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El PP pide que Susana Díaz declare como testigo en el juicio de los ERE

Los populares reclaman al tribunal que la presidenta andaluza comparezca por su conocimiento del fondo

La exministra Álvarez, junto al expresidente Griñán y su abogado, esta mañana.

El Partido Popular ha pedido que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declare como testigo en el juicio de los ERE, al igual que su número dos y vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Los populares —como acusación popular en el proceso— han reclamado durante la vista la comparecencia de los líderes socialistas dado “su conocimiento directo” del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones por la Junta andaluza entre 2001 y 2010. El juicio de los ERE se ha reanudado esta mañana con las cuestiones previas tras el parón de las Navidades

El PP estima que Díaz conoció detalles del fondo de los ERE desde su puesto como consejera de Presidencia, cargo que ocupaba en 2012, cuando el Ejecutivo autonómico reguló las ayudas sociolaborales a empresas en crisis con un nuevo decreto para romper con el método vigente durante la década anterior (2001-2010). El PP considera que Díaz atesoró un "amplio conocimiento" del fondo de los ERE como jefa de la consejería donde se ubican los servicios jurídicos de la Junta, tal y como demostró durante sus comparecencias en el Parlamento andaluz y en diversas ruedas de prensa ante los medios de comunicación.

Los populares achacan asimismo a Jiménez Barrios, actual consejero de Presidencia, por estar al frente del Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) cuando este recibió una subvención desde el fondo. Jiménez Barrios ya declaró como testigo ante el Juzgado 6 de Instrucción para aclarar detalles de dicha ayuda concedida al Consistorio gaditano por la Consejería de Empleo. Además, a ambos altos cargos el PP añade Mar Moreno, antecesora de Díaz como consejera de Presidencia y senadora socialista, para que también declare como testigo.

El Gobierno andaluz ha tachado de "ridícula" la petición del PP, partido que considera debe estar "muy desesperado", según el portavoz Juan Carlos Blanco. "Es un nuevo intento muy desesperado del PP andaluz por hacer ruido con este caso, sus ganas de enfangar y, una vez más, su absoluta ausencia de alternativa política (...) Ya puestos que pida también las comparecencias de los primeros presidentes autonómicos o de Poncio Pilato por el juicio a Jesucristo", ha ironizado el portavoz.

Está previsto que tras las cuestiones previas ahora en curso, declaren los 22 acusados que formaron la excúpula de la Junta andaluza, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y más adelante lo hagan 114 testigos y 12 peritos. Si el tribunal acepta la petición del PP, Susana Díaz declarará como testigo en torno al mes de abril.

Durante las cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que aclare si considera que en este juicio se deben analizar al margen del diseño del fondo de los ERE las 250 ayudas incluidas en dicho fondo, para en tal caso incluir testigos y documentales de las subvenciones que se instruyen hoy día por separado. Es decir, el ministerio público ha reclamado que los magistrados se posicionen sobre el alcance del juicio en marcha, una cuestión sobre la que ya se han pronunciado sus compañeros de la Sección Séptima de la Audiencia, que el pasado verano aclararon que dado que la causa política atañe a la cuantía total del fondo de los ERE, ningún alto cargo puede ser imputado en el resto de las 250 causas pendientes por cada ayuda concedida. "Si entiende este tribunal que procede debatir no solo el procedimiento específico, sino todas y cada unas de las ayudas", ha matizado el fiscal Juan Enrique Egocheaga.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, ha aclarado que en estos momentos el objeto del procedimiento es el que fija el auto de apertura de juicio oral [22 acusados y la cuantía total, 855 millones], y que se pronunciará al respecto en los próximos días cuando acaben todas las cuestiones previas.

En paralelo, el abogado del expresidente José Antonio Griñán ha pedido al tribunal la nulidad de las actuaciones y que se devuelva el procedimiento a la fase de instrucción dado que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley cuando el instructor Álvaro Martín se hizo cargo de la instrucción de la pieza política como juez en comisión de servicio del Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla. "Se privó a mi patrocinado del verdadero juez natural que no podía ser otro que la juez titular [María Núñez]", ha criticado el letrado José María Mohedano.

Además, las defensas han pedido al tribunal que expulse del juicio al sindicato Manos Limpias, dado que la fiscalía ha reclamado en otros procedimientos su expulsión dadas sus prácticas ligadas a la extorsión. El abogado de Manos Limpias ha defendido su presencia como acusación: "El fiscal pide la disolución del sindicato pero no se le ha llamado al procedimiento y difícilmente se le condenará y no habrá una sentencia contra un no procesado".

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