudades, que llevó a la Comisión Europea a convocar al Ministerio de Medio Ambiente a una reunión en Bruselas la semana pasada con la amenaza de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ambas ciudades han incumplido año a año la normativa europea de calidad del aire que entró en vigor en 2010. Y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (PP), insistió ayer en que esta es una “competencia de cada Ayuntamiento”, señalando así a Madrid y Barcelona.

“Me parece muy irresponsable, muy poco riguroso y de muy poca humildad pretender focalizar las culpas en [las alcaldesas] Ada Colau y Manuela Carmena. La ministra sabe que, en el caso de Madrid, este problema está sobre la mesa desde hace más de diez años. La UE le está diciendo al Gobierno que también tiene responsabilidades”, dispara Sabanés. “Es ridículo que se plantee que la responsabilidad es de las ciudades solamente. Es un problema de Estado, es una responsabilidad compartida, y por tanto cada uno tiene que hacer su parte”, añade Sanz. “Este caso clama al cielo: quienes han puesto el foco en este tema desde el minuto cero son las dos alcaldesas, que han dicho que no van a negar el problema, que lo van a afrontar y a pedir al resto de Administraciones que hagan su trabajo”, añade la barcelonesa. “La ministra se está atrincherando en buscar responsables”, continúa Sanz.

Transporte público

Las medidas sobre el tráfico, uno de los principales focos de contaminación urbana, son competencia de los Consistorios. Pero ambas reclaman ayuda al Estado.

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¿Y qué medidas podría tomar el Gobierno? Las dos responden alternándose en las ideas:

—“En el caso de Barcelona, transporte público. El Ayuntamiento está poniendo al año 140 millones de euros, hemos incrementado en siete años un 87% la aportación municipal, y el Estado está contribuyendo en 100 millones, porque ha reducido en ese mismo periodo en un 50%. Lo que le hemos pedido es que recuperen ese 50%. Eso nos permitiría que mucha gente dejara el transporte privado y se pasara al público. Y también el Cercanías tiene que funcionar mejor”.

—“En Madrid tenemos situaciones similares. Destacaría los carriles reservados de acceso a la ciudad. Solo tenemos un carril para transporte público o de vehículos de alta ocupación en la A-6. Además de la red de Cercanías. Esto sí que ayudaría a completar la batalla de la intermodalidad. Esta no es una batalla entre el coche y el resto. Lo que hay es distintas formas de desplazarse y la prioridad debe ser el transporte público. Nos gustaría tener todas las entradas con carriles reservados y una ley estatal de financiación del transporte público”.

—“Sí, por favor… Si ellos hacen el paraguas con una ley de financiación del transporte público estatal, ahí encajarían las peticiones de Madrid y Barcelona”.

—“Y de otras ciudades. Porque hay otras que tienen enormes dificultades con la financiación de su transporte público”.

Barcelona y Madrid están preparando planes para mejorar la calidad del aire, que implican restricciones permanentes a los vehículos más contaminantes. En Madrid, la previsión es que se cumplirá con la normativa europea en 2020. En Barcelona, las medidas de más calado no se empezarán a aplicar hasta dentro de dos años. ¿Están retrasando la solución? “Todo lo que se está haciendo tiene un efecto inmediato en mejora de la salud y las condiciones. Otra cuestión es en qué plazo, modelizando las medidas de una forma rigurosa y honesta, podemos explicar a la UE cuándo se va a producir el cumplimiento”, se defiende Sabanés. Sanz añade: “Marcamos fechas con restricciones concretas, pero las actuaciones que ya estamos haciendo en el tema urbanístico en Barcelona —como quitar carriles para los coches o encarecer el estacionamiento en superficie o la promoción de la bicicleta— están teniendo efecto. Los datos que tenemos sobre la mesa señalan que lo que más crece hoy es el uso de la bici, el tranvía, el transporte público en general. La gente está mucho más concienciada”.

"Dejemos de incentivar la compra del diésel"

Una de las exigencias que Inés Sabanés y Janet Sanz ponen sobre la mesa del Gobierno central es reformar la fiscalidad para que se dejen de primar los motores diésel, responsables en gran medida de las concentraciones de dióxido de nitrógeno. "Dejemos de incentivar la compra del diésel. Porque, si no, la gente no entiende nada. No entiende que la ciudad se plantee que un día el diésel no podrá entrar en la ciudad mientras otra Administración lo está bonificando. Es absurdo. Esta contradicción se tiene que resolver", sostiene Janet Sanz.

Respecto a las posibles sanciones que vengan de Europa, Inés Sabanés lanza una petición a la Comisión: "Me gustaría que la UE, además de advertir y de llevar a España al tribunal por los incumplimientos, identifique y ayude a que las ciudades y los Estados sean firmes".

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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