La expulsión de embajadores lleva la crisis entre España y Venezuela a límites inéditos

La expulsión recíproca de embajadores, de la máxima gravedad y muy inusual, está conduciendo a España y Venezuela a una crisis diplomática y política de consecuencias casi inexploradas. El anterior antecedente de un embajador español expulsado de otro país se remonta a la época de Franco, en 1960 en la Cuba de Fidel Castro. El Consejo de Ministros acordó este viernes expulsar a su vez de España al embajador venezolano en “estricta reciprocidad” a la salida ordenada por el ejecutivo de Nicolás Maduro del representante español en Caracas.

El titular español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, llevó este viernes al Consejo de Ministros un abanico de medidas para adoptar contra el Gobierno de Venezuela por la expulsión comunicada el viernes al embajador español, Jesús Silva Fernández. Ya se había avanzado que se respondería de una manera “proporcionada” pero al final se optó por seguir la misma fórmula empleada por el ejecutivo de Nicolás Maduro. El Gobierno español declaró primero persona non grata al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, y le dio el mismo plazo de 72 horas que se le concedió al diplomático español para abandonar el país. Como Isea está ya en Venezuela, porque había sido llamado a consultas el miércoles en preparación de todas estas actuaciones, el Gobierno de Rajoy espera que ya no retorne a Madrid y se quede en Caracas hasta que se supere esta situación. El embajador Silva, por su parte, está preparando ya este fin de semana su regreso a España.

El portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, justificó este viernes la excepcional medida acordada “de este calado”, además de en la reciprocidad, en las declaraciones y expresiones “fuera de tono” e “inaceptables” formuladas periódicamente por el presidente venezolano Nicolás Maduro contra España y en particular contra el propio presidente Mariano Rajoy. Maduro acusa habitualmente a Rajoy y su Ejecutivo de “corrupto” y ha cuestionado tanto su labor política como económica y hasta con el conflicto catalán.

En teoría, sin embargo, el estallido de esta nueva y más potente crisis entre España y Venezuela tiene su origen en las medidas acordadas el pasado lunes, de forma unánime, por la Unión Europea para sancionar a siete dirigentes y altos cargos relevantes del Gobierno venezolano, entre ellos al ministro de Interior, Nëstor Reverol; al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y a la presidenta del consejo electoral, Tibisay Lucena. La UE les acusa de “menoscabar la democracia y el Estado de derecho”, de “graves violaciones de los derechos humanos” y reducir las competencias del Parlamento de mayoría opositora desmantelado por la Constituyente. El Gobierno español, el propio embajador Silva y la UE reiteraron este viernes que esas acciones fueron aprobadas por unanimidad y no solo por España.

Venezuela, sin embargo, como argumentó en su comunicado de la expulsión de Silva el canciller Jorge Arreaza, acusa a España de liderar ese proceso por las injerencias y presiones aceptadas de Estados Unidos.

En fuentes diplomáticas radicadas en Venezuela se explica esta reacción unilateral del Gobierno de Maduro en su necesidad de salir al paso de la dramática situación interna (tanto económica como política y social) y para intentar contentar desde el entorno del presidente al sector más duro del chavismo, liderado por el vicepresidente Diosdado Cabello. El lunes, cuando se conocieron las sanciones de la UE, el partido controlado por Cabello emitió un durísimo comunicado reclamando una respuesta en consonancia. Maduro recogió este viernes el texto de ese comunicado en un tuit.

La salida inminente de Silva de Venezuela no deja a España sin representación diplomática ni corta de cuajo las relaciones con ese país. La Embajada de España en Venezuela es una de las más importantes y dispone de unas 150 personas (70 en el consulado), de más de una decena de diplomáticos y de otra veintena con ese estatuto. En Venezuela residen casi 200.000 españoles, el tercer destino mayor tras Argentina y Francia.