El separatismo usa los Ayuntamientos para burlar la neutralidad electoral
Las juntas electorales acumulan resoluciones exigiendo la retirada de símbolos y lemas independentistas
El independentismo ha aprovechado su poder institucional para, en plena campaña, usar edificios y espacios públicos para exhibir sus símbolos y lemas. Las fuerzas secesionistas han colocado y mantenido en los Ayuntamientos pancartas en favor de los "presos políticos" y lazos amarillos. La oposición lo ha denunciado y las juntas electorales acumulan resoluciones exigiendo su retirada por vulnerar la "neutralidad institucional".
La lista es larga. Una enorme pancarta con el lema "Libertad presos políticos" colgado del balcón principal de la fachada del Consistorio de Sabadell; lazos amarillos hechos con bombillas como parte de las luces navideñas de Vilafranca del Penedès; carteles con lemas como "Sin miedo. Desobedeciendo por la independencia" exhibidos en el tablón de anuncios del gobierno local de La Vilella Alta; o un enorme lazo amarillo de tela colgado del Ayuntamiento de Torrelles de Foix... Son algunos ejemplos de una situación denunciada por Ciudadanos y el PP.
"No se puede hacer uso de las instituciones porque representan a todos los catalanes y no solo a unos cuantos", ha afirmado este martes Manel Losada, candidato al Parlament en la lista liderada por Inés Arrimadas. "Es inaceptable que muchos no hayan acatado todavía la resolución de la Junta Electoral, que insta a la retira de pancartas, banderas y símbolos de carácter político y partidista de los edificios públicos", ha continuado el representante de Ciudadanos, después de que la Junta Electoral de Zona les diese la razón y obligase a los Ayuntamientos de Vic, Torelló, Calldetenes y Tavèrnoles a quitar estos símbolos.
Estos cuatro gobiernos locales han obedecido y retirado los símbolos, según ha informado Europa Press. Pero esta medida, de momento, no se prevé adoptar en Sabadell, donde la junta electoral ha dictado otra resolución para que se quiten estos distintivos "partidistas". "En principio, los mantendremos mientras se resuelve el recurso que hemos presentado", ha comentado a EL PAÍS un portavoz de este Ayuntamiento barcelonés. "Las pancartas y lazos colgados en los edificios municipales no se identifican con ninguna candidatura concreta y solo son una plasmación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión que todos tenemos", ha justificado el alcalde, Matías Serracant.
La presencia de pancartas a favor de los "presos políticos" y los lazos amarillos son una constante en los espacios públicos de toda Cataluña. Y la Junta Electoral Central ya se manifestó al respecto la pasada semana: "Durante los periodos electorales, los poderes públicos están obligados a mantener estrictamente la neutralidad política y deben abstenerse de colocar en edificios públicos, y otros lugares de titularidad pública, símbolos que puedan considerarse partidistas. Y deben retirar los que se hubieren colocado antes de la convocatoria electoral", dijo el organismo, que especificó que este criterio se aplicaba a "banderas, lazos, pancartas o cualquier otro símbolo" que se identifique con alguna de las candidaturas.
Batalla política
Esta batería de resoluciones se ha colado también en la batalla dialéctica entre partidos. Alfred Bosch (ERC) calificó de "indecente la decisión de la junta electoral de prohibir que Barcelona iluminase de amarillo las fuentes, color convertido en emblema de los impulsores del procés —de hecho, la ANC ha comenzado a colgar en las calles carteles de este color y sin ningún tipo de lema—. "Que haya gente en prisión por motivos políticos y que el PP, el PSC o Ciudadanos se dediquen a prohibir lacitos, fuentes y pancartas nos parece que roza el ridículo", afirmó el dirigente independentista.
Pero esta no es la única queja de relevancia de la oposición que han aceptado las juntas electorales. También se ha prohibido que los miembros de las mesas electorales del 21-D lleven lazos amarillos; y que los Consistorios de Barcelona y Girona exhiban en sus fachadas pancartas de "Libertad para los presos políticos", así como se instó a retirar las que había en el exterior de la sede de TV3. Una televisión calificada como "negligente" por la Junta Electoral, que ha afirmado que "produce confusión entre la realidad jurídica y otra pretendida realidad" y que ha prohibido a sus periodistas referirse a Carles Puigdemont y consejeros destituidos como "Govern en el exilio".
Rafael Ribó, síndic de greuges, ha cuestionado algunas de estas decisiones. "Podrían enmarcarse fuera de sus competencias e, incluso, traspasar la legalidad constitucional", afirmó el defensor del pueblo catalán, que remachó: "Nos encontramos frente a la censura previa de contenidos y expresiones diversas, en cuanto a los candidatos, medios de comunicación e incluso a la ciudadanía".
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