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El CGPJ respalda la ‘Operación Espejel’

Debate sin consecuencias en la Comisión Permanente sobre los cambios retroactivos en los tribunales de Papeles de Bárcenas y tres piezas separadas

La magistrada Concepción Espejel a su llegada al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio de 2012.
La magistrada Concepción Espejel a su llegada al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio de 2012.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado dar luz verde a los cambios en las normas de reparto para jueces y ponencias aprobadas el 20 de noviembre pasado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, unos cambios que suponen la modificación retroactiva de la composición de los tribunales que enjuiciarán el caso de los Papeles de Bárcenas o contabilidad B del Partido Popular, y de otras tres piezas separadas del caso Gürtel que implican a dicho partido (Jerez, Aena y Boadilla).

La decisión más significativa de esa modificación ha sido el nombramiento de un magistrado que se encuentra en comisión de servicios en la Audiencia Nacional (su mandato debe ser renovado cada seis meses por el CGPJ), Juan Pablo González, como nuevo miembro del tribunal de Papeles de Bárcenas y nada menos que como ponente de esa y varias sentencias relacionadas con asuntos de corrupción del PP.

Es decir, el magistrado encargado de redactar el borrador o propuesta de sentencia al finalizar el juicio oral.

La Comisión Permanente del CGPJ está formada por Carlos Lesmes, presidente; Mar Cabrejas; Fernando Grande-Marlaska; Juan Martínez Moya y Rafael Mozo (elegidos por el turno judicial); y Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad y Pilar Sepúlveda (turno de juristas).

La entonces presidenta de la sección segunda, Espejel, y el magistrado López, fueron apartados de ambos casos en dos plenos de todos los magistrados de lo penal celebrados en 2015 y  2016

Según el boletín del CGPJ, entre los “acuerdos adoptados por la Comisión Permanente en la sesión celebrada el pasado 5 de diciembre” figura, con el punto 1.2-2-, el de “tomar conocimiento, acusar recibo y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en su reunión del 20 de noviembre de 2017, de las propuestas de la presidenta de la sala de lo penal y de los presidentes de lo social y de lo contencioso-administrativo, sobre funcionamiento y composición de las secciones y asignación de ponencias que deben turnar los magistrados para el año 2018”.

Los cambios en las normas que se refieren a la sala de lo Penal han sido cuestionados por los magistrados de la sección segunda e integrante de los tribunales afectados José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Sus puntos de vista han sido desestimados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente, con mayoría de vocales afines al presidente Lesmes y al PP, ha dado luz verde al citado acuerdo mediante la fórmula de “dación de cuenta”: la comisión es informada de los hechos sin someter a votación el acuerdo como tal.

No obstante, fuentes consultadas por EL PAÍS apuntan que, tras conocer el informe, los miembros de la Comisión Permanente intercambiaron sus puntos de vista.

Algunos de ellos se preguntaron en voz alta si no existía alternativa a las normas aprobadas, dentro del ámbito de competencias que la ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales atribuyen a las salas de gobierno, otros respaldaron la decisión adoptada.

El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, en 2015.
El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, en 2015. EFE

El pasado 20 de noviembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó, según se ha apuntado, nuevas normas de reparto para composición de secciones (leáse tribunales de enjuiciamiento) y nombramiento de ponentes, los magistrados que en un tribunal redactan el proyecto de sentencia.

Las nuevas normas se aplican a todos los casos que se sustancian en la Audiencia Nacional en los ámbitos penal, social y contencioso-administrativo.

En especial, afectan de manera retroactiva al tribunal ya anunciado en 2016 para el juicio oral sobre la contabilidad B del PP, el caso de los Papeles de Bárcenas, y otras tres piezas de la trama Gürtel que se juzgaran por separado. Dicho tribunal, y todos los de la trama Gürtel, son formados por tres miembros de los cinco que integran la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El tribunal, aparentemente definitivo, de Papeles de Bárcenas estaba integrado por el magistrado Ángel Hurtado (presidente y ponente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Parecida composición, aunque con un ponente distinto, se asignó a las piezas separadas de Jerez, Aena y Boadilla.

La sala de los tres magistrados empezó a funcionar en 2016 para preparar los juicios, cuyas fechas respectivas están pendientes de fijar. La formación misma del tribunal fue objeto de debate interno entre los jueces sobre quién iba a ser el ponente, zanjándose por acuerdo de los tres que siguiera siendo el inicialmente propuesto, es decir, Hurtado.

También una de las acusaciones populares, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) presentó un recurso de reposición contra la decisión de nombrar a Hurtado ponente de la sentencia, iniciativa que fue desestimada.

Finalmente, el 28 de abril de 2016, la letrada de Administración de Justicia, o secretaria judicial, Carmen Calvo, informó a las partes, a través de una diligencia de ordenación, que el tribunal quedaba constituido por los tres magistrados y que la ponencia la retenía Hurtado. El 3 de abril de 2017, una providencia del magistrado Hurtado señalaba: “Dada cuenta, a la vista del Acuerdo 5º de la Sala de Gobierno de esta Audiencia Nacional, en su reunión de fecha 23 de enero pasado, queda la composición del Tribunal para el enjuiciamiento del presente procedimiento de la siguiente forma: Ángel Hurtado Adrián (Ponente), Julio de Diego y José Ricardo de Prada, tal y como se había fijado en la diligencia de 28 de abril de 2016”.

Espejel ha logrado en dos años, 2015 a 2017, darle la vuelta a la tortilla a las recusaciones de Enrique López y la suya propia a través de la pieza Juan Pablo González

La sala, como se llama al tribunal formado por los tres magistrados, comenzó a sesionar, según se ha apuntado, desde finales de abril de 2016 para resolver temas como la propuesta de medios de prueba de las partes personadas: la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares y las defensas. Tras analizar las iniciativas aprobó los medios propuestos.

La composición, aparentemente definitiva, del tribunal del caso Gürtel 1999-2005 -visto para sentencia el pasado 11 de noviembre- y de Papeles de Bárcenas, fue a su vez el resultado de dos recusaciones admitidas por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La entonces presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel, y el magistrado Enrique López, integrante de la misma sección, fueron apartados de ambos casos en dos plenos de todos los magistrados de lo penal celebrados en octubre de 2015 y enero de 2016.

El argumento: las relaciones de ambos con el PP ponían en tela de juicio la apariencia de imparcialidad que se exige en un magistrado que forma parte de un tribunal de enjuiciamiento.

Problema: Espejel, como presidenta de la sección segunda de lo penal, presidía originalmente todos los tribunales formados por su sección; y también, claro, los casos de Gürtel, Papeles de Bárcenas y las piezas separadas. Enrique López, a su vez, era el magistrado ponente.

La recusación de ambos, por tanto, condujo a formar los tribunales, aparentemente definitivos, con Hurtado, De Diego y De Prada.

Pero como se suele decir, la procesión iba por dentro: las recusaciones y los cambios tendrían consecuencias. Y ellas vendrían primero de la propia presidencia de la sección segunda; más recientemente, desde la cúpula de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Y el magistrado Pablo González sería la pieza clave en lo que puede ser llamada una contraofensiva de casi dos años, desde que Espejel y López fueran apartados al ser aceptada por sus compañeros su recusación por posible vulneración de la apariencia de imparcialidad.

González, sin antigüedad suficiente en el escalafón, había conseguido a través de sucesivas comisiones de servicios renovadas por el CGPJ, con el apoyo de su presidente, Lesmes, ingresar y permanecer en la Audiencia Nacional.

Fue nombrado vocal del CGPJ por iniciativa y respaldo del PP, entre 2001 y 2007; en 2012 consiguió la plaza de magistrado de enlace de la Audiencia Nacional en París, un puesto que dejó tres años más tarde, en mayo de 2015 para hacer hueco a Javier Gómez Bermúdez, entonces titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. González regresó a España y ocupó su puesto, siempre en comisión de servicios.

Siete meses después, en diciembre de 2015 dejó el juzgado de instrucción número 3 y pasó a ser juez adscrito a la sala de lo Penal. El CGPJ tuvo que concederle una nueva comisión de servicios.

Como presidenta de la sección segunda, Espejel promovió en 2016 la entrada del magistrado González en su sección. Se incorporó en la sección segunda como juez de refuerzo. Apoyó primero a Ángel Hurtado, quien se hizo cargo de la presidencia y ponencia de Gürtel 1999-2005.

La carrera de González en la sección segunda conoció un nuevo salto cuando Enrique López fue nombrado, el 17 de mayo pasado, miembro de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, lo que le llevó a dejar la sección segunda. Era el puesto para González.

La presidenta de la sección segunda, Espejel, que ya había colocado a González en posición estratégica, le confió los asuntos que abandonaba López para pasar a su nuevo destino.

La sustitución mediante “aproximaciones sucesivas” de López por González ha sido, pues, cuidadosamente planificada. González sería, finalmente, el “heredero” de la mayor parte de las ponencias –excepto Gürtel 1999-2005 ya juzgado- que por su recusación López no pudo acometer.

Porque era López, recapitulemos, a quien, teóricamente por turno, antes de ser recusado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le tocó la ponencia en las causas de Gürtel 1991-2005 y Papeles de Bárcenas.

Una semana después de consumar la sustitución de López por González, se pondría la guinda al pastel: Espejel era nombrada, el 25 de mayo pasado, gracias al voto de la mayoría conservadora del CGPJ, presidenta de todas las secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En su lugar, en la sección segunda fue nombrada presidenta la magistrada María José Rodríguez Dupla.

Y, al amparo del cambio de presidencia de la sección segunda, Espejel llevó a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el pasado 20 de noviembre, según ya se ha apuntado, unas normas de reparto para los jueces de lo penal, coincidente con cambios en el reparto en las secciones de lo social y contencioso-administrativo.

Espejel presentó la iniciativa como una propuesta de la presidencia de la sección segunda, es decir, la magistrada Rodríguez Dupla. El acuerdo del CGPJ señala, en lo que se refiere a las normas de la sección penal, que ha sido a propuesta de la presidenta de la sala. Es decir: Espejel.

El cambio supone, según fuentes judiciales, todo un ajuste de cuentas de Espejel con las recusaciones aceptadas en 2015 y 2016 para los tribunales de Gürtel y Papeles de Bárcenas que apartaron a la propia Espejel y a López.

Y, sobre todo, un misil en la línea de flotación del tribunal del caso Papeles de Bárcenas. Porque ha supuesto apartar del mismo al presidente y ponente, Hurtado, y al magistrado Julio de Diego. La presidencia ahora será de Rodríguez Dupla y la ponencia de Pablo González; el tercer magistrado es De Prada.

Se da la “circunstancia” de que De Diego y De Prada formaron la mayoría que obligó al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, a prestar declaración personándose en la Audiencia Nacional como testigo el 26 de junio pasado. La defensa del PP pidió en el juicio que Rajoy no compareciera.

Los magistrados De Diego y de Prada votaron a favor de la comparecencia de Rajoy. Hurtado, que se opuso en minoría, sugirió, al advertir el previsible resultado, que se autorizara la declaración de Rajoy por videoconferencia.

A la vista de esta situación, La Moncloa, por tanto, elevó al tribunal la propuesta de que el presidente de Gobierno y del PP declarase por videoconferencia.

Pero De Diego y De Prada se opusieron, citando en su apoyo un auto del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Manuel Marchena sobre la relevancia de la inmediación en el juicio oral, es decir, el contacto directo de los jueces con la actividad probatoria.

La operación Espejel ha consistido en sustituir a Hurtado, un magistrado conservador que, por cierto, mantiene serias expectativas en pasar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo próximamente, por González en calidad de ponente, y visto el acuerdo que alcanzaron De Diego y De Prada en Gürtel para la comparecencia de Rajoy, prevenir una nueva coincidencia de ambos magistrados como miembros del tribunal de Papeles de Bárcenas­.

Espejel ha logrado en dos años, 2015 a 2017, pues, darle la vuelta a la tortilla a las recusaciones de Enrique López y la suya propia a través de la pieza Juan Pablo González.

El magistrado González, según se ha señalado, no solamente será ponente en Papeles de Bárcenas. También lo será en las piezas separadas de Gürtel Jerez y Aena.

La acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ya logró la comparecencia de Rajoy en el juicio de Gürtel, ha recurrido en súplica ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional las nuevas normas de reparto que facilitan la operación Espejel. Una vez resuelta esta súplica, podrán presentar un recurso contra esas normas ante el CGPJ, lo que esta vez conducirá a un debate de fondo en la Comisión Permanente.

Pero, además, esta semana, vence el plazo de diez días para recusar al magistrado Juan Pablo González. La acusación popular le recusará con argumentos similares a los que ya permitieron apartar en 2015 a Enrique López por sus vinculaciones con el PP, a través de la participación de González en cursos de la fundación FAES del PP, un hecho que se suma al apoyo que recibió del citado partido para ser vocal del CGPJ entre 2001 y 2007.

La luz verde que ha dado la Comisión Permanente el pasado 5 de diciembre al acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional replantea el debate que tuvo lugar en el CGPJ con la decisión, en diciembre de 2014, de apartar al juez Pablo Ruz, en los tramos finales de su instrucción en los casos Gürtel y Papeles de Bárcenas.

El juez Pablo Ruz, se despide de los funcionarios de la Audiencia Nacional en su último día de trabajo en esa plaza, el 16 abril de 2015.
El juez Pablo Ruz, se despide de los funcionarios de la Audiencia Nacional en su último día de trabajo en esa plaza, el 16 abril de 2015.

Lesmes y el entonces miembro de la Comisión Permanente, Gerardo Martínez Tristán, impulsaron su relevo con el argumento de que era un juez en comisión de servicios. Aunque esa comisión podía ser renovada, conforme a la ley, se optó por separar a Ruz antes de vencer su mandato. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, impulsó, con Lesmes, esa operación. Y la plaza que ocupaba Ruz salió a concurso.

Al tiempo, este argumento no ha impedido a Lesmes renovar las veces que hiciera falta la comisión de servicios del magistrado Juan Pablo González. Ahora acaban de dar el plácet a unas normas de la Audiencia Nacional según las cuales un magistrado en comisión de servicios, González, será el encargado de redactar la sentencia de Papeles de Bárcenas, Jerez y Aena.

Lo que el juez Ruz instruyó, en comisión de servicios, podía ser modificado en el tribunal del juicio oral; González, en cambio, tendrá la llave de la sentencia.

Y por si todo esto fuera poco, destaca la conducta diferente de la Comisión Permanente del CGPJ y del Ministerio de Justicia respecto a la instrucción del entramado Gürtel y Papeles de Bárcenas, que afecta al PP y la que acaba de asumir en el caso de los ERE.

Tras aprobar el ministro Catalá la dotación económica correspondiente en noviembre pasado, el CGPJ adoptó, in extremis, el 12 de diciembre, un día antes del comienzo de la vista oral, que dos magistradas –Pilar Llorente y Encarnación Gómez – que forman parte del tribunal enjuiciador del caso de los ERE en Andalucía, que afecta a ex altos cargos del PSOE y de la Junta de Andalucía, queden liberados de sus funciones para dedicarse en exclusiva al caso, situación de la que ya gozaba el magistrado ponente Juan Antonio Calle. En Gürtel 1999-2005, ya juzgado, y las casi diez piezas separadas pendientes, con centenares de imputados, solo el magistrado Hurtado ha obtenido una exención parcial en sus actividades.

El cambio de las normas de reparto en la Audiencia ha supuesto la culminación de un movimiento de piezas a lo largo de casi dos años para consumar una operación en la que una vez más la realidad supera la ficción que suele presentar en sus novelas sobre la justicia norteamericana un abogado reconvertido en escritor de bestsellers como John Grisham.

Constitución de Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional. En la imagen, el magistrado y miembro de la Mesa José de la Mata, en 2009.
Constitución de Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional. En la imagen, el magistrado y miembro de la Mesa José de la Mata, en 2009.

Precisamente, este lunes, día 18 de diciembre, el juez instructor de los Papeles de Bárcenas, José de la Mata, que ordenó reabrir el caso a primeros de marzo pasado, a la luz de las declaraciones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel sobre presuntas comisiones del 3%, ha citado para declarar en calidad de testigos a los expresidentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana, Ignacio González y Eduardo Zaplana, respectivamente, y a Javier López Madrid, Ildefonso de Miguel y al empresario de comunicación Julio Ariza, en relación con unas grabaciones, halladas durante un registro dentro de la Operación Lezo y aportadas al Juzgado Central de Instrucción número 6 cuyo testimonio ha sido incorporado a la investigación de Papeles de Bárcenas.

En esas conversaciones grabadas, el empresario Rafael Palencia, cuyo nombre aparece con pagos en los Papeles de Bárcenas durante los años 1998, 2000, 2007 y 2008, realiza un relato sobre del pago de comisiones del 2 o 3 % al PP a cambio de adjudicación de obras públicas a la constructora Degremont Iberia, que presidía Palencia. Las grabaciones fueron realizadas por Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González.

De la Mata tendrá que resolver, después de estas declaraciones, decidir si cierra finalmente Papeles de Bárcenas incorporando un delito que hasta el momento no aparecía en la causa: el de cohecho.

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