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Granados declarará de nuevo a petición propia ante el juez del ‘caso Púnica’ el 12 de febrero

García Castellón accede a la petición que el presunto cabecilla de la trama Púnica hizo el pasado 6 de octubre.

Francisco Granados y su abogado, Javier Vasallo, a su llegada a la Audiencia Nacional. Ampliar foto
Francisco Granados y su abogado, Javier Vasallo, a su llegada a la Audiencia Nacional. EL PAÍS

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha citado a declarar de nuevo a Francisco Granados dentro del caso Púnica. La nueva comparecencia del señalado como presunto cabecilla de la trama se producirá el próximo 12 de febrero a las nueve de la mañana y se produce después de que el que fuera secretario general del PP madrileño lo solicitara en un escrito en el que también reclamaba un careo con su antiguo amigo y hoy colaborador de la Justicia, David Marjaliza, y la testifical de cerca de 40 personas, entre ellas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Así se recoge en una providencia dictada este martes por el magistrado a la que ha tenido acceso EL PAÍS y en la que no se hace referencia a ninguna de las otras diligencias solicitadas por la defensa del político.

Será la segunda ocasión en la que Granados declare en el caso Púnica de manera voluntaria. La anterior fue en diciembre de 2016. cuando el juez instructor era Eloy Velasco y él aún estaba en prisión provisional. Entonces, el ex secretario general del PP madrileño aportó escasas novedades. Siguió defendiendo su inocencia y negó disponer de fondos ocultos en el extrajero. También desmintió que las iniciales encontradas en una agenda de su propiedad -y que permitieron la apertura de una pieza separada sobre la supuesta caja B de su partido- recogiera entradas y salidas de dinero. Aseguro que las cifras que contenía solo reflejaban el número de asistentes a actos del PP. En las tres horas que duró aquella declaración, lo único que admitió es que el millón de euros que la Guardia Civil localizó oculto en el altillo de la vivienda de sus suegros era de su propiedad, aunque siguió negando que fuera fruto de comisiones ilegales.

Tras aquella declaración, Granados siguió en prisión al no convencer con sus explicaciones ni al juez Velasco ni a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, salió en libertad provisional en junio del año pasado. Desde entonces, ha seguido negando las irregularidades de que se le acusa y, tras cambiar de abogado en septiembre, inició una nueva línea de defensa en la que incluyó solicitar una batería de nuevas diligencias. Así, en octubre pidió comparecer de nuevo y mantener un careo con el constructor David Marjaliza, colaborador de la justicia y cuyas declaraciones le incriminan gravemente.

También reclamó la comparecencia como testigo de cerca de cuarenta personas, entre ellas Aguirre. Cifuentes y los exconsejeros Jaime González Taboada y Borja Sarasola, cuyos nombres se han visto salpicados durante la instrucción de la causa pero que no han sido imputados hasta el momento. En un escrito posterior, llegó a pedir que se imputase a todos ellos. El juez, por ahora, solo ha aceptado que declare él. Granados fue condenado en diciembre pasado a dos años de cárcel en el único juicio del caso Púnica que se ha celebrado hasta ahora.

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