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Los funcionarios de prisiones también reclaman a Zoido la equiparación salarial

Los cuatro sindicatos representativos anuncian movilizaciones contra unas diferencias salariales de hasta 600 euros, según la prisión

Juan Ignacio Zoido, este jueves durante el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco, José Antonio Santamaría, en Vitoria.
Juan Ignacio Zoido, este jueves durante el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco, José Antonio Santamaría, en Vitoria. EFE

La reciente promesa del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de equiparar los salarios de policías y guardias civiles con las de los mossos d'Esquadra ha provocado ya una reclamación similar por parte de otro colectivo de funcionarios dependientes del mismo departamento. Las cuatro principales organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias, —Acaip, CCOO, UGT y CSIF— han acordado este jueves iniciar una campaña de movilizaciones para exigir una subida de sus nóminas que permita que todos ellos, independientemente del centro penitenciario en el que trabajen, cobren lo mismo. Como primera medida de presión, los representantes de los trabajadores penitenciarios han anunciado "una gran manifestación" en Madrid para el próximo 24 de febrero bajo el lema "igual trabajo, igual salario. Mismo ministerio, igual trato".

Los cuatro sindicales reclaman que Interior elimine las diferentes categorías en los que se dividen los más de 70 cárceles que dependen del Ministerio del Interior —solo la Generalitat de Cataluña tiene actualmente transferidas las competencias penitenciarias— según criterios de supuesta peligrosidad y que determinan el salario de los funcionarios que trabajan en ellos. Este sistema hace que actualmente aquellos que trabajan en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tengan un salario que puede ser superior hasta los 600 euros mensuales con los que la que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoria 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS).

Los sindicatos consideran que este sistema -heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados- está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios deben percibir el salario que perciben actualmente los funcionarios destinados en los centros del País Vasco. En la postura conjunta acordada por los cuatro sindicatos, se recoge también la reclamación de que todos los funcionarios pasen al grupo B, además de mejorar los complementos de destino que reciben actualmente. Según sus primeras estimaciones, el impacto de estas reclamaciones salariales salarial se situaría cerca de los 155 millones de euros, aunque admiten que aún no han cuantificado todas las medidas que solicitan.

La reclamación se produce dos semanas después de que Zoido se comprometiera públicamente con los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil a dar este año los primeros pasos para su equiparación salarial con las policías autonómicas. Un compromiso que desde Interior se ha supeditado siempre a la aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El ministro espera concretar los detalles en la reunión extraordinaria que mantendrá con los consejos de la Policía y la Guardía —órganos de negociación entre los representantes de los agentes y la administración— el próximo 16 de enero y en el que, además de la subida salarial, planteará mejoras en temas como material e instalaciones. Interior llegó a emitir a finales de diciembre en este sentido y justificó que la medida se tomara ahora en la mejora de la situación económica. Los representantes de los agentes cifran en 500 millones la cantidad necesaria para dar ese primer paso y en 1.500 para lograr la equiparación total en tres años.

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