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El paso atrás en la lucha contra las muertes en carretera

El Gobierno de Rajoy sacó la siniestralidad vial de la agenda de prioridades políticas

Los servicios de emergencia intervienen en un accidente en Campo Real (Madrid) el pasado diciembre.

Durante dos días la bandera del Ayuntamiento de Esquivia (Toledo) ondeó a media asta envuelta en un silencio sepulcral. El pasado 18 de diciembre se suspendieron todos los actos oficiales. No se repartió el pan. Decenas de jóvenes caminaban camino del tanatorio, donde dos familias de toda la vida del pueblo velaban los cuerpos de Jorge y Alejandro, dos chicos de 22 años.

"Fue a las tres de la madrugada". "Iban a Seseña". "Se salió el coche de la carretera". "Ellos iban detrás, pero no llevaban el cinturón". "Al parecer, uno murió dentro del coche y otro salió disparado". "A los otros dos chicos no les pasó casi nada". "Ellos sí llevaban el cinturón". "Los padres están destrozados". "Son el de la panadería y el de la empresa de productos de limpieza…".

Ocurrió en la madrugada de un domingo. Y, en ese momento, sus muertes elevaban hasta 1.165 el total de fallecidos en accidente de tráfico en 2017. Sin que hubiese acabado el año y con los viajes de la Navidad a la vuelta de la esquina, ya eran más las víctimas que en todo 2016 (1.161). Un balance provisional que ha revelado finalmente, pasadas las fiestas, que 1.200 personas perdieron la vida el pasado ejercicio en las carreteras españolas, según la DGT.

Esa cifra supone 39 muertos más que el año anterior e implica el aumento del número de fallecidos en las carreteras españolas por segundo año consecutivo —el cuarto seguido, según los vaticinios del sector, si se suman también las víctimas en vías urbanas, aunque ese dato se conocerá en verano—. Todo un cambio de tendencia que multiplica las preguntas: ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha podido pasar España de ser un ejemplo mundial en la lucha contra la siniestralidad vial, reduciendo el total de muertos en un 70% en una década, a mostrarse incapaz de frenar el alza en el último lustro?

"Probablemente, estamos viviendo un momento de estancamiento, de cierto relajo en la preocupación por la seguridad vial", ha reconocido el director de la DGT, Gregorio Serrano, que anunció el pasado diciembre una nueva Ley de Seguridad vial para el 2018. "Que nadie se lleve a engaño", advirtió, "la gente se mata en las carreteras por ir a más velocidad de la adecuada, por el alcohol y las drogas, por las distracciones y por no ponerse el cinturón". Y recordaba el accidente de Seseña: "Según los investigadores, la salida de la vía se produjo por un exceso de velocidad y el chico que conducía el vehículo dio positivo en el control de alcoholemia".

Pero la ecuación resulta mucho más compleja. El sector destaca el aumento de la movilidad del 14,5% en los cuatro últimos años; el envejecimiento del parque móvil por la crisis; la falta de inversión en el mantenimiento de la red viaria, que cayó a niveles de los años ochenta y con un déficit que la Asociación Española de Carreteras cifra en 6.000 millones de euros... Y, también, que la seguridad vial saltó de la primera línea de las prioridades políticas con la llegada de Rajoy a La Moncloa en 2011.

"Hace falta dinero"

"Ha dejado de ser una prioridad nacional. Por ejemplo, ya no se reúne la comisión de Seguridad Vial del Congreso con participación de asociaciones de víctimas y motoristas", señala Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas DIA. "Hace falta darnos cuenta de que el problema no se solucionará por sí solo. Necesitamos una acción mucho más decidida. Y hace falta dinero e inversión", continúa Jesús Monclús, director del área de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre. "Se ha bajado la guardia y eso ha llevado a un incremento de las víctimas", lleva años denunciando Anna Novella, presidenta del colectivo Stop Accidentes. Además, la ex directora general de Tráfico, María Seguí, ha denunciado que "por intereses políticos y económicos" no se ha actuado para reducir la siniestralidad.

El gasto en campañas se ha desplomado de los 17 millones de 2008 a los 10 de 2017

En esa línea, el gasto en campañas de prevención ha sufrido una caída drástica. Según consta en una respuesta parlamentaria, la DGT invirtió 17,7 millones de euros en esta partida en 2008. Con la crisis, el Gobierno del PSOE la redujo hasta los 14 millones en 2011. Pero el PP ahondó en el recorte y la dejó en 10 millones. Una cifra que se ha mantenido hasta 2017, según un informe de La Moncloa.

Ahora, el actual director de la DGT avanza una nueva legislación, de la que aún no se conoce el texto, pero sí el espíritu: "Ahora hay que concentrarse en las drogas. El 43% de los conductores fallecidos en 2016 dieron positivo en el consumo de alcohol o drogas", advierten en Tráfico: "La nueva ley incidirá también en el uso de los móviles", principales causantes de la "distracción tecnológica".

En materia económica, Rajoy anunció el verano pasado un plan extraordinario de inversión en carreteras de 5.000 millones de euros. "Estamos llevando a cabo, en esto momento un estudio sobre puntos negros o tramos peligrosos de concentración de accidente que conoceremos a partir de enero", dijo también Serrano antes de terminar 2017, tras asumir que "hace falta un revulsivo" que "zarandee" a la sociedad y "una nueva ley", cuyo texto tienen previsto enviar a Interior a finales de este mes de enero "para que se apruebe lo antes posible".

El plan dejado en un cajón en España se recupera en Francia

María Seguí, directora general de la DGT durante la primera legislatura del PP, tenía un plan estrella para su mandato: aprobar un nuevo reglamento de circulación para reducir la máxima velocidad permitida en las carreteras secundarias —pasar de 100 a 90 kilómetros por hora—. Pero el Gobierno decidió que ese proyecto, que Tráfico llegó enviar al Consejo de Ministros, debía quedarse en un cajón. Apenas quedaban unos meses para las elecciones generales y los populares afrontaban una caída en las encuestas, que después se confirmó. "Las acciones nuevas que se tenían que haber implementado hace tiempo no se han implementado [...]. Cuando aparecen reformas que modifican el statu quo, hay fuerzas reaccionarias que impiden esos cambios", denunció esta semana la propia Seguí, apenas unas horas después de que Francia recuperase esa idea. El Gobierno galo avanzó el pasado martes que limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad de las vías convencionales, donde se puede circular actualmente a 90. El Ejecutivo liderado por Édouard Philippe adopta esta medida para combatir la siniestralidad en un país con 3.500 muertos en 2016 en las carreteras y que se enfrenta a un problema similar al de España: tras un importante descenso de los fallecidos, ha registrado un cambio de tendencia y acumula cuatro años seguidos al alza.

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