Valencia intenta rescatar la reforma del Estatuto ante “el agravio” del Gobierno
Rajoy da prioridad a la modificacion del texto canario frente a la del valenciano, aplazada 44 veces
El Congreso de los Diputados tiene tres reformas de estatutos autonómicos pendientes y la primera en desarrollarse será la última que ha llegado: la de Canarias. En cambio, la del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana lleva más de un año atascada en la Cámara, ahora por iniciativas del PP y Ciudadanos. El Gobierno valenciano, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís, prepara una serie de medidas y reacciones ante lo que considera “un agravio”.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias inicia su recorrido este jueves en el Congreso con la ponencia legislativa. La propuesta llegó en febrero de 2017 y ya ha alcanzado la velocidad de crucero, una rapidez que contrasta con las reformas de los otros estatutos pendientes. La más vistosa, la del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que permanece bloqueada en el Congreso desde el 10 de noviembre de 2016 y ha sufrido 44 aplazamientos por enmiendas.
La vía exprés abierta por el Gobierno para la modificación del estatuto canario, que prevé una ampliación del número de diputados, obedece a una simple transacción: Coalición Canaria apoyó la investidura de Mariano Rajoy, los Presupuestos de 2017 y, llegado el momento, los de 2018. Es explicable, pero pone en evidencia que el Gobierno aplica vías de distintas velocidades a las reformas estatutarias en función de sus intereses.
La reforma del Estatuto de Autonomía valenciano fue aprobada por el Parlamento autonómico en 2011, con el PP de Francisco Camps en el Consell, pero el Gobierno de la mayoría absoluta de Rajoy la dejó aparcada por su implicación económica en un momento marcado por la crisis. Con todo, el 4 de octubre de 2016 el pleno del Congreso aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria. La interinidad política posterior, la actual ausencia de una mayoría proclive y las prioridades del Gobierno se han encargado del resto.
La modificación (una disposición adicional primera), aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Esquerra Unida, trata de condicionar las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana (un 8%) al volumen de su población (cerca del 11% de la española). Compromís ha cuantificado el impacto económico de la paralización de la reforma en 1.679 millones de euros. Ante la activación de la reforma canaria, el diputado de esta formación en el Congreso Ignasi Candela ha pedido respuestas tanto al PP como a Ciudadanos por “las razones ocultas” por las que “se mantiene el bloqueo al estatuto valenciano”.
El presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, protestó ante la presidenta del Congreso por la situación de bloqueo que atraviesa el Estatuto, pero la respuesta de Ana Pastor no cambió las expectativas: "Son los grupos los que marcan los tiempos de tramitación" de las iniciativas legislativas. La prioridad que ha recibido la reforma canaria a cambio de los apoyos de la diputada Ana Oramas ha movido al Gobierno de la Generalitat a poner en marcha otras estrategias. También el recelo de que la otra reforma estatutaria pendiente, la de Murcia, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos, adelante a la valenciana a pesar de llegar al Congreso en septiembre de 2017.
Ningún grupo ha registrado nuevas enmiendas tras más de un año de ampliaciones de plazo para estudiar la posibilidad de introducirlas. Y ni el PP ni Ciudadanos, que son los grupos que más han frenado la reforma, son partidarios de admitir más. Sin embargo, según fuentes del Gobierno valenciano, la introducción de nuevas enmiendas supondría una vía para visualizar el malestar y reabrir el debate en un momento en el que el Ejecutivo de Rajoy procede a tramitar la reforma el estatuto canario.
Entre las enmiendas que planean presentar PSOE y Compromís, partidos que sustentan el Gobierno de la Generalitat, está la de la supresión de los aforamientos, una de las banderas defendidas por Ciudadanos en otros estatutos, con el doble filo de romper la unidad de bloqueo con el PP o poner al partido de Albert Rivera ante su contradicción. El paquete de enmiendas y medidas no está cerrado todavía.
El objetivo del Gobierno valenciano es activar la reforma y aprovechar las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para 2019, para celebrar de forma conjunta su ratificación en referéndum, una vez superados los trámites de la Comisión Constitucional y el pleno del Congreso.
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