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El cementerio de Granada contrató a cinco asesores que no fueron al trabajo

El actual gerente reconoce contratos de alta dirección con Torres Hurtado de hasta 36.000 euros anuales a personas que no realizaron labor alguna

José Torres Hurtado, exalcalde de Granada por el PP.
José Torres Hurtado, exalcalde de Granada por el PP.

Hasta cinco personas fueron contratadas como asesores con rango de alta dirección por Emucesa, la empresa municipal del Cementerio de Granada, sin que, como se ha sabido ahora, acudieran en ningún momento a la sede de la empresa ni desarrollaran trabajo alguno para ella. Las cinco personas están vinculados al Partido Popular granadino. Una de ellas trabajó en la televisión local con el PP en el Ayuntamiento y otra, por ejemplo, fue secretaria particular del presidente provincial de la Diputación, el popular Sebastián Pérez, en este momento responsable del partido en la provincia.

Los contratos fueron firmados entre 2005 y 2012, cuando Emucesa era una empresa pública municipal, en la época en la que era alcalde de Granada el popular José Torres Hurtado, que abandonó la alcaldía de la ciudad en abril de 2016 investigado en la operación Nazarí, un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la ciudad. En este momento, el alcalde es Francisco Cuenca, del PSOE, que contó con el apoyo de Ciudadanos en la votación de investidura.

Un informe conocido en los últimos días, firmado por José Antonio Muñoz Rodríguez, actual gerente de Emucesa, reconoce expresamente que CLL, AMNT, CGC, LLO y MAML “no trabajaron en la sede de la empresa y no consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del consejero delegado”. Todos ellos, no obstante y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico firmaron contratos de alta dirección como asesores de relaciones institucionales, protocolo y relaciones con los medios de comunicación adjuntos al consejero delegado.

Los contratos conocidos (seis para cinco personas, ya que CLL firmó dos) fueron firmados por dos consejeros delegado distintos. Los primeros, firmados por Eduardo Moral García, concejal del PP y consejero delegado en aquel momento, establecen un salario de 36.000 euros anuales. Posteriormente, a partir de 2011 y ya con la también concejal popular María Francés como consejera delegada, el salario desciende a 34.000 euros al año.

En todos los contratos, las funciones eran las mismas: “Elaboración de estudios e informes que la dirección de la empresa le indique y asesoramiento y colaboración con los responsables de la empresa en materia de relaciones con otras instituciones públicas y privadas, asistencia a los actos y eventos que se le señalen y en general toda actuación que en esta materia le sea conferida”. La dependencia de los asesores, también en todos los casos, queda establecida del mismo modo: “El directivo dependerá directamente del Consejero Delegado, bajo la coordinación y directrices del director gerente”. Así las cosas, realmente, no tenían la obligación de reportar a nadie por debajo de los dos directivos principales.

Respecto al lugar de trabajo, los contratos son muy específicos cuando establecen que “el lugar de prestación de servicios del Directivo serán las oficinas de la empresa. No obstante, el directivo se obliga a atender cualquier gestión, reunión o conferencia para la que sea requerido allá donde ésta haya de tener lugar”. Ahí cobra sentido la afirmación de hace apenas dos semanas del actual gerente cuando aclara que las personas mencionadas “no trabajaron en la sede de la empresa, y no me consta la realización de trabajos para la misma”.

Hoy viernes, durante la mañana, se ha celebrado una reunión del consejo de administración de Emucesa que estaba prevista desde hacía algún tiempo y que no tenía este asunto en el orden del día. Miguel Ángel Madrid, concejal socialista y miembro del consejo, ha llevado no obstante este tema a la reunión y ha solicitado información sobre él así como una auditoría que aclare el posible perjuicio económico para la empresa.

Desde que se ha hecho público el asunto, la respuesta del Partido Popular ha sido la de acusar al PSOE de usar este asunto como una cortina de humo para no hablar de sus problemas propios. Por su parte, Baldomero Oliver, portavoz del equipo municipal que gobierna en este momento, ha pedido al PP que asuma sus responsabilidades políticas, sin perjuicio de que pueda “existir también responsabilidad penal”.

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