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El PDeCAT pide al Gobierno que aclare las llamadas al Constitucional

Las comunicaciones del Ejecutivo con miembros del Alto Tribunal Constitucional antes de que se reuniera suponen para los nacionalistas "actos de presión" incompatibles con la separación de poderes,

Soraya Sáenz de Santamaría en el desayuno informativo del presidente de la Xunta de Galicia.
Soraya Sáenz de Santamaría en el desayuno informativo del presidente de la Xunta de Galicia.

Las comunicaciones del Gobierno con miembros del Tribunal Constitucional antes de que este se reuniera para decidir sobre el pleno de investidura de Carles Puigdemont suponen para los nacionalistas "actos de presión" incompatibles con la separación de poderes, opina el PDeCAT. De este criterio participa Ciudadanos, aunque en términos menos belicosos.

El partido del expresident registró ayer una petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en sesiones plenarias del Congreso y del Senado para pedirle cuentas "sobre las presiones ejercidas por el Gobierno del Estado sobre el Tribunal Constitucional en la admisión, o no, a trámite de los recursos del Gobierno contra el pleno de investidura del president de la Generalitat", según firma el portavoz en el Senado de la formación nacionalista, Josep Lluís Cleries. Su compañero Jordi Xuclá, coordinador de los diputados, abre el foco y opina que esa comparecencia debe servir para tratar la actuación del Gobierno en Cataluña y el camino que les condujo hasta el Constitucional para parar la investidura de Puigdemont.

Taponar todas las vías

El Gobierno ayer arrostró estas críticas al poner por delante el resultado de la presentación de su recurso: taponar todas las vías para que Puigdemont fuera elegido. Más aún cuando no las tenía todas consigo después de que el Consejo de Estado rechazara presentar ese recurso antes de que se hubiera celebrado esa investidura. Miembros del Gobierno, incluido Mariano Rajoy, conversaron con el presidente y otros miembros del tribunal para llevar a su ánimo las graves consecuencias que se derivarían si Puigdemont conseguía ser votado. Si así fuera, las instituciones quedarían en entredicho, al margen de que estas tengan instrumentos para anular esa votación. Pero el Ejecutivo no quiere que se produzca la votación.

Los conocedores de estas comunicaciones aseguran que no se trató de presiones ya que dan por supuesto que los magistrados no las admitirían. El Gobierno se animó a llamar a algunos magistrados después de que el Consejo de Estado rechazara recurrir al Constitucional.

A Ciudadanos le incomodó conocer esta información que podía interferir "la independencia de los poderes", señaló su número dos, José Manuel Villegas. "Aunque estoy convencido de que el Constitucional ha resuelto con total independencia", concluyó.

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