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Granados cobró una comisión de 1,2 millones por tres obras del Metro

Entre 2005 y 2007, el político, Marjaliza y López Madrid se embolsaron 3,6 millones

David Marjaliza acude a declarar a la Audiencia Nacional.
David Marjaliza acude a declarar a la Audiencia Nacional.CARLOS ROSILLO

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica de corrupción, cuenta desde ayer con documentación contable inédita sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación presuntamente amañada de tres obras del Metro de Madrid. David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama y que desde junio de 2015 colabora con la Justicia, ha entregado facturas y apuntes contables en los que se detalla el reparto a partes iguales de la mordida entre él mismo, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, también imputados en la causa. La Fiscalía Anticorrupción interrogará hoy a Marjaliza por estos hechos.

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La documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja un complejo sistema de cruce de facturas entre cuatro empresas, tres de ellas sin conexión con las obras. Este método permitió tanto a Marjaliza como a López Madrid cobrar por transferencia y ya blanqueados los 1,2 millones de euros que les correspondían de comisión por los amaños. Granados presuntamente cobró la misma cantidad en negro y en metálico.

Las obras bajo sospecha son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre.

La documentación aportada por Marjaliza incluye seis facturas que Aruba Gestión SL —una de las sociedades de su entramado— cargó a Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que el empresario tenía una pequeña participación y que estaba integrada en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se hizo con una de las adjudicaciones bajo sospecha. Estas facturas recogían falsos conceptos como “asesoramiento” y “gestión” y suman un importe total de 6,6 millones.

Granados es “Futuro 1”

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Una anotación contable interna de Marjaliza detalla que de dicha cantidad se descontaron el IVA, el Impuesto de Sociedades y otros gastos hasta quedar reducida la cifra a repartir a 3,6 millones. En esa misma anotación, se detalla que 1,2 millones se entregaron a “F1”, en referencia a “Futuro 1”, el seudónimo que Marjaliza ha confesado que utilizaba para referirse a Granados. Otra parte igual se adjudicaba a López Madrid —al que se identifica con las siglas “JLM”—, y la tercera, a “V”, en referencia a Vancouver Gestión, mercantil de la que era socio el constructor.

El segundo bloque documental ahora aportado lo componen las cuatro facturas que presuntamente permitieron a López Madrid cobrar su parte. Todas ellas fueron giradas desde su mercantil Financiera SiaCapital SL a la constructora Vancouver Gestión SL, participada por Marjaliza. En los conceptos se recoge como justificación de estos pagos la “intermediación para la consecución de obras” en Parla, Valdemoro y Getafe, así como “la prestación de servicios profesionales y administrativos en la consecución de inversiones” supuestamente ficticios. Los pagos se repartieron entre 2005 y 2007 con el objetivo de difuminar el rastro de la comisión y dificultar su detección.

Nuevas amenazas al arrepentido

La declaración de hoy de Marjaliza se produce poco después de que el constructor haya recibido nuevas amenazas por su decisión de colaborar con la justicia. El 19 de diciembre, ya denunció ante el juez que personas del entorno de Granados habían hecho llegar a otro imputado, amigo de Marjaliza, mensajes como: “A ver cómo callamos a este hijo de puta que va a meternos a todos en la cárcel” y “habrá que mandarle un mensajito con su hijo, que es lo único que le importa”. Según fuentes jurídicas, el constructor denunciará hoy que las presiones continúan pero afirmará que seguirá colaborando pese a ello.

En esta nueva declaración, Marjaliza iba a dar nuevos datos sobre las supuestas irregularidades en Arpegio, la empresa madrileña del suelo también controlada por Granados. Sin embargo, el lunes la Fiscalía Anticorrupción propuso ampliarla a “la adjudicación amañada de contratos públicos desde la Consejería de Transportes”.

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