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El Supremo ratifica dos años y medio de cárcel para Maria Antònia Munar por soborno

La expresidenta del Parlamento suma 14 años de condenas firmes por corrupción

Palma de Mallorca -
María Antonia Munar, a su salida de la Audiencia de Palma de Mallorca, antes de ir a prisión.
María Antonia Munar, a su salida de la Audiencia de Palma de Mallorca, antes de ir a prisión. Tolo Ramon

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de dos años y medio de cárcel para la que fuera presidenta del Parlamento de Baleares, Maria Antònia Munar, por un delito de cohecho al considerar probado que se quedó con parte de cuatro millones de euros exigidos a la empresa Sacresa a cambio de adjudicarle los mayores terrenos urbanizables de Palma. La sala segunda del tribunal ha ratificado el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Palma, que también le impuso el pago de una multa de cinco millones de euros y la inhabilitación durante ocho años.

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La sala desestima el recurso de la defensa de Munar, que solicitó una rebaja de la pena al argumentar que ya fue condenada a seis años por los mismos hechos en la pieza principal del caso que se juzgó en septiembre de 2013. En esta ocasión, la que fuera líder de Unió Mallorquina admitió por escrito parte de los hechos, reconoció que cobró una parte de los cuatro millones del soborno y pidió perdón durante la vista que tuvo lugar en la Audiencia Provincial. "Estoy muerta política, social y económicamente", dijo la líder regionalista entre lágrimas, al tiempo que pidió perdón y se mostró arrepentida por lo ocurrido.

Los jueces consideran que aunque los hechos juzgados en ambos procesos tienen "una relación temporal", presentan a su vez "sustantividad propia". En el primer caso se enjuició el acuerdo entre los acusados para defraudar a la administración y en el segundo la solicitud y posterior percepción del soborno. "Se trata de hechos independientes que dan lugar a la consumación de diversos delitos. Se trata de hechos distintos, con momentos de consumación distintos y no cabe hablar de conducta única desde el punto de vista fáctico", reza la sentencia.

La expresidenta del Consell de Mallorca también solicitó al alto tribunal la posibilidad de que le aplicara la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos se produjeron en 2006, pero no fueron juzgados hasta el año 2016. Sobre ese argumento, los jueces sostienen que la ponderación del tiempo transcurrido comienza con la incoación del procedimiento y la imputación del denunciado, "no con la fecha de comisión de los hechos". "De lo contrario corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud", dice la sentencia, que considera que se declaró probado que los sucesos no fueron conocidos hasta que uno de los acusados presentó un escrito de confesión en 2013.

La que fuera una de las mujeres más poderosas de las islas permanece en la cárcel de Palma desde hace más de cuatro años en los que no ha obtenido un solo permiso, que podría llegar en las próximas semanas. Sobre ella pesan ahora 14 años de condenas firmes; cinco años y medio por el caso Maquillaje, seis años por el primer juicio de Can Domenge y dos años y medio por este segundo juicio. En 2017 afrontó otros dos procesos por los casos Studio Media y Son Oms. En ambos se confesó autora de delitos de prevaricación y aceptó el pago de multas y condenas a inhabilitación evitando añadir más años de encierro a sus condenas.

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