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Detenido un ex policía local condenado por maltrato tras retener a sus hijos en Sevilla

El exagente huyó con los dos niños el 30 de diciembre e incumplió el régimen de visitas

Cartel con las fotografías de los dos menores desaparecidos.

La policía ha detenido en Sevilla a un exagente por sustracción ilegal de sus dos hijos, de 9 y 10 años, tras incumplir un régimen de visitas. Tras un forcejeo, Manuel Lebrón, ex policía local de Alcalá de Guadaíra, hirió con un cuchillo a los tres agentes que le detuvieron y recuperaron a los niños. Lebrón había sido condenado por maltrato y vejaciones por tres jueces distintos, pero disfrutaba de un régimen de visitas para ver a sus hijos. El Gobierno prevé restringir este año la patria potestad para condenados por violencia machista.

Antes de ser detenido en Dos Hermanas (Sevilla), Manuel Lebrón ha herido a los tres agentes con un cuchillo de grandes dimensiones durante un forcejeo, los cuales fueron trasladados al hospital. Los niños no sufrieron daños durante la detención del padre, que "se parapetó" tras ellos para evitar su arresto, según ha informado un portavoz policial.

El interés del caso radica en que el padre fue condenado a dos años y 10 meses de prisión por violencia machista —maltrato habitual y vejaciones— en 2016 y aún así disfrutaba de la patria potestad de los menores y un régimen de visitas. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado por todos los partidos el pasado verano, prohíbe que los padres condenados por violencia machista tengan a su cargo a sus hijos. Es decir, los partidos acordaron legislar para que los jueces suspendan el régimen de visitas siempre que existan sentencias en firme.

De momento, el cambio legislativo está en el aire, a pesar de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, prometió la semana pasada priorizar 26 medidas de las 200 del pacto, entre ellas la suspensión del régimen de visitas cuando los niños presencien actos de violencia de género. Lebrón fue condenado por maltrato habitual y vejaciones a su exmujer en presencia de los menores, un fallo confirmado por la Audiencia de Sevilla el pasado julio. Además, cuenta con antecedentes por lesiones y daños y hace 15 días intentó atropellar a varios policías tras una persecución. La sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, que le condenó por injurias, destacaba cómo había escrito en su perfil de WhatsApp: “Matar a un hijo es lo peor pero ocultarlo quizás lo sea más”.

Mañana miércoles Lebrón pasará a disposición judicial en la capital andaluza, acusado de sustracción de menores, atentado a la autoridad y lesiones.

Ante las fiestas navideñas, el régimen de visitas estableció que los menores pasarían con el padre del 23 al 30 de diciembre y, posteriormente, volverían a estar con la madre, que disfruta de la custodia de ambos. Sin embargo, Lebrón no entregó a los niños en el punto de encuentro de Granada el pasado sábado, lo que fue denunciado por la madre ante la policía.

La investigación sobre la desaparición de los dos niños se precipitó la noche del lunes a las 22.00, tras una llamada realizada a la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por Lebrón, en la que dijo a los agentes que los niños “no están secuestrados, están con su padre”. La llamada solo duró unos segundos, pero el agente que cogió el teléfono reconoció la voz del que había sido su compañero en el cuerpo durante varios años antes de ser suspendido y recibir una “incapacidad laboral permanente total” debido a trastornos psíquicos, según el letrado de oficio de la expareja de Lebrón, Óscar Martínez. Este letrado ha denunciado asimismo al expolicía por injurias y calumnias. “Nunca ha pagado las pensiones alimentarias de los niños, solo se le ha sustraído dinero por las solicitudes de embargo”, explica.

Dos tribunales que no informaron de la sentencia

El caso del ex policía local Manuel Lebrón es un ejemplo claro de la complejidad de la violencia machista. Tras recibir su expareja en 2013 una paliza, esta interpuso la primera denuncia por maltrato y el Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Guadaíra otorgó a la madre la custodia de los niños —que determina la convivencia— y la patria potestad —para cuestiones clave como educación y salud— al padre y la madre, además de un régimen de visitas alternos cada fin de semana.

En noviembre de 2016, el Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla condenó a Lebrón por maltrato habitual en presencia de menor a dos años y 10 meses de cárcel, fallo ratificado por la Audiencia de Sevilla el pasado julio, pero que aún estaba pendiente de ejecutar el ingreso en prisión. La clave está en que ni la fiscalía ni los dos tribunales sentenciadores informaron de oficio al primer juez —Instrucción 3 de Alcalá de Guadaíra— de la condena firme para modificar el régimen de visitas y así impedir que Lebrón viera a sus hijos.

La víctima y pareja del expolicía reclamó al juzgado la suspensión de la patria potestad el pasado 28 de diciembre. No lo hizo antes “por miedo” a su agresor, según el letrado Óscar Martínez. Durante los últimos tres años la víctima ha vivido en dos casas de acogida diferentes, ya que su agresor acudió a la primera para hostigarla.

Antes del feliz desenlace, la mujer, Sonia Barea, había acudido a los juzgados de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para reclamar información sobre la investigación iniciada para localizar a su expareja. Allí pidió a Lebrón: “No les hagas daño y recuerda por Dios, son tu sangre”.

La madre trasladó en su día su residencia a Granada desde Sevilla para alejarse del padre de sus hijos tras la sentencia por maltrato habitual y vejaciones. Además, antes de su detención, sobre el padre de los dos menores pesaba una orden de alejamiento de su expareja, vigente hasta septiembre de 2022, mientras que tampoco puede visitar ni residir en Alcalá de Guadaíra por una orden de destierro.

Sobre este tema, la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central que cumpla el pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017, que propone la prohibición de la custodia compartida de los menores en los casos de violencia de género.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha transmitido su “enorme preocupación” por la “evidente desprotección que están sufriendo las hijas e hijos víctimas de la violencia machista que ejercen los padres agresores como consecuencia directa de la violencia de género”, y ha exigido al Gobierno central “máxima celeridad” en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados.

Dicho pacto señala en sus medidas 143 y 144 el compromiso del Estado de evitar la custodia compartida en los casos de violencia de género, impidiéndola “siquiera provisionalmente si está en curso un procedimiento penal”, e imponer la suspensión “del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”, recuerda la Junta andaluza en su comunicado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, transmitió su enhorabuena a los policías que han intervenido en la detención y recuperación de los pequeños.

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