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El juez de Lezo cerca a Gallardón e imputa a toda la cúpula del Canal durante su presidencia

El instructor cita a declarar a 24 personas por la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa

Fernando J. Pérez
Cristina Cifuentes, saluda a uno de sus antecesores en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, en la Real Casa de Correos en mayo de 2016.
Cristina Cifuentes, saluda a uno de sus antecesores en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, en la Real Casa de Correos en mayo de 2016.Luis Sevillano
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, estrecha el círculo sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. El magistrado ha citado este miércoles como imputadas a 24 personas relacionadas con la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña, de la sociedad colombiana Inassa. Esta sociedad se adquirió por 73 millones de dólares (61 millones de euros al cambio actual), un precio sobrevalorado, a través de una sociedad pantalla en Panamá. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste fue a parar al bolsillo de intermediarios.

Entre los nuevos imputados, a petición de la Fiscalía, figuran colaboradores estrechos de Ruiz-Gallardón en el Canal, como Juan Bravo, actual presidente del ente público ferroviario ADIF; Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas madrileña y el exconsejero madrileño Pedro Calvo Poch. También están en la lista Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, gerente de la sociedad Canal Extensia, utilizada para realizar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana.

El magistrado ordena en su auto todas las peticiones que le realizó la Fiscalía la semana pasada. Así, García-Castellón reclama a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal.

La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado, entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama, concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las arcas públicas.

La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptaron ese acuerdo”.

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La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso fiscal.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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