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Regreso a casa

¿Quién defenderá mejor la economía, las competencias, la salida de los presos, el fin del 155 y el retorno a la convivencia?

Manifestantes portan banderas esteladas durante la manifestación de la Diada de 2017.
Manifestantes portan banderas esteladas durante la manifestación de la Diada de 2017.

No se puede perdonar lo que no ha sido castigado. Tiene razón Rajoy. Aunque fuera aconsejable, sería una propuesta prematura. Esto lo ha aclarado y muy bien el propio autor de la ocurrencia, en la recta final de campaña, el candidato socialista Miquel Iceta en su entrevista de ayer con EL PAIS. Cierto es que la discusión puede empezar incluso en la idea de castigo. Muchos creerán que el que ya se ha infligido es excesivo y otros en cambio pensarán que nunca será suficiente ante la perversidad de los propósitos que se trataba de castigar.

Que la discusión es prematura lo revela la inmadurez jurídica del caso. Hay encarcelamientos preventivos, hay huidos de la justicia, hay varios procesos en marcha, pero ni siquiera hay amplio consenso sobre la entidad de los delitos, algo que deberá establecer la justicia, naturalmente, con total independencia de criterio, en una horquilla que va desde la gravedad extrema de la rebelión hasta la malversación de fondos públicos, pasando por la sedición.

Cuestión capital es la definición de la rebelión, porque implica la existencia de algún tipo de alzamiento violento que habrá que demostrar. Las divergencias jurídicas sobre la cuestión, como sobre todo, responden a diferencias políticas. Para los presuntos rebeldes, sediciosos o malversadores, todo lo que han hecho forma parte del ejercicio de un derecho democrático, en este caso el de autodeterminación, que han querido ejercer según dicen pacíficamente. Para el gobierno español y el constitucionalismo, también para la UE y la comunidad internacional en general, todo lo que ha hecho la mayoría independentista tiene la sólida apariencia de un golpe de Estado, que pretendía anular la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho en una parte del territorio, mediante el uso coactivo de las movilizaciones de masas y en algunos casos de piquetes preparados para suscitar reacciones violentas.

Si el independentismo considera que no ha habido delito no es únicamente por el legítimo derecho a la defensa ante los tribunales, sino también porque en sus filas hay formaciones y dirigentes que no descartan repetir la intentona, para que la próxima vez les salga bien. Si el constitucionalismo piensa lo contrario y teme la reincidencia e incluso un acrecentamiento de esta violencia, no puede dejar sin severo castigo el delito ya cometido. No ha lugar por tanto a guiños conciliadores y menos en campaña, cuando se juegan los márgenes de los presuntos delincuentes para la reiteración del delito y de los constitucionalistas para evitarla.

En esta visión polarizada no entra la realidad de la correlación de fuerzas, en la que el independentismo agoniza, aunque exhiba como su única fuerza su capacidad para prolongar la agonía y dañar de paso el prestigio de España, de la democracia y de sus instituciones. No hay peligro alguno de una nueva intentona. Los dirigentes independentistas saben que la repetición de la jugada después del 21-D, en el caso en que obtuvieran una nueva mayoría, sería de una temeridad definitivamente suicida, gracias a que el 155 está desprecintado y listo para aplicar con mayor resolución si hace falta.

Su combate electoral ahora no es por la independencia, ni siquiera es por sacar a los presos de las cárceles y conseguir el retorno de Puigdemont. Saben incluso que todo esto sería más fácil con un presidente no independentista, partidario de la tercera vía o apoyado por fuerzas de la tercera vía. La pelea de los cuadros independentistas ni siquiera es por los principios, sino fundamentalmente por la supervivencia de su poder administrativo, los puestos de trabajo, los presupuestos que controlan, las contrataciones públicas de sus empresas, que no son pocas.

En un momento de tal complejidad, el comportamiento del votante independentista más frágil puede ser decisivo. De su fidelización con la abusiva apelación a los sentimientos y las pasiones dependen los votos que pueden dar la mayoría, aunque no haya absolutamente nada que ofrecerle como programa e incluso como acción inmediata de Gobierno. Esta es, naturalmente, una oferta oportunista de enorme fragilidad. No es seguro que aguante en una segunda convocatoria electoral, en caso de que la de esta semana no arroje una mayoría estable de gobierno.

Sobre todo porque el camino de la independencia ha quedado clausurado y nadie en el mundo independentista puede defender seriamente que el mantenimiento del status quo es mejor que la vía imposible en la que han sido ya derrotados. ¿Entonces por qué no resurge de nuevo esa idea que nunca se fue del todo de una tercera vía reformista, legal, fruto del diálogo y el pacto y basada en el mantenimiento del respeto y de la convivencia? Ahora costará rectificar, pero no puede descartarse que dentro de un tiempo, meses, algún año, una vez purgada la actual derrota, sean muchos los que se apunten de nuevo a la resurrección del camino históricamente tan fructífero del catalanismo reformista.

A quienes ya han empezado a dudar hay que decirles que cuanto más veloz sea el cambio, más rápida será la recuperación económica, mejor se defenderán las competencias autonómicas cuestionadas y antes quedarán en libertad los políticos encarcelados, todo lo contrario de lo que sucederá si gana las elecciones el independentismo, una victoria que añadirá más dolor al dolor y más incertidumbre a la incertidumbre. Quizás Iceta no debió decir lo que dijo, pero una vez dicho queda bien claro en quien deben confiar los independentistas dudosos o sobrevenidos fabricados por el Procés el día no lejano en que quieran regresar a la legalidad constitucional, la casa de todos.

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