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Los empresarios reconocen ante el juez la financiación ilegal del PP de Camps

Los acusados pagaron los servicios prestados por una empresa de Correa al partido a través de facturas falsas

José Ramón Blanco, asesor de Francisco Correa; Enrique Tomás, dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos, y Yolanda García, extesorera del PP de la Comunidad Valenciana durante el juicio del caso Gürtel.
José Ramón Blanco, asesor de Francisco Correa; Enrique Tomás, dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos, y Yolanda García, extesorera del PP de la Comunidad Valenciana durante el juicio del caso Gürtel. EFE

Por primera vez un grupo de empresarios beneficiados por contratos con la Administración están reconociendo este martes en una sala de vistas ante el juez que financiaron al Partido Popular, en este caso al valenciano, en las campañas electorales de los años 2007 y 2008. Las declaraciones no han retumbado en las paredes de la Audiencia Nacional ni han dejado entrecomillados para la historia, pero no por ello el hecho deja de ser significativo. Los nueve empresarios que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los pagos bajo cuerda a la formación conservadora a cambio de una rebaja en la pena se han ratificado en el juicio de esta pieza separada del caso Gürtel de corrupción.

Los nueve arrepentidos supuestamente pagaron mediante facturas falsas 1,2 millones a Orange Market, la filial valenciana del grupo de empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta. Este dinero correspondía a servicios que la sociedad prestó al Partido Popular valenciano durante la presidencia de Francisco Camps para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. En aquellos comicios, el partido pagó a Orange Market con fondos en b gastos por valor de 2,03 millones de euros.

Además, la empresa de Correa, gestionada por Álvaro Pérez, El Bigotes, percibió en esos dos años otros 1,42 millones de euros fuera de campañas electorales. En total, el PP valenciano pagó con fondos ocultos a la red Gürtel por sus servicios 3,45 millones de euros en ambos ejercicios.

Los empresarios están siendo llamados uno por uno por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia. La fiscal les ha leído la parte del escrito acusatorio que les corresponde a cada cual y todos ellos han reconocido con monosílabos los pagos y las facturas falsas bajo las cuales se ocultaron. A cambio de este acuerdo han conseguido cambiar las penas de prisión por multas de diferente cuantía.

Los empresarios no han aceptado las preguntas de los abogados de los acusados que no han pactado con el fiscal y rechazan la acusación por delitos electorales y de falsedad documental, entre ellos el antiguo número dos del PP valenciano Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla. Estos letrados, al igual que los de Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en las empresas de la trama Gürtel y El Bigotes, no han tenido así ocasión de contrastar la confesión de los arrepentidos.

Gabriel Alberto Batalla Reigada realizó dos entregas por valor total de 110.200 euros. El constructor Enrique Ortiz y su número dos, José Francisco Beviá reconocieron que su empresa giró seis facturas falsas a Orange Market por 348.115 euros. Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, pagó 350.658 euros desde su empresa Sedesa Obras y Servicios para la campaña de 2008 mediante facturas ficticias a través de Orange Market y otros métodos que no han sido aclarados en la investigación. Enrique Gimeno pagó en los dos años 405.668 euros, según el escrito de la fiscalía reconocido por el acusado.

Un gasto menor, 31.312 euros, fue realizado por los hermanos Antonio y Alejandro Pons, de la mercantil Piaf. Los también hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna han ratificado el pago de 199.520 euros a través de sus empresas Pavimentos del Sureste, Grupo Villalba y Hormigones Martínez.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, “varias de estas empresas declararon ante la Agencia Tributaria los pagos de los supuestos servicios prestados por Orange Market SL” y obtuvieron con ello una deducción indebida en el Impuesto de Sociedades y en el IVA. Sin embargo, ninguna de ellas, tomada aisladamente, supera los 120.000 euros de cuota tributaria defraudada donde se sitúa el umbral de los delitos fiscales.

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