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La primera batalla ganada al ‘Gibralexit’

Los gobiernos de España y Gibraltar entablan ya la disputa política y diplomática sobre sus reivindicaciones ante la salida del Reino Unido de la UE

Dastis con alcaldes del Campo de Gibraltar, para tratar temas relacionados con el Brexit.
Dastis con alcaldes del Campo de Gibraltar, para tratar temas relacionados con el Brexit.

“No tenemos prisa y no queremos dar la sensación de que nos precipitamos ante un asunto tan delicado pero hemos ganado ya la primera batalla y ahora tenemos la sartén por el mango”. Es la declaración de conclusiones desde el anonimato de uno de los altos cargos más relevantes del Gobierno de Mariano Rajoy implicado en las negociaciones del Brexit sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sus repercusiones sobre la histórica reivindicación del Peñón de Gibraltar. España se refiere así al mandato expresado oficialmente por el negociador europeo, Michel Barnier, el pasado 20 de diciembre, y en el que se concede capacidad de veto al Ejecutivo de Rajoy sobre cualquier aspecto de la negociación tanto para el futuro tras la marcha definitiva como para el llamado periodo transitorio, desde el 29 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

En Gibraltar, en general, todo lo relacionado con España y sus demandas sobre la Roca lo ven de otra manera. Reconocen que Barnier proclamó ese veto pero más como una propuesta de intenciones que como un acuerdo final, aun por ratificar este enero. España y Gibraltar tampoco se ponen de acuerdo sobre cómo aprovechar esta nueva etapa para discutir numerosos asuntos y conflictos pendientes.

En el Gobierno de Rajoy reconocen que no ha sido sencillo ni rápido conseguir que la UE se decante tanto por una de las partes en esta disputa. Y atribuyen ese éxito a sus contactos privados, políticos y diplomáticos, aunque, en realidad, habría sido mucho más extraño que Europa no tomase partido por uno de sus vigentes socios frente a una parte extraterritorial de un miembro ya claramente a la fuga. La UE también podría haber obviado ahora ese conflicto, ante la enorme variedad y complejidad de frentes que se abren con la primera ruptura del club y por el inestable escenario que se vive en el Reino Unido bajo la dirección de Theresa May. La UE, en cualquier caso, no miró para otro lado.

En el documento de directrices cerrado el 29 de abril de 2017 entre el Consejo Europeo y el Reino Unido, para la primera etapa de esta retirada, se quiso incluir un apartado (el quinto) con dos párrafos (cuatro y 24) de principios generales para toda la negociación en los que se fija que todo lo que se acuerde sobre el Brexit, desde el alcance territorial hasta las disposiciones con arreglos transitorios, debería afectar plenamente a Gibraltar. El Reino Unido y Gibraltar dejarán de pertenecer entonces a la UE y su tratamiento futuro será, en el primer caso, como con el de un país tercero y aún menos claro será el trato de España con la colonia.

Esa inclusión ya fue catalogada como un triunfo y que Barnier la certificase este 20 de diciembre, justo cuando se concedió al Reino Unido la opción de entrar en una segunda fase ante los “avances suficientes” constatados, fue la prueba que España se ha tomado como su gran éxito. Nada se hará sin que España lo acepte, ahora y en el futuro.

El Gobierno gibraltareño se vio forzado a reclamar con urgencia su versión de los hechos al Ejecutivo de Theresa May, que tuvo que contestar una pregunta al respecto en el Parlamento británico. Su ministro de Exteriores, Boris Johnson, telefoneó en plenas fiestas navideñas al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, aún de baja de paternidad, para reafirmarle su apoyo y su “defensa inamovible de la soberanía” de la Roca. May, Johnson y otros ministros, altos funcionarios y diputados británicos han reiterado en estos días ante varias autoridades gibraltareñas que no cerrarán ningún pacto con la UE, tampoco en relaciones comerciales, sin la garantía de que Gibraltar forma parte del mismo. Fuentes oficiales gibraltareñas han subrayado que notan en ese sentido un grado de unanimidad muy elevado entre los partidos británicos y que “no se relegará como un problema menor”.

Joseph García, ahora en funciones de ministro principal, ha comentado que no se ha visto sorprendido por las malas intenciones españolas sobre las directrices europeas que ve por ahora como meras orientaciones: “Cabe recordar que la intención original de España era que esta cláusula fuese aplicable también al Acuerdo de Salida, pero esto no llegó a producirse. Sin embargo, la motivación negativa y mala fe patente que Madrid ha demostrado buscando el poder de vetar la aplicación a Gibraltar del acuerdo de transición es lamentablemente típica”. En El Peñón no entienden qué quiere ganar a medio y largo plazo España con estas iniciativas que llegan a etiquetar como “depredadoras” hacia “una pequeña comunidad que votó en un 96% a favor de quedarse en Europa” y contra el Brexit.

Si España se emperra y pone muchas trabas a un Gibralexit blando y flexible, en la Roca y en los ocho municipios españoles del Campo de Gibraltar creen que los más perjudicados serían los entre 10.000 y 14.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente la verja para ganarse la vida. El alcalde de La Línea, Juan Franco, se lo ha trasladado así de nítido al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Las autoridades locales querrían que tras el Brexit sus vidas y trabajos, en una zona tan afectada por el paro, se viesen poco alteradas. Dastis solo prometió que trabajaría para que el statu quo de los ciudadanos variase lo menos posible y se encomendó a precipitar esas charlas desde este enero en citas bilaterales con el Gobierno británico. Pero Exteriores acepta que la salida no será fácil y que las condiciones futuras tendrán que cambiar algo. ¿Cuánto y sobre qué? Ese será el gran escollo.

El Ejecutivo de Gibraltar querría reabrir las conversaciones olvidadas con España sobre los Acuerdos de Córdoba de 2006, un foro tripartito en el que se abordaron temas tan concretos como la terminal pendiente desde La Línea para el aeropuerto, la cooperación patrullera en la bahía, la eterna batalla por las tres millas de soberanía marítima, el turismo o la apertura de una zona franca. Entre España y Gibraltar aún no ha sido posible en más 300 años de disputa una medida o convenio de colaboración pese a que se calcula que el 25% del PIB del Campo de Gibraltar (entre 700 y 1.000 millones de euros) proceden del Peñón y casi la mitad de los empleados de la Roca llegan de los municipios limítrofes.

La dialéctica sobre el paraíso fiscal y el contrabando

En el Ministerio español de Exteriores creen que habría que aprovechar el Gibralexit para poner sobre la mesa aspectos que cuestionan sobre el funcionamiento del Peñón tan polémicos como las recurrentes acusaciones de paraíso fiscal o la actividad del contrabando. En Gibraltar lo niegan. Aceptan la existencia de unas 14.000 empresas para un territorio de apenas 6,5 kilómetros cuadrados y 32.000 ciudadanos censados, pero afirman que la mayoría de esas compañías apenas tienen actividad real. Aseguran cumplir como los primeros con todos los requisitos que exige la UE contra los chiringuitos financieros y esgrimen a su favor un informe de Oxfam que solo les incluye en esa categoría por no disponer aún de medidas anti BEPS (una serie de trámites establecidos por la OCDE sobre erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios) que ya han solicitado. En Gibraltar no ocultan el problema del trapicheo con el contrabando de tabaco, como en cualquier área fronteriza, pero presumen de haber endurecido un 60% esos impuestos.

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